5 resultados para Inclusión social

em Universidad de Alicante


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El objetivo de las redes ICE que colaboran en este proyecto es el intercambio de experiencias, materiales y metodologías docentes y de investigación en materia de Inclusión Social y Salud, con un enfoque implícito, pero no exclusivo en la población gitana, entre docentes de universidades españolas (en una primera fase) y europeas (en una segunda fase). Bajo el epígrafe de Inclusión Social y Salud se abordan contenidos relacionados con los determinantes sociales de la salud de minorías étnicas y otros grupos sociales, la mediación y las competencias interculturales, cultura y salud, racismo y salud, el enfoque de derechos humanos en la salud, entre otros. Las actividades desarrolladas incluyen la celebración de unas Jornadas Multidisciplinares sobre Inclusión Social y Salud, la creación de la estructura de una base de datos sobre experiencias docentes y la elaboración de una guía temática sobre salud y pueblo gitano. La comunicación explica la construcción participativa del proceso de coordinación de la red y de la retroalimentación informativa de todos los procesos intrared y la difusión exteroorganizacional. La red se inscribe en las acciones WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante.

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Las minorías culturales y étnicas son con frecuencia los grupos más desfavorecidos en términos sociales y económicos debido a su falta de representación institucional. El objetivo de este artículo es proponer un modelo de intervención capaz de aumentar el poder de participación de una minoría a través de la comunicación horizontal con otras identidades mayoritarias. Los resultados del estudio de caso del programa socioeducativo La Clase Mágica, para el que se utiliza una metodología eminentemente cuantitativa a partir de cuestionario, demuestran que estos aspectos contribuyen a que los mexicanos de primera y segunda generación en el sur de California desarrollen capacidades clave para el empoderamiento y la inclusión social. Además, el programa impactó en un factor determinante para que una comunidad consiga ganar poder de acción y voz suficiente para influir en las instituciones sociales: los apoyos externos.

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Desde las últimas décadas del siglo XX la sociedad española, en general, y la valenciana, en particular, se ha ido constituyendo como una sociedad inmigrante. En la actualidad, estamos pasando de un momento en el que el mercado de trabajo impuso su ley y produjo un efecto llamada, que provocó el incremento de la inmigración y un cambio notable en el origen geográfico de la misma, a un momento en el que está comenzando un proceso de enculturación de esos inmigrantes y se han empezado a plantear los desafíos de la co-inclusión social entre autóctonos e inmigrantes, es decir, los desafíos de la ciudadanía y de la multiculturalidad. La Comunidad Valenciana ha sido desde hace décadas un lugar de inmigración, destino de personas procedentes de otros lugares y culturas, que a lo largo de los tiempos ha ido modelando su fisonomía, hasta el punto que se puede sostener sin exageración que buena parte del empuje y dinamismo de esta región ha tenido y tiene que ver con los movimientos migratorios que sobre estas provincias han tenido lugar. La inmigración supone, por tanto, un proceso continuo en el tiempo, cuya importancia económica y social pasa inadvertida la mayor parte de las veces, anulada por la visión exclusivamente legal, cuando no policial, que generalmente se hace de la misma, ensombreciendo así otras perspectivas de estudio mucho más importantes que con frecuencia pasan desapercibidas, pero que sin embargo constituyen ejes verdaderamente importantes en su estudio y análisis. Respecto a la situación de las mujeres inmigrantes se constata un interés creciente por su situación, suscitando desde principios de los años 80 un gran número de artículos de investigación y normativas legales que estudian, regulan e intervienen en el colectivo.

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El trabajo trata de establecer una propuesta de establecimiento de periodos de las diferentes oleadas de inmigración en España a partir de elementos sociales, jurídicos y políticos que se consideran de relieve. Después se traza una hipótesis sobre como considerar el último periodo de inmigración a partir de la crisis global de 2007.

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El derecho a la libre circulación y residencia han sido la clave de bóveda del proceso de integración europea, primero en la consecución del mercado interior y, desde su inclusión en el estatuto de ciudadanía europea, para el reconocimiento de un status jurídico común a todos los nacionales de los Estados miembros. Originariamente, las libertades comunitarias se concibieron sólo para los que ejercieran una actividad profesional, asalariada o no, en el territorio de la Comunidad. Esta postura se fue flexibilizando, ampliándose la libertad de circulación a ciudadanos que no ejercían actividades profesionales en el territorio de otro Estado miembro (estudiantes, jubilados, residentes y ciertos familiares). El desarrollo del proceso de integración europea, junto con la adopción de diversos actos jurídicos de Derecho derivado y la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha favorecido una ampliación progresiva del ámbito personal de titularidad del derecho. La libre circulación de personas es una de las libertades básicas del mercado interior, cuyo contenido esencial implica un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad será garantizada conforme a las disposiciones del Tratado. Posteriormente, con la adaptación de la Directiva 2004/38/CE en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, se pretendía potenciar la movilidad intracomunitaria y transformar el mercado único en un espacio de libertad de circulación, residencia y trabajo por cuenta propia y ajena para los nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, tal y como se pone de manifiesto en el presente trabajo, este derecho no es absoluto, puesto que la Directiva lo somete a condición. De este modo, el beneficiario debe ser económicamente activo en cualquiera de sus manifestaciones o debe disponer de los recursos económicos necesarios para no convertirse en una carga excesiva para el Estado de acogida. Resulta evidente que el contexto de la crisis económica, unido al incremento de la movilidad ha motivado las tendencias restrictivas del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea en el territorio de los Estados miembros.