Empresa privada y participación digital: modelo de negocio y derecho de petición en Change.org

Esta investigación pretende aproximarse al papel de Change.org como plataforma de petición electrónica en España, donde no existen alternativas administradas por los poderes públicos. Mediante un análisis de contenido cualitativo y una entrevista semi-estructurada, investigamos el modelo de negocio de la página, con el objetivo de conocer su política de protección de datos, su sistema de verificación de los usuarios y, de forma más general, el marco legislativo en el que opera. Los resultados obtenidos muestran al proyecto alejado del derecho de petición español, con un sistema de testeo laxo y que basa sus beneficios en el coste por adquisición.

Legislation on violence against women: overview of key components

This study aimed to determine if legislation on violence against women (VAW) worldwide contains key components recommended by the Pan American Health Organization (PAHO) and the United Nations (UN) to help strengthen VAW prevention and provide better integrated victim protection, support, and care. A systematic search for VAW legislation using international legal databases and other electronic sources plus data from previous research identified 124 countries/territories with some type of VAW legislation. Full legal texts were found for legislation from 104 countries/territories. Those available in English, Portuguese, and Spanish were downloaded and compiled and the selection criteria applied (use of any of the common terms related to VAW, including intimate partner violence (IPV), and reference to at least two of six sectors (education, health, judicial system, mass media, police, and social services) with regard to VAW interventions (protection, support, and care). A final sample from 80 countries/territories was selected and analyzed for the presence of key components recommended by PAHO and the UN (reference to the term "violence against women" in the title; definitions of different types of VAW; identification of women as beneficiaries; and promotion of (reference to) the participation of multiple sectors in VAW interventions). Few countries/territories specifically identified women as the beneficiaries of their VAW legislation, including those that labeled their legislation "domestic violence" law ( n = 51), of which only two explicitly mentioned women as complainants/survivors. Only 28 countries/territories defined the main forms of VAW (economic, physical, psychological, and sexual) in their VAW legislation. Most highlighted the role of the judicial system, followed by that of social services and the police. Only 28 mentioned the health sector. Despite considerable efforts worldwide to strengthen VAW legislation, most VAW laws do not incorporate the key recommended components. Significant limitations were found in the legislative content, its application, and the extent to which it provided women with integrated protection, support, and care. In developing new VAW legislation, policymakers should consider the vital role of health services.

La contribución de algunos instrumentos de Política Ambiental en la Protección de las zonas Arqueológicas: Un análisis desde la perspectiva jurídica

El objetivo principal de este trabajo es analizar la contribución de los principales instrumentos de política ambiental existentes en México para la protección del patrimonio cultural, así como los efectos adversos del cambio climático en el patrimonio arqueológico. El análisis se enfoca fundamentalmente en dos instrumentos de política ambiental: la declaratoria de áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial. La premisa principal, derivada de lo observado en el caso mexicano, es que aun cuando la legislación en materia de monumentos y zonas arqueológicos no presenta un vínculo expreso con la del medio ambiente, por tratarse de ordenamientos independientes, dicha protección se produce de forma indirecta. La presente investigación destaca la importancia de dicha protección, aunque ésta sea en algunos casos, circunstancial. Del estudio detallado de las disposiciones legales en materia de medio ambiente y de patrimonio arqueológico y los instrumentos de política ambiental, a los que la legislación les otorga el carácter de utilidad pública, se deduce fundamentalmente la importancia de estos últimos por la protección que otorgan. La utilidad de dichos instrumentos en la presente investigación se hace evidente cuando, por su ubicación, una zona arqueológica queda dentro de un área natural sujeta a protección o de un ordenamiento territorial urbano o ecológico. Esta condición se vuelve determinante para que su protección se garantice, en el primer caso, a partir del polígono que se crea por disposición legal a través de una declaratoria mediante la cual se limitan, condicionan o prohíben actividades humanas para asegurar la restauración, protección y preservación de las condiciones naturales. Se crea un entorno de protección para zonas con características naturales relevantes en donde los ambientes han permanecido sin alteraciones por la actividad de los seres humanos y dentro de ellas quedan resguardados zonas o vestigios de interés arqueológico. En el segundo caso, en el área que abarca el ordenamiento, se ordenan o inducen el uso del suelo y las actividades productivas con lo que se consigue lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la protección de los vestigios arqueológicos que quedan dentro del ordenamiento. En lo relativo a la legislación sobre patrimonio cultural, en forma independiente, también se expiden declaratorias a través de decretos que protegen una zona, por los vestigios que ahí se encuentran y en las que eventualmente se refieren al entorno natural circundante que en ocasiones, son coincidentes con las declaratorias ambientales. En este trabajo se analizan también los efectos adversos del cambio climático en el patrimonio arqueológico y las medidas de prevención, remediación y mitigación que se instrumentan para su salvaguardia. Las conclusiones principales muestran que en el caso de nuestro país, como se verá adelante, la legislación sobre patrimonio arqueológico no guarda relación directa con la legislación en materia ambiental, a pesar de lo profusa que es esta última, tanto a nivel federal como local. Asimismo, aun cuando no existe un instrumento, estrategia de planeación específica o un ordenamiento legal único y autónomo para la protección de los monumentos y zonas arqueológicos, desde el punto de vista ambiental, las áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial, como estrategias de política ambiental, coadyuvan a ese propósito.