7 resultados para Zonas áridas

em Universidad de Alicante


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En este estudio se pretende caracterizar las comunidades vegetales presentes en ambientes litorales en el SE de la provincia de Alicante, mediante el cartografiado de zonas homogéneas de vegetación, mediante el empleo de los catálogos propuestos por el RAC-SPA y Medwet. De este modo, se han determinado 7 unidades ambientales en cada uno de los sectores analizados en el estudio (saladar de Urbanova y el Fondet de la Senieta), pudiendo comparar las diferencias entre ambas técnicas. Así, se seleccionaron 10 parcelas al azar y su vegetación fue muestreada según la metodología, basada en transectos, denominada «quadrat technique» y se identificaron las diferentes especies vegetales en el campo. Por otro lado, la medida de la cobertura vegetal total también fue tomada según la metodología de «Braun Blanquet». Se han empleado los programas informáticos CartaLinx® y ArcView® para el cartografiado de las unidades vegetales. Así, trabajo se pretende proporcionar herramientas técnicas y garantizar la gestión sostenible de los humedales y sus recursos naturales.

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Este trabajo es el segundo de una serie de estudios que se realizó para caracterizar las comunidades vegetales presentes en ambientes litorales en el SE de la provincia de Alicante, mediante el cartografiado de zonas homogéneas y el empleo de los catálogos propuestos por el RAC-SPA y Medwet. Se han determinado 11 unidades ambientales en el sector analizado que se corresponde al Clot de Galvany y Balsares, las cuales se han descrito y se han representado en 2 mapas que permite comparar las diferencias entre ambos catálogos. De este modo, se seleccionaron 10 parcelas al azar y su vegetación fue muestreada según la metodología, basada en transectos, denominada «quadrat technique» y se identificaron las diferentes especies vegetales en el campo. Por otro lado, la medida de la cobertura vegetal total también fue tomada según la metodología de «Braun Blanquet». Se han empleado los programas informáticos CartaLinx® y ArcView® para el cartografiado de las unidades vegetales. Así, la finalidad de este trabajo es proporcionar una serie de herramientas técnicas para poder garantizar la gestión sostenible de la compleja situación de la zona de estudio, así como de sus recursos naturales.

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A partir de estudios estratigráficos, centrados en la sucesión triásica alpujárride de la Sierra de Gádor (Almería, Cordillera Bética) y su correlación con otros sectores, proponemos una columna estratigráfica sintética para la Plataforma Triásica Alpujárride. Esta columna estaría dividida en dos formaciones: una metasiliciclástica basal (subdividida en tres miembros: inferior, intermedio y superior) y una metacarbonática suprayacente (subdivididida en seis miembros, numerados del 1 al 6 de muro a techo). Esta plataforma habría sufrido una evolución morfológica en tres fases: Fase 1 de rampa homoclinal (Anisiense-Ladiniense); Fase 2 de plataforma fallada (Ladiniense-Carniense); y Fase 3 de plataforma orlada (Noriense). Además, a partir del análisis sedimentario de las asociaciones de facies reconocidas en la sucesión triásica de la Sierra de Gádor proponemos su división en cuatro secuencias deposicionales para el intervalo comprendido entre el Anisiense y el Noriense. La primera secuencia comprendería los miembros inferior e intermedio de la formación metasiliciclástica; la segunda secuencia deposicional incluiría el miembro superior de la formación metasiliciclástica y los miembros 1 y 2 de la formación metacarbonática; la tercera secuencia constaría de los miembros 3 y 4, mientras que la cuarta secuencia estaría constituida por los miembros 5 y 6.

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El gran número de desplazados afganos representa un reto en cuanto a protección y desarrollo urbano para el Gobierno y la comunidad internacional.

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El objetivo principal de este trabajo es analizar la contribución de los principales instrumentos de política ambiental existentes en México para la protección del patrimonio cultural, así como los efectos adversos del cambio climático en el patrimonio arqueológico. El análisis se enfoca fundamentalmente en dos instrumentos de política ambiental: la declaratoria de áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial. La premisa principal, derivada de lo observado en el caso mexicano, es que aun cuando la legislación en materia de monumentos y zonas arqueológicos no presenta un vínculo expreso con la del medio ambiente, por tratarse de ordenamientos independientes, dicha protección se produce de forma indirecta. La presente investigación destaca la importancia de dicha protección, aunque ésta sea en algunos casos, circunstancial. Del estudio detallado de las disposiciones legales en materia de medio ambiente y de patrimonio arqueológico y los instrumentos de política ambiental, a los que la legislación les otorga el carácter de utilidad pública, se deduce fundamentalmente la importancia de estos últimos por la protección que otorgan. La utilidad de dichos instrumentos en la presente investigación se hace evidente cuando, por su ubicación, una zona arqueológica queda dentro de un área natural sujeta a protección o de un ordenamiento territorial urbano o ecológico. Esta condición se vuelve determinante para que su protección se garantice, en el primer caso, a partir del polígono que se crea por disposición legal a través de una declaratoria mediante la cual se limitan, condicionan o prohíben actividades humanas para asegurar la restauración, protección y preservación de las condiciones naturales. Se crea un entorno de protección para zonas con características naturales relevantes en donde los ambientes han permanecido sin alteraciones por la actividad de los seres humanos y dentro de ellas quedan resguardados zonas o vestigios de interés arqueológico. En el segundo caso, en el área que abarca el ordenamiento, se ordenan o inducen el uso del suelo y las actividades productivas con lo que se consigue lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la protección de los vestigios arqueológicos que quedan dentro del ordenamiento. En lo relativo a la legislación sobre patrimonio cultural, en forma independiente, también se expiden declaratorias a través de decretos que protegen una zona, por los vestigios que ahí se encuentran y en las que eventualmente se refieren al entorno natural circundante que en ocasiones, son coincidentes con las declaratorias ambientales. En este trabajo se analizan también los efectos adversos del cambio climático en el patrimonio arqueológico y las medidas de prevención, remediación y mitigación que se instrumentan para su salvaguardia. Las conclusiones principales muestran que en el caso de nuestro país, como se verá adelante, la legislación sobre patrimonio arqueológico no guarda relación directa con la legislación en materia ambiental, a pesar de lo profusa que es esta última, tanto a nivel federal como local. Asimismo, aun cuando no existe un instrumento, estrategia de planeación específica o un ordenamiento legal único y autónomo para la protección de los monumentos y zonas arqueológicos, desde el punto de vista ambiental, las áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial, como estrategias de política ambiental, coadyuvan a ese propósito.

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El 54,4% de la Superficie Agrícola Utilizada en la Unión Europea-27 se clasifica como Zona Desfavorecida. En estas áreas, los agricultores pueden ingresar de media un 27% menos por unidad de trabajo anual que aquellos que cultivan la tierra en zonas no desfavorecidas. Las directivas europeas, nacionales y autonómicas que se ocupan de una u otra manera de los espacios de cultivo en las “Zonas Desfavorecidas de Montaña”, en las “Zonas Desfavorecidas Intermedias” y en las “Zonas Afectadas por Dificultades Específicas”, y en las que la técnica del aterrazamiento suele estar presente, son bastante numerosas. Sin embargo, la eficacia de esas políticas ha sido muy desigual, dependiendo del diferente contexto ambiental, social y económico del país europeo que se estudie y, sobre todo, de la categoría a la que puedan acogerse las explotaciones agrícolas. Pero, además, el territorio europeo cuenta con una extensión de cultivos en “Áreas de Montaña”, también en general aterrazadas, que no han sido incluidas en las categorías citadas, cuyos agricultores no pueden beneficiarse de esas ayudas específicas, pese a afrontar los mismos problemas. España es el país más afectado de la Unión Europea, con un 16,19% de su área de montaña excluida, principalmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. A partir de 2014, como consecuencia de las directrices que se deriven de la reforma de la Política Agrícola Común, estos territorios experimentarán un nuevo cambio. Entre ellos, se contempla la posibilidad de que los Estados Miembros puedan destinar mayores ayudas a las zonas desfavorecidas y elaborar subprogramas temáticos para las zonas de montaña. Por otro lado, se establecerá una nueva delimitación de “Zonas con Desventajas Naturales” (que sustituirá a las “Zonas Desfavorecidas Intermedias”), basada en ocho criterios biofísicos, con efectos a partir de 2018. Dado que los Estados Miembro deberán elaborar nuevos mapas con las zonas a delimitar, y que hasta el momento España es uno de los países que menor cuantía económica destina a estas zonas, presentamos una revisión de la problemática de estos territorios.