7 resultados para Servicios sanitarios

em Universidad de Alicante


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Antecedentes/Objetivos: En España, la discapacidad visual está en aumento y su distribución es desigual entre regiones y grupos sociales. La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE 2012) recoge cierta información sobre salud visual. Los objetivos del estudio son: (1) estimar la calidad de la salud visual percibida en una población rural periférica de la red de asistencia sanitaria con relación a la población general y el uso de los servicios sanitarios especializados e (2) identificar los grupos en riesgo de tener más problemas de visión y las barreras de acceso a los servicios sanitarios. Métodos: Estudio transversal en una muestra representativa de 302 personas en Cenicientos (Madrid). Se administró cuestionario ad hoc con preguntas comparables a la ENSE 2012 sobre uso de gafas o lentes de contacto y limitaciones visuales percibidas, y otras adicionales sobre uso de servicios de salud visual y barreras de acceso a los mismos. Análisis descriptivo aplicado con prueba 2 para independencia de variables, contraste de tasas de proporciones y regresión logística (OR) para las asociaciones entre población rural y general y variables socioeconómicas. Resultados: En población rural, la prevalencia de mala salud visual percibida es el 40,8% en hombres y 39,4% en mujeres. La edad, la situación laboral, el nivel de ingresos y la presencia de enfermedades crónicas están fuertemente asociados (p = 0,001) a la salud visual percibida. Con respecto a la población general, la población rural presenta menor probabilidad de usar gafas o lentillas (p < 0,05) y mayor riesgo de presentar dificultades visuales severas en visión de lejos [OR = 2,95 IC95% (1,46-5,56)] y en visión de cerca [OR = 4,06 IC95% (2,29-7,20)]. La mayor prevalencia de mala visión percibida en población rural corresponde a los diabéticos (H. 65,5%; M. 58,3%), donde el 18,9% declara no ver bien pese a usar gafas y el 47,2% o no ha acudido nunca a consulta de oftalmología (17,0%) o lo ha hecho hace más de dos años (30,2%). En población infantil (< 16 años) el 73,2% nunca ha acudido al oftalmólogo. La distancia a la consulta, asociar sus problemas de visión a la edad y el precio de las gafas o lentes de contacto son las principales razones por las que refieren no haber resuelto su problema de visión. Conclusiones: La población rural presenta peores indicadores de salud visual que se ven influenciados por determinantes sociales, laborales y económicos. El uso de los servicios sanitarios es insuficiente para una adecuada prevención, especialmente en población diabética. Mejorar la accesibilidad a la asistencia sanitaria especializada y la concienciación en atención primaria sobre los riesgos de pérdida de visión podrían reducir estas desigualdades.

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Análisis del estado de salud y del grado de acceso a los servicios de salud de los inmigrantes ecuatorianos en la provincia de Alicante. La finalidad es descriptiva y práctica: realizar un diagnóstico comunitario de salud básico y una aproximación al nivel de demanda de los servicios sanitarios. El análisis se centra en la evaluación de la hipótesis del inmigrante sano, pero vulnerable, y en el tipo de consumo de servicios de salud realizado. Para valorar esta hipótesis se ha procedido a comparar los datos obtenidos en una encuesta a población ecuatoriana residente en la provincia de Alicante, con los de la última Encuesta Nacional de Salud 2003 y el PHOGUE (2000). Los resultados indican que el estado de salud de la población ecuatoriana es similar al de la población española que participa en el mismo mercado de trabajo que la inmigración económica (trabajadores con baja cualificación), aunque se observan algunos elementos de vulnerabilidad (en especial, en términos de salud emocional).

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España no pudo asegurar la vacunación de toda su población infantil durante el siglo XIX. En este trabajo nos ocupamos de las causas de este fracaso utilizando como estudio de caso la ciudad de Alicante. Las principales causas de la inconstante práctica de la vacunación en Alicante fueron la ausencia de servicios sanitarios adecuados, la oposición o la negligencia de la población y algunos obstáculos técnicos.

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La Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de Abril posibilitó el tránsito del antiguo modelo de Seguridad Social al actual modelo de Sistema Nacional de Salud (SNS), financiado con impuestos y de cobertura prácticamente universal. Desde entonces se han producido profundos cambios en el sistema que culminaron en el año 2002 con la descentralización total de competencias en materia de salud en las Comunidades Autónomas. La regulación nacional de competencias en materia de salud se realiza desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, organismo que agrupa a los máximos responsables autonómicos en materia de salud de cada Comunidad Autónoma y que tiene entre otras, la responsabilidad de evitar las desigualdades en servicios sanitarios dentro del territorio nacional. La creación y competencias del Consejo Interterritorial quedan recogidas en la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión de la calidad del Sistema Nacional de Salud. La cartera de servicios comunes del SNS se establece en el Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre, actualizando el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero sobre Ordenación de las prestaciones sanitarias, resultando del actual marco legislativo con la descentralización de competencias y gestión de los presupuestos un horizonte de posible variabilidad en los modelos de gestión de cada CCAA, que, si bien deben garantizar la universalidad de las prestaciones, también ofrece una diversidad de modalidades de gestionar los recursos en materia de salud. En cuanto al estado de salud de los españoles, destacar que la esperanza de vida al nacer se sitúa en 79,9 años, superior a la media europea, 78,3 años, y la esperanza de vida ajustada por incapacidad fue en 2002 de 72,6 años en España respecto a los 70,8 de la UE. Según cifras del propio Ministerio de Sanidad, la percepción de la salud de los ciudadanos fue positiva para un 73% de los hombres y un 63,2 de las mujeres. Alrededor del 60% de la población tiene un peso normal y la morbilidad sitúa en los primeros lugares las enfermedades del aparato circulatorio, el cáncer y las enfermedades del aparato respiratorio (CIE-9). El gasto sanitario en España, es un capítulo presupuestario importante, al situarse en torno al 7,5 del P.I.B, y los recursos e inversiones presentan aparentes desigualdades autonómicas. Los modelos de gestión y dependencia patrimonial de los recursos, variables entre Autonomías, plantean la necesidad de monitorizar un seguimiento que permita evaluar en los próximos diez años el impacto de la descentralización de competencias del Sistema. La estructura del Sistema tiene dos niveles asistenciales mayoritarios, atención primaria y especializada, absorbiendo la atención especializada la mayor parte del presupuesto. El incremento del gasto sanitario y la universalidad de las prestaciones han condicionado en gran medida la implantación de modelos de gestión diferentes a los tradicionales. Esta situación no es exclusiva del Estado Español. En los Estados del entorno de la Unión Europea, el Consejo de Ministros de Sanidad de la UE en su sesión celebrada los días 1 y 2 de Junio de 200625 concluyeron un documento que recoge los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de los países de la Unión Europea, resaltando los principios y valores de los sistemas sanitarios como soporte estructural de dichos estados. Como conclusión, en este momento (2007) el Sistema Nacional de Salud Español, está inmerso en un proceso de trasformación orientado a garantizar la eficiencia de las prestaciones de manera responsable, es decir, ofertar al ciudadano la mejor calidad de servicios al mínimo coste.

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Objetivo: Describir los cambios percibidos por la población y los profesionales en relación con la salud y el uso de servicios tras la intervención RIU con agentes comunitarios en un barrio vulnerable. Diseño: Estudio descriptivo cualitativo con entrevistas individuales y grupales y observación participante de octubre de 2008 a julio de 2009. Emplazamiento: Barrio Raval (Algemesí-Valencia). Participantes: Selección por muestreo opinático de 7 mujeres agentes de salud, todas las que finalizaron la intervención, y 10 profesionales implicados en la misma. Método: Con las mujeres se mantuvo una entrevista grupal a los 6 meses, y una entrevista grupal y 7 individuales a los 9 meses de intervención. Se realizó un análisis temático de tipo descriptivo desde el modelo de promoción de salud. Con los profesionales se utilizó observación participante en una reunión a los 9 meses, analizándose las notas de campo según: valoración del proyecto, cambios detectados, dificultades y recomendaciones. Resultados: Las mujeres adquirieron información sobre salud, anticoncepción, embarazo y servicios sanitarios; señalaron cambios en autocuidados y habilidades sociales y liderazgo; interiorizaron el rol de agente de salud difundiendo lo aprendido y manifestando mejor autoestima y reconocimiento social. Provocaron cambios en su entorno relativos al cuidado de la salud y el acceso a los servicios. Los profesionales no incorporaron a su trabajo la perspectiva comunitaria; valoraron el proyecto, coincidieron con las mujeres en la mejora del acceso y uso de servicios y en el acercamiento población-profesionales. Conclusiones: RIU aumenta las capacidades de las personas participantes, su reconocimiento social y mejora el acceso y uso de servicios sanitarios.

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Antecedentes/Objetivos: La Ley 1/2004 de atención a la integral a la violencia de género institucionaliza la respuesta sanitaria a este problema. En la actualidad, los servicios sanitarios se están viendo afectados por las políticas de austeridad del gobierno como respuesta a la crisis financiera, lo que puede afectar negativamente a la atención de la violencia de género. El objetivo de este estudio es explorar las percepciones de profesionales sanitarios del nivel gerencial sobre el impacto de la crisis económica en la respuesta sanitaria a la violencia de género en España. Métodos: Estudio cualitativo con 26 entrevistas individuales a informantes clave del nivel gerencial, 23 de las 17 Comunidades Autónomas y 3 del nivel nacional, entre julio de 2012 a marzo de 2013. Las transcripciones se importaron al software informático Atlas.ti-5 y se realizó un análisis de contenido cualitativo. Resultados: Se identificaron 4 categorías que explican las consecuencias de las políticas de austeridad en la atención sanitaria de la violencia de género. Tres de ellas hacen referencia a los efectos negativos: Desmotivación y pesimismo para avanzar en la integración de la respuesta a la violencia; Un sistema desbordado por los recortes y presión asistencial; y Necesidad de una mayor implicación por parte del personal sanitario para suplir las carencias del sistema. Una cuarta categoría concibe la crisis como oportunidad: El desafío es mantener y no desmantelar, una visión optimista de la crisis como un reto para afianzar lo que hay. Las personas implicadas luchan para mantener el abordaje de la violencia en las agendas, movidas por su motivación personal, pero sienten que es luchar contra un muro o ir contracorriente porque no se ha producido una integración oficial en la práctica sino sólo en la teoría, a raíz de la ley 1/2004 y las políticas de igualdad impulsadas por el anterior gobierno. Todo ello se ve dificultado por la desaparición de las subvenciones estatales para la formación y sensibilización, implantación de protocolos o creación de sistemas de información, junto a que no está en la cartera de servicios de las comunidades. Conclusiones: Continuar con la integración del abordaje de la violencia de género en el sistema de salud en época de crisis no es una prioridad. Los hallazgos sugieren que la motivación individual trata de compensar las deficiencias en el sistema existente, pero que el voluntarismo de las personas individuales no es suficiente sin estructuras organizativas que les respalden, lo que se ve especialmente dificultado en tiempos de crisis.