7 resultados para Junta del Puerto de Valencia

em Universidad de Alicante


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Este trabajo forma parte del proyecto de investigación HUM2006_07206_C03_02.

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El origen de la normativa escrita sobre el uso de las aguas en el territorio peninsular levantino plantea diversas incógnitas. Las primera de ellas sobre los quienes fueron los protagonistas en la redacción y determinación de ese derecho. La segunda sobre el papel que la costumbre de los sarracenos desempeñó en la preservación de tradiciones jurídicas, mantenimiento de infraestructuras y gestión del agua. La tercera tiene que ver con el modo de aunar intereses de comunidades distintas desde el punto de vista religioso y jurídico sobre el derecho de uso de forma equitativa y proporcional a necesidades no necesariamente coincidentes. Lo cierto es que las fuentes conservadas sobre el proceso de reconquista y población siguen siendo una de las mejores referencias para despejar incógnitas y justificar la tradición y pervivencia de un derecho inmemorial y vigente en algunas de sus formas y manifestaciones, no solo en el marco levantino sino en otros muchos espacios de la cuenca mediterránea con idénticas características medioambientales y geo-climáticas.

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Capítulo del libro sobre `Pueblos de colonización durante del franquismo` (2008) dedicado a los poblados de la Zona de Levante. El presente capítulo estudia tanto la arquitectura (pública y privada) como los planteamientos urbanísticos de los poblados de colonización de nueva planta como los de sustitución de poblados existentes (que quedan sepultados por las obras hidráulicas y sus zonas de afección) en el periodo de 1939 a 1973 en la 'Zona de Levante' (Castellón, Valencia, Alicante, Albacete y Murcia). En especial se presta atención a los criterios de ordenación urbanística, a los espacios y equipamientos públicos (plazas, iglesias, ayuntamientos, escuelas y cooperativas) y a las viviendas con sus anexos agropecuarios. Se plantea una revisión de las críticas que se centran en las cuestiones epidérmicas decorativas para realizar un análisis en profundidad de la 'modernidad' desde criterios de estándares urbanísticos y arquitectónicos en el contexto español y europeo de la época. Se estudian pueblos de las riberas del Turia y del Júcar en Valencia, del Segura en Albacete y Murcia (como Cañada de Agra o Jumilla) y de Alicante (como El Realengo y San Isidro de Albatera). Se termina con una valoración sobre sus valores patrimoniales arquitectónicos (individuales) y urbanísticos (de conjunto) dentro de los parámetros de la Arquitectura Moderna del siglo XX.

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A partir de un cabreve de 1416 conservado en el Archivo del Reino de Valencia hemos pretendido reconstruir cuál fue el desarrollo del lugar de Ondara, en el norte de la actual provincia de Alicante, en particular la renta percibida por el señor, el duque de Gandía. Ondara tenía una población de mayoría mudéjar, aunque también vivían en la localidad cristianos. De esta renta era la partición de frutos de los mudéjares y los cristianos, con sus 4.000 sueldos, la que proporcionaba los mayores ingresos en las arcas señoriales, es decir, el gravamen sobre la actividad económica de la localidad, seguida por los arrendamientos y el besante. Además de la agricultura había una actividad artesana en torno a la cantarería, la fabricación de jabón y el tinte. Se completa el estudio con unas normas municipales del año 1410 y la prosopografía de los vecinos.

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En la presente investigación, se analiza un caso en el que se pone de manifiesto el incumplimiento de las instituciones públicas en sus obligaciones sociales y medioambientales, así como el no cumplimiento de su compromiso de transparencia informativa con los ciudadanos. Si atendemos a que la responsabilidad social corporativa (RSC) es centro de preocupación de las empresas de nuestro siglo en lo que se refiere al tipo de obligaciones que tienen con el resto de personas e instituciones, mucho mayor debe ser el interés de los organismos públicos al servicio de la ciudadanía, del medio ambiente y del patrimonio histórico, puesto que se supone que son aspectos inherentes a su idiosincrasia. Si bien sorprende toda la batería de acciones irresponsables desencadenadas por el vertido de sedimentos del puerto en una playa colindante al mismo y reconocida como espacio protegible -parece que ser responsable es más una imposición que parte de su esencia institucional-, nos sorprende, aún más si cabe, la ausencia informativa por parte de las autoridades cuando se les pide explicaciones por estas actuaciones (contra)públicas. El significado de “Responsabilidad” (RAE, 2001:1959) implica la cualidad de responsable, cuya raíz etimológica proviene del latín ‘responsum’, del verbo ‘respondere’. Por tanto, atendiendo a esta definición, el estudio de este caso deja en evidencia la doble falta de responsabilidad de los organismos públicos competentes. Desde la óptica de las relaciones públicas, el profesional de la comunicación busca el consenso entre la organización y los públicos. Según Grunig (Grunig, Grunig y Dozier, 2002:96-97) “La comunicación sirve al objeto de lograr el consenso o negociación de intereses contribuyendo a reconciliar los intereses encontrados de organización y públicos”. En el caso que nos ocupa, no debería ser difícil la tarea del comunicador del organismo público, puesto que si en su naturaleza está servir al ciudadano, que es quien lo ha elegido, los intereses deben ser más coincidentes que divergentes. En este caso, el modelo conductual empleado para comunicarse con los ciudadanos no responde a los modelos bidireccionales de las relaciones públicas que tienen como fin el entendimiento mutuo. Con el asimétrico bidireccional se persigue la responsabilidad social y en el simétrico, la responsabilidad es un aspecto implícito en el modelo. Sin embargo, lejos de nuestro pensamiento el modelo utilizado para responder a los ciudadanos ante esta situación ha sido el agente de prensa/publicity, caracterizado por evitar la información inoportuna, información que puede perjudicar a los propios emisores y que no responde a satisfacer las necesidades económicas, sociales, culturales o políticas de quien demanda la información, que, por otro lado, supone vulnerar el bienestar en la sociedad como parte de la responsabilidad social, política, económica, cultural o medioambiental de los organismos al servicio de la ciudadanía.

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Este libro contiene la investigación llevada a cabo bajo la dirección de Joaquín Arnau Amo y la coordinación de Inmaculada Narbona Calvo sobre la obra del arquitecto José María Manuel Cortina (1868-1950). El equipo de investigadores está formado por Joaquín Arnau Amo, Javier Poyatos Sebastián, María Elia Gutiérrez Mozo, José Luis Baró Zarzo y Joaquín Arnau Navarro. Los adjuntos al equipo son Jorge Girbés Pérez, María Elisa Moliner Cantos y Tomás Roselló Jaunzarás. La investigación dio lugar a una exposición en el Centro del Carmen de Valencia cuyo catálogo asimismo se recoge, precedido de las aportaciones de los citados investigadores, a las cuales se sumaron las de Miguel Ángel Baldellou Santolaria, Joan Bassegoda Nonell, Jaume Coll Conesa, Carmen Rodríguez Pedret y Francisco Taberner Pastor.