Acciones públicas de sensibilización de género: el esfuerzo de la administración regional y local en comunicación publicitaria (1999-2007)

El artículo analiza las iniciativas de comunicación relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El objetivo es analizar con enfoque de género las acciones realizadas por parte de las instituciones públicas regionales y locales para sensibilizar y promover la conciliación entre la vida familiar y laboral de seis comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco) y de sus capitales, desde 1999 (cuando se aprueba la ley de conciliación) hasta 2007 (se aprueba la ley de igualdad). La información sobre publicidad convencional fue proporcionada por Infoadex. Para la recogida de otro tipo de iniciativas a través de medios menos convencionales se acudió a cuatro fuentes institucionales: 1) Ayuntamientos de las capitales, como fuente estrictamente local, 2) Diputaciones de la capital de la Comunidad Autónoma, como fuente provincial, 3) Direcciones Generales de la Mujer o instituciones análogas como fuente de información a nivel regional o autonómico y, por último, 4) otras concejalías vinculadas al tema de la corresponsabilidad, cuyo radio de acción también es autonómico. Los resultados, aunque con diferencias entre regiones, reflejan carencias en la cobertura de las acciones que llevan a cuestionar la falta de estrategia política en términos de comunicación, pese a la introducción sistemática de estos objetivos en la agenda internacional (ONU y UE) y del gobierno español. En consecuencia, las campañas publicitarias e iniciativas recogidas contribuyen a la visibilización del problema y al empoderamiento, pero no tanto al objetivo de la paridad.

Sistema Nacional de Salud español. Características y análisis

La Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de Abril posibilitó el tránsito del antiguo modelo de Seguridad Social al actual modelo de Sistema Nacional de Salud (SNS), financiado con impuestos y de cobertura prácticamente universal. Desde entonces se han producido profundos cambios en el sistema que culminaron en el año 2002 con la descentralización total de competencias en materia de salud en las Comunidades Autónomas. La regulación nacional de competencias en materia de salud se realiza desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, organismo que agrupa a los máximos responsables autonómicos en materia de salud de cada Comunidad Autónoma y que tiene entre otras, la responsabilidad de evitar las desigualdades en servicios sanitarios dentro del territorio nacional. La creación y competencias del Consejo Interterritorial quedan recogidas en la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión de la calidad del Sistema Nacional de Salud. La cartera de servicios comunes del SNS se establece en el Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre, actualizando el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero sobre Ordenación de las prestaciones sanitarias, resultando del actual marco legislativo con la descentralización de competencias y gestión de los presupuestos un horizonte de posible variabilidad en los modelos de gestión de cada CCAA, que, si bien deben garantizar la universalidad de las prestaciones, también ofrece una diversidad de modalidades de gestionar los recursos en materia de salud. En cuanto al estado de salud de los españoles, destacar que la esperanza de vida al nacer se sitúa en 79,9 años, superior a la media europea, 78,3 años, y la esperanza de vida ajustada por incapacidad fue en 2002 de 72,6 años en España respecto a los 70,8 de la UE. Según cifras del propio Ministerio de Sanidad, la percepción de la salud de los ciudadanos fue positiva para un 73% de los hombres y un 63,2 de las mujeres. Alrededor del 60% de la población tiene un peso normal y la morbilidad sitúa en los primeros lugares las enfermedades del aparato circulatorio, el cáncer y las enfermedades del aparato respiratorio (CIE-9). El gasto sanitario en España, es un capítulo presupuestario importante, al situarse en torno al 7,5 del P.I.B, y los recursos e inversiones presentan aparentes desigualdades autonómicas. Los modelos de gestión y dependencia patrimonial de los recursos, variables entre Autonomías, plantean la necesidad de monitorizar un seguimiento que permita evaluar en los próximos diez años el impacto de la descentralización de competencias del Sistema. La estructura del Sistema tiene dos niveles asistenciales mayoritarios, atención primaria y especializada, absorbiendo la atención especializada la mayor parte del presupuesto. El incremento del gasto sanitario y la universalidad de las prestaciones han condicionado en gran medida la implantación de modelos de gestión diferentes a los tradicionales. Esta situación no es exclusiva del Estado Español. En los Estados del entorno de la Unión Europea, el Consejo de Ministros de Sanidad de la UE en su sesión celebrada los días 1 y 2 de Junio de 200625 concluyeron un documento que recoge los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de los países de la Unión Europea, resaltando los principios y valores de los sistemas sanitarios como soporte estructural de dichos estados. Como conclusión, en este momento (2007) el Sistema Nacional de Salud Español, está inmerso en un proceso de trasformación orientado a garantizar la eficiencia de las prestaciones de manera responsable, es decir, ofertar al ciudadano la mejor calidad de servicios al mínimo coste.

