4 resultados para Justicia social

em Universidad de Alicante


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Me parece muy interesante poder tratar la educación en valores en el trabajo fin de grado, a su vez, la justicia despertó mi curiosidad y no dudé en declinarme por esa opción. A lo largo de la carrera me he sentido atraído por los valores por encima de los conocimientos, y considero que en la educación actual la balanza se decanta hacia la adquisición de conocimientos, lo que fomenta la formación de sociedades faltas de valores y de justicia social. Todo ello justifica mi elección del tema. En la propuesta didáctica se ha elaborado un marco teórico que conceptualiza y sustenta el contenido que se tratará a lo largo del trabajo. En él se reflejarán los antecedentes de los principales conceptos que trataremos, como la educación en valores, justicia social, literatura en educación infantil, cuentos y fábulas como herramienta didáctica o adquisición de habilidades para la resolución de conflictos de manera positiva. Se llevará a cabo una labor de investigación con la puesta en práctica de unos cuestionarios realizados a profesores/as y alumnos/as de educación infantil. A los maestros/as se les preguntará cómo trabajan la justicia y las habilidades para la resolución positiva de conflictos en el aula. En el caso del alumnado será acerca de su capacidad de detectar las desigualdades y actuar de manera crítica y justa ante ellas, además de comprobar si ostentan las habilidades necesarias para afrontar de manera positiva los conflictos. Posteriormente se ha elaborado una propuesta didáctica formada por un total de 5 actividades. En ellas se hará servir de herramienta didáctica una fábula o un cuento protagonizado por animales. El objetivo principal de la propuesta didáctica es el de favorecer la adquisición de valores y enseñanzas, que fomenten en los niños y las niñas actitudes y comportamientos justos ante las desigualdades, y que lo doten de habilidades y destrezas para resolver conflictos de manera positiva y justa.

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A partir de 2011 se ha reforzado el gobierno económico de la UE a través de seis instrumentos legislativos, el llamado Six Pack, que supone fundamentalmente una reforma de la supervisión de la política presupuestaria de los Estados miembros. Más recientemente el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza de UE de marzo de 2012 (TECGUE) establece un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario; a reforzar la coordinación de sus políticas económicas; y a mejorar la gobernanza de la zona del euro. En el presente trabajo se analiza si este modelo basado en una estricta disciplina presupuestaria es compatible con los postulados del Estado social, y más concretamente con los principios de justicia del gasto público. En efecto, a partir de la reforma del art. 135 de la Constitución Española, el principio de estabilidad presupuestaria debe ser interpretado coordinadamente con otros principios constitucionales que en el momento presente están plenamente vigentes y pueden adquirir una nueva función: la de actuar como límite y medida del objetivo de estabilidad presupuestaria. Del mismo modo se analizan los principios de coordinación entre las políticas presupuestarias y de endeudamiento de los Estados miembros en un Estado con una pluralidad de Haciendas, como es el caso español.

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Análisis de los principios y medidas de estabilidad presupuestaria en el orden internacional y comunitario en su relación con los principios constitucionales de justicia del gasto público.

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El derecho a la libre circulación y residencia han sido la clave de bóveda del proceso de integración europea, primero en la consecución del mercado interior y, desde su inclusión en el estatuto de ciudadanía europea, para el reconocimiento de un status jurídico común a todos los nacionales de los Estados miembros. Originariamente, las libertades comunitarias se concibieron sólo para los que ejercieran una actividad profesional, asalariada o no, en el territorio de la Comunidad. Esta postura se fue flexibilizando, ampliándose la libertad de circulación a ciudadanos que no ejercían actividades profesionales en el territorio de otro Estado miembro (estudiantes, jubilados, residentes y ciertos familiares). El desarrollo del proceso de integración europea, junto con la adopción de diversos actos jurídicos de Derecho derivado y la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha favorecido una ampliación progresiva del ámbito personal de titularidad del derecho. La libre circulación de personas es una de las libertades básicas del mercado interior, cuyo contenido esencial implica un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad será garantizada conforme a las disposiciones del Tratado. Posteriormente, con la adaptación de la Directiva 2004/38/CE en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, se pretendía potenciar la movilidad intracomunitaria y transformar el mercado único en un espacio de libertad de circulación, residencia y trabajo por cuenta propia y ajena para los nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, tal y como se pone de manifiesto en el presente trabajo, este derecho no es absoluto, puesto que la Directiva lo somete a condición. De este modo, el beneficiario debe ser económicamente activo en cualquiera de sus manifestaciones o debe disponer de los recursos económicos necesarios para no convertirse en una carga excesiva para el Estado de acogida. Resulta evidente que el contexto de la crisis económica, unido al incremento de la movilidad ha motivado las tendencias restrictivas del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea en el territorio de los Estados miembros.