Transición y desplazamiento

Afganistán experimentará en 2014 una combinación de “transiciones” políticas, económicas y de seguridad, cuyas respuestas serán fundamentales en la determinación de la magnitud de posteriores desplazamientos de afganos en los próximos años.

El gobierno económico de la Unión Europea y los principios de justicia del gasto público en una hacienda plural

A partir de 2011 se ha reforzado el gobierno económico de la UE a través de seis instrumentos legislativos, el llamado Six Pack, que supone fundamentalmente una reforma de la supervisión de la política presupuestaria de los Estados miembros. Más recientemente el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de UE de marzo de 2012 (TECGUE) establece un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario; a reforzar la coordinación de sus políticas económicas; y a mejorar la gobernanza de la zona del euro. En el presente trabajo se analiza si este modelo basado en una estricta disciplina presupuestaria es compatible con los postulados del Estado social, y más concretamente con los principios de justicia del gasto público. En efecto, a partir de la reforma del art. 135 de la Constitución Española, el principio de estabilidad presupuestaria debe ser interpretado coordinadamente con otros principios constitucionales que en el momento presente están plenamente vigentes y pueden adquirir una nueva función: la de actuar como límite y medida del objetivo de estabilidad presupuestaria. Del mismo modo se analizan los principios de coordinación entre las políticas presupuestarias y de endeudamiento de los Estados miembros en un Estado con una pluralidad de Haciendas, como es el caso español.

Salud y políticas de las instituciones económicas internacionales

Las políticas son determinantes de la distribución social de los “determinantes sociales de la salud”. A partir de los años 80 las políticas neoliberales de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han empujado a los países en desarrollo hacia el suministro privado y la internacionalización de sus sectores económicos. Mecanismos para la implementación de estos objetivos, como los programas de ajuste estructural, han obstaculizado la intervención intersectorial sobre los determinantes sociales de la salud como se había planteado en Alma Ata. El impacto en la salud de este tipo de políticas las ha convertido en objeto de investigación desde la epidemiología política, definida como el estudio de los efectos sobre la salud de las decisiones asumidas o no asumidas por las instituciones derivadas del poder político. Dado que con el proceso de globalización las inequidades en salud cada vez más son consecuencia de políticas que responden a intereses de actores transnacionales, es pertinente aplicar la perspectiva de la epidemiología política en la avaluación del impacto en la salud de las poblaciones.

Violencia de género en mujeres inmigrantes y españolas: magnitud, respuestas ante el problema y políticas existentes

Objetivo: Comparar la prevalencia de la violencia de género entre mujeres inmigrantes y españolas. Describir sus respuestas ante esta situación y posibles diferencias entre ellas. Identificar intervenciones ya existentes en España sobre prevención y atención sociosanitaria de violencia de género dirigidas a inmigrantes. Métodos: Estudio transversal mediante encuesta autoadministrada en 10.202 mujeres que acudieron a centros de atención primaria en España (2006-2007). Análisis de contenido del informe de seguimiento de la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género remitido por las comunidades autónomas (CC.AA.) (2005) y las leyes y planes autonómicos más recientes. Resultados: La prevalencia de violencia de género en las españolas es del 14,3% y en las inmigrantes del 27,3%. La probabilidad de violencia de género en las inmigrantes es mayor (odds ratio ajustada: 2,06; intervalo de confianza del 95%: 1,61–2,64). Las inmigrantes dijeron haber denunciado a su pareja con más frecuencia, así como que no sabían resolver su situación. Algunas CC.AA. ya han emprendido intervenciones para superar las barreras de acceso a los servicios sociosanitarios, pero sólo tres facilitan el número de mujeres inmigrantes beneficiarias de ayudas económicas y laborales hasta 2005. Conclusiones: Existe una desigual distribución en la prevalencia de la violencia de género según el país de origen, afectando en mayor medida a las mujeres inmigrantes. Éstas denuncian con más frecuencia que las españolas, pero tal actuación no supone una garantía de resultados efectivos. Aunque se han identificado otras intervenciones específicas en algunas CC.AA., sería necesario evaluarlas para asegurar que las mujeres inmigrantes se están beneficiando.