Medidas de protección de las víctimas de violencia de género según las desigualdades de género de la comunidad de residencia. ¿Una justicia inversa?

Antecedentes/Objetivos: La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, se centra en una función de la Salud Pública: Proteger la salud. Su impacto debe notarse gradualmente. Objetivo: Analizar denuncias y mortalidad por violencia del compañero íntimo (VCI), y medidas judiciales de protección de las víctimas, según desigualdades de género de Comunidades Autónomas (CCAA) de España, 2006 y 2011. Métodos: Estudio ecológico de la relación del índice de desigualdad de género (IDG) de las CCAA con las variables dependientes: muertes y denuncias de mujeres por VCI, y frecuencia de medidas judiciales civiles (salida del domicilio, suspensión del régimen de visitas, suspensión guarda y custodia y prestación de alimentos) y penales (privativas de libertad, orden de alejamiento, prohibición de comunicación y suspensión tenencia y uso de armas) con/sin orden de protección (OP) por VCI (2006 y 2011). Fuentes: Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, INE, Informes Estadísticos anuales Poder Judicial. Agrupación de CCAA según IDG España en 2006: 0,104 y 2011: 0,082 (por encima: > desigualdad de género, por debajo: > igualdad). Cálculo de tasas de mortalidad de mujeres > 14 años y de denuncias para las CCAA con IDGalto y bajo, del coeficiente de determinación entre las variables dependientes y el IDG, y del riesgo de aplicación de medidas judiciales, con/sin OP, en las CCAA según su IDG. Contraste entre 2006 y 2011. Resultados: En España se realizaron 8.315.202 denuncias en 2006 y 11.417.799 en 2011 por VCI. A > desigualdad de género de las CCAA > riesgo de denunciar por VCI, en 2006: R2 = 34% (p = 0,01), y 2011: R2 = 27,9% (p = 0,03). No se detectan diferencias en el riesgo de morir por VCI de las mujeres que viven en CCAA con diferentes IDG; pero se observa una disminución de la pendiente de la recta en 2011, al aumentar las muertes en las CCAA con > igualdad de género y disminuir en las desiguales. En 2006, la probabilidad de todas las medidas civiles es probabilidad en las CCAA más igualitarias. Las OP acompañantes a las medidas civiles y penales son adoptadas con > probabilidad en las CCAA con más igualdad de género. Conclusiones: Paradójicamente, con el mayor número de denuncias en las CCAA con mayor desigualdad, la adopción de medidas judiciales penales y civiles, con y sin orden de protección de las víctimas de VCI, es menos frecuente.

La respuesta sanitaria a la violencia de género. ¿Adaptar el sistema o medicalizar la violencia? estudio cualitativo

Antecedentes/Objetivos: El sistema sanitario puede jugar un papel clave en la prevención y atención de la violencia de género (VG), debido a las consecuencias para la salud de la violencia y al hecho de que las mujeres afectadas acceden a los servicios de salud con mayor frecuencia que a otros servicios públicos. El objetivo de este estudio es analizar cómo entienden los profesionales encargados de la coordinación de los programas de VG en los servicios regionales de salud la integración de la respuesta sanitaria a este problema en el Sistema Nacional de Salud español. Métodos: Estudio cualitativo en el que se realizaron 26 entrevistas individuales a informantes clave del nivel gerencial, 23 de las 17 comunidades autónomas y 3 del nivel nacional, entre julio de 2012 a marzo de 2013. Las transcripciones se importaron al software informático Atlas.ti-5 y se analizaron de acuerdo al método de la Teoría Fundamentada. Resultados: Se desarrolló un modelo conceptual que explica los esfuerzos y retos cuando se intenta integrar la respuesta a la VG en el sistema sanitario, que permanece fuertemente biomedicalizado. Emergieron una categoría central: Integrando respuestas a problemas no biomédicos en sistemas de salud biomédicos, el caso de la VG; y 4 categorías relacionadas con la central: La VG es un problema complejo que genera resistencia o activismo; El mandato para integrar una respuesta sanitaria a la violencia: una prioridad no siempre priorizada; El sistema sanitario español, respetuoso con la autonomía de los profesionales, biomédico y familiarista; y Desarrollando respuestas a la integración de la violencia: adaptar el sistema de salud o medicalizar la violencia. Conclusiones: Integrar el abordaje de la VG en un sistema de salud biomédico es un reto. Los hallazgos sugieren que la motivación individual puede compensar las deficiencias en el sistema existente, en términos de ser más centrada en la persona y, por lo tanto, fomentar una fuerte relación de confianza. Sin embargo, la sostenibilidad de los procesos dependientes en la motivación e interés individual es difícil si no hay una estructura organizativa que los respalde.

Estudio cualitativo sobre la sostenibilidad de los programas de violencia de género en el sistema sanitario español durante la crisis

Antecedentes/Objetivos: La Ley 1/2004 de atención a la integral a la violencia de género institucionaliza la respuesta sanitaria a este problema. En la actualidad, los servicios sanitarios se están viendo afectados por las políticas de austeridad del gobierno como respuesta a la crisis financiera, lo que puede afectar negativamente a la atención de la violencia de género. El objetivo de este estudio es explorar las percepciones de profesionales sanitarios del nivel gerencial sobre el impacto de la crisis económica en la respuesta sanitaria a la violencia de género en España. Métodos: Estudio cualitativo con 26 entrevistas individuales a informantes clave del nivel gerencial, 23 de las 17 Comunidades Autónomas y 3 del nivel nacional, entre julio de 2012 a marzo de 2013. Las transcripciones se importaron al software informático Atlas.ti-5 y se realizó un análisis de contenido cualitativo. Resultados: Se identificaron 4 categorías que explican las consecuencias de las políticas de austeridad en la atención sanitaria de la violencia de género. Tres de ellas hacen referencia a los efectos negativos: Desmotivación y pesimismo para avanzar en la integración de la respuesta a la violencia; Un sistema desbordado por los recortes y presión asistencial; y Necesidad de una mayor implicación por parte del personal sanitario para suplir las carencias del sistema. Una cuarta categoría concibe la crisis como oportunidad: El desafío es mantener y no desmantelar, una visión optimista de la crisis como un reto para afianzar lo que hay. Las personas implicadas luchan para mantener el abordaje de la violencia en las agendas, movidas por su motivación personal, pero sienten que es luchar contra un muro o ir contracorriente porque no se ha producido una integración oficial en la práctica sino sólo en la teoría, a raíz de la ley 1/2004 y las políticas de igualdad impulsadas por el anterior gobierno. Todo ello se ve dificultado por la desaparición de las subvenciones estatales para la formación y sensibilización, implantación de protocolos o creación de sistemas de información, junto a que no está en la cartera de servicios de las comunidades. Conclusiones: Continuar con la integración del abordaje de la violencia de género en el sistema de salud en época de crisis no es una prioridad. Los hallazgos sugieren que la motivación individual trata de compensar las deficiencias en el sistema existente, pero que el voluntarismo de las personas individuales no es suficiente sin estructuras organizativas que les respalden, lo que se ve especialmente dificultado en tiempos de crisis.

La aplicación de las medidas correctivas de control de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a las subvenciones

A través del presente trabajo se pretende analizar algunas de las medidas correctivas que sobre la Administración pública impone la LOEPSF. En concreto, la contenida en el art. 20.3 de la citada Ley, que obliga a recabar un informe del Ministerio de Hacienda para la percepción de subvenciones públicas a los entes del sector público integrados en Comunidades Autónomas que no hayan cumplido los objetivos de déficit. El trabajo defiende una interpretación restrictiva del citado precepto sobre la base del análisis del presupuesto de hecho de la norma y su naturaleza de norma sancionadora.

El futuro de la regulación del sector del abastecimiento en España

La gestión del servicio de abastecimiento de agua es un tema de muy relevante y de plena actualidad, no solo en España sino a nivel mundial. En España, desde la forma de prestación del servicio a través de la gestión directa o la gestión indirecta, o el tipo en sí de gestión indirecta que se desarrolle –empresa privada, pública o mixta- dan como resultado prácticamente tantas situaciones como ayuntamientos existen ya que la competencia es municipal, según reconoce la