Efecto de la democracia en la seguridad y soberanía alimentaria de los países iberoamericanos. Año 2012

Antecedentes/Objetivos: El impacto de la democracia en indicadores de mortalidad infantil, materna y en esperanza de vida ha sido demostrado. Objetivo: explorar la relación entre la democracia y la soberanía y seguridad alimentaria en Iberoamérica, considerando la riqueza de los países en 2012. Métodos: Estudio transversal ecológico, que utiliza el país como unidad de análisis sobre la relación entre el índice de libertad (como proxy de la democracia) y las variables de 1. Soberanía alimentaria: Bajo peso al nacer, desnutrición aguda y crónica infantil, % de población bajo la línea de pobreza; y 2. Seguridad alimentaria: prevalencia de subnutrición, acceso agua potable, suministro de proteínas promedio, y intensidad del déficit alimentario. Fuentes información: Estadísticas de Naciones Unidas, Banco Mundial, FAO, Freedom House. Todos los datos son referidos a 2012. Los países se estratificaron según su nivel de riqueza (Producto interior bruto-PIB) siguiendo la clasificación del Banco Mundial: baja, media, alta. También se clasificó la democracia en 3 categorías según Freedom House: países libres, medianamente libres y dictaduras. Se realizó un modelo de regresión lineal simple, y ajustado para controlar el efecto potencial de la riqueza del país. Resultados: El índice de libertad de los países estudiados, controlado por el PIB, se detecta asociado especialmente a la soberanía alimentaria. En concreto, se asocia a la desnutrición aguda infantil R2 = 49,8% (p = 0,02), desnutrición crónica infantil R2 = 51,4% (p = 0,04), y al % de población bajo la línea de pobreza R2 = 61,6% (p = 0,002). De los indicadores de seguridad alimentaria, solo el acceso al agua potable se detecta asociado R2 = 60,3% (p = 0,01), el consumo de proteínas promedio se asocia al índice de libertad, pero al controlar por el PIB se pierde la asociación. Conclusiones: La economía de los países Iberoamericanos pierde peso en la influencia sobre la seguridad y soberanía alimentaria al considerar su nivel de democracia. Este estudio muestra una fuerte asociación positiva de importantes condiciones como la desnutrición infantil y el acceso al agua potable con los derechos políticos y las libertades civiles, los cuales son políticamente modificables.

La opinión pública internacional y el Estado del Bienestar

Esta investigación efectúa una revisión de los proyectos internacionales de opinión pública que estudian, de forma comparada, las opiniones y valores relacionados con la provisión del bienestar social. Las dificultades metodológicas que plantea la comparación entre diferentes países es elevada. No obstante, de dicho estudio exploratorio se pueden extraer varias conclusiones relevantes. Así, la opinión pública entiende que la obligación de proveer de bienestar social es del gobierno y de la administración pública. No es una responsabilidad de la sociedad civil o de las organizaciones que la vertebran. El papel que se atribuye a las instituciones de caridad o del sector privado es mínimo. La reducción de la intervención del estado en el bienestar, es valorada de forma negativa en todos los países considerados. En la atención a la pobreza y la reducción de desigualdades también se atribuye el papel central al gobierno y el estado. En general, tanto los planteamientos individualistas, donde cada individuo debe resolver sus problemas por sí solo, como el planteamiento que traslada a las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de la protección social, no tienen acogida en la opinión pública de los países considerados. La opinión sobre la necesidad de que el gobierno intervenga para reducir las diferencias en los ingresos, debe interpretarse en un contexto general donde la impresión más extendida afirma que la desigualdad se acentúa e incrementa en los últimos años. Una desigualdad considerada como un problema grave, e importante para la democracia en el país. En cierto sentido la desigualdad, la pobreza y la responsabilidad del gobierno para atenuar una y evitar la otra, son más que evidentes, así como su lectura desde la óptica de la legitimación democrática del sistema. Nos encontramos en una situación paradójica donde, si bien queda perfectamente claro que la responsabilidad de la lucha contra la pobreza es de los gobiernos, como veremos, en general la confianza en que estos gobiernos van a actuar e intervenir correctamente es bastante baja. La crisis iniciada en 2007 y el desmantelamiento del estado de bienestar que se efectúa en varias sociedades del sur de Europa se producen en este contexto.