Una defensa del convencionalismo jurídico

Este trabajo muestra que la existencia de un sistema jurídico requiere la presencia de una práctica unitaria de identificación de normas. El autor sostiene que esa práctica consiste en una convención constitutiva, que permite identificar de manera autónoma el Derecho de una determinada comunidad. Se pone de relieve de este modo una forma específica en que el Derecho es una creación social: del mismo modo que la existencia del dinero requiere la creencia de que éste existe, también la existencia de un sistema jurídico depende, en última instancia, de un conjunto de creencias compartido por las personas relevantes. El planteamiento de esta posición y de sus ventajas se lleva a cabo a lo largo de los apartados 2, 3, 4 y 5. El último apartado se dedica a examinar y a descartar cinco posibles objeciones a una tesis convencionalista como la que aquí se defiende.

Educación bilingüe del alumnado sordo: pilares para un cambio estratégico

Pese a los progresos logrados en la protección de los derechos fundamentales de salud y educación de las personas sordas usuarias de las lenguas de signos, a menudo se sigue negando a niños sordos su derecho a aprender y usar las lenguas de signos en su educación y en entornos físicos y psicosociales accesibles de conformidad con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y con las recientes leyes 27/2007 y 17/2007. El objetivo principal de este estudio fue obtener información sobre los factores estratégicos que favorecen una escuela saludable e inclusiva, mediante programas de educación bilingüe sostenibles y de calidad para escolares sordos en España. La metodología utilizada consistió en un estudio descriptivo con componentes de investigación-acción participativa y un enfoque de análisis estratégico. Como resultados, cabe destacar que las principales macrotendencias que, en el ámbito internacional, han promovido el cambio hacia prácticas bilingües son dos: en primer lugar, los cambios sociales y políticos que tienden a una creciente aceptación de la diversidad y los temas relacionados con las personas sordas; y en segundo lugar, una tendencia a un activismo, una autoconciencia y un apoderamiento crecientes por parte de las personas sordas. Como contrapartida, las que lo han obstaculizado son, por un lado, la visión de la sordera como una condición médica, que puede solucionarse mediante la tecnología; y por otro lado, el fonocentrismo, unido a una cierta resistencia social a lo desconocido. Aunque en España algunas de las escuelas que han iniciado el cambio cumplen las recomendaciones de la CDPD, la mayoría están todavía en una fase preliminar de formulación o puesta en práctica de este nuevo modelo y distan mucho de encontrarse distribuidas de manera igualitaria en las diferentes comunidades autónomas. Como conclusión podemos decir que conseguir una educación más saludable e inclusiva para los escolares sordos implica poner en marcha una estrategia de actuación planificada en la que participen activamente todos los sectores y organismos relevantes implicados y, en particular, las comunidades sordas a través de las organizaciones que las representan. Sin un cambio radical de perspectiva, la salud y la educación no serán accesibles a todos y las desigualdades sociales se verán acentuadas.

El estatuto de apatridia 60 años después

El 60º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 es una oportunidad para llamar la atención sobre el rostro humano de la apatridia y para aumentar la concienciación sobre el impacto de este problema tanto en la vida de los individuos como en las sociedades en términos más generales.

El modelo de apoyo a las personas con capacidades modificadas judicialmente según Naciones Unidas

Este artículo se basa en una investigación social sobre el sistema de protección jurídica de las personas con algún tipo de discapacidad o en situación de dependencia que se encuentran sometidas a las figuras de tutela o curatela, en aplicación de lo previsto y establecido en el Código Civil Español, en sus artículos 199 y 200, así como en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La investigación se plantea como un estudio comparado entre diferentes países de la Unión Europea para ver su adecuación a lo establecido en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD) en los procedimientos de incapacitación. Los resultados se analizan sobre la base de modelos técnico-sociales de intervención, los análisis jurídicos y la experiencia adquirida por las Fundación Tutelares de Castilla y León. Se proponen y diseñan algunas alternativas y servicios que pueden mejorar la calidad de vida de las personas adultas incapacitadas judicialmente y el tipo de apoyos que se les puede prestar, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Naciones Unidas.

La sexualidad como variable importante en la calidad de vida (C.V) de las personas con discapacidad

La afectividad y la sexualidad se han de desarrollar adecuadamente en los individuos aunque no estén en plenas condiciones físicas y psíquicas, indiferentemente si residen en su domicilio o en un centro especializado. La atención a la discapacidad no siempre ha estado ligada al concepto de cuidados de enfermería, pero en la actualidad se considera indispensable hacerlo desde la defensa de los derechos de las personas con Diversidad Funcional (D.F.), ratificados en la Convención de Ginebra de 2008. En este trabajo se presentan datos que forma parte de una tesis doctoral en la que se estudia las alteraciones de la sexualidad en personas con D.F. y como ésta influye en su calidad de vida (CV); Planteado desde el marco enfermero de los Patrones Funcionales de Marjory Gordon, por visualizar los procesos vitales siempre desde una visión integral de salud, guiando de forma lógica al diagnóstico enfermero, contemplando al paciente desde una visión holística y recogiendo toda la información necesaria del paciente, familia y entorno incluyendo su sexualidad.

La condición jurídica de los refugiados iraquíes en los países vecinos

Los refugiados iraquíes disponen de escasa protección y asistencia en sus países vecinos debido principalmente a que la mayoría no son firmantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Como consecuencia, los refugiados lo tienen difícil para mantenerse a sí mismos y permanecer a salvo.

Prisión y deportación de refugiados iraquíes en el Líbano

Líbano, país que no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, no garantiza la condición de refugiados a los iraquíes, muchos de los cuales acaban pasando largos períodos detenidos.