8 resultados para intercomprensione, europa, unione europea, plurilinguismo

em Universidad de Alicante


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El derecho a la libre circulación y residencia han sido la clave de bóveda del proceso de integración europea, primero en la consecución del mercado interior y, desde su inclusión en el estatuto de ciudadanía europea, para el reconocimiento de un status jurídico común a todos los nacionales de los Estados miembros. Originariamente, las libertades comunitarias se concibieron sólo para los que ejercieran una actividad profesional, asalariada o no, en el territorio de la Comunidad. Esta postura se fue flexibilizando, ampliándose la libertad de circulación a ciudadanos que no ejercían actividades profesionales en el territorio de otro Estado miembro (estudiantes, jubilados, residentes y ciertos familiares). El desarrollo del proceso de integración europea, junto con la adopción de diversos actos jurídicos de Derecho derivado y la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha favorecido una ampliación progresiva del ámbito personal de titularidad del derecho. La libre circulación de personas es una de las libertades básicas del mercado interior, cuyo contenido esencial implica un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad será garantizada conforme a las disposiciones del Tratado. Posteriormente, con la adaptación de la Directiva 2004/38/CE en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, se pretendía potenciar la movilidad intracomunitaria y transformar el mercado único en un espacio de libertad de circulación, residencia y trabajo por cuenta propia y ajena para los nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, tal y como se pone de manifiesto en el presente trabajo, este derecho no es absoluto, puesto que la Directiva lo somete a condición. De este modo, el beneficiario debe ser económicamente activo en cualquiera de sus manifestaciones o debe disponer de los recursos económicos necesarios para no convertirse en una carga excesiva para el Estado de acogida. Resulta evidente que el contexto de la crisis económica, unido al incremento de la movilidad ha motivado las tendencias restrictivas del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea en el territorio de los Estados miembros.

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La migración española de la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado en un primer momento por su carácter masivo y poco cualificado, seguido por un interregno de procesos de retorno y finalmente por una migración estable, no masiva pero altamente cualificada. La atención prestada a la inmigración masiva que recibe España a finales del siglo XX relegó a un segundo plano esta emigración cualificada de españoles. En este artículo se considera la relación entre movilidad espacial (migración de españoles) y su posible consecuencia sobre la movilidad social ascendente que experimentan. Para ello se utilizan los datos procedentes de la encuesta internacional EIMSS (European Internal Migrations Social Survey) y los procedimientos de escalamiento de clase social basados en la ocupación de Goldthorpe. El análisis se complementa con una simulación sobre la movilidad de clase, con la finalidad de visualizar y comparar los efectos sobre la movilidad social de la emigración de españoles a Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña.

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Se analizan las consecuencias que la armonización cotable en Europa a través de las NIC ha tenido en el sistema tributario español.

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La Comisión Europea apoya, por varias vías, incorporar la perspectiva de género, ahora en el nuevo programa Horizonte 2020, pero también financiando proyectos como gendered innovations, que muestran cómo las innovaciones de género aportan calidad en investigación y en prácticas profesionales para la salud y el bienestar. Uno de sus instrumentos políticos es la Recomendación sobre Género, Ciencia e Innovación, a desarrollar en los Estados miembros. En este contexto se crea la red internacional de Género, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (COST genderSTE), que pretende: 1) cambios estructurales de las instituciones, que promocionen a las investigadoras; 2) identificación de las dimensiones de género relevantes para el medio ambiente; y 3) promocionar una mejor integración de la perspectiva de género en investigación y tecnología. COST GenderSTE apoya la creación de redes y la difusión del conocimiento con perspectiva de género. Todas estas herramientas ofrecen la oportunidad de incorporar la perspectiva de género en investigación en Europa.

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El uso de acuerdos de readmisión ha impulsado el debate sobre si cumplen con el Derecho internacional, en especial las disposiciones relativas a la protección de los refugiados y solicitantes de asilo.

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La búsqueda de una solución al asilo para toda la UE podría estar bloqueando que se encontrasen soluciones a nivel nacional o bilateral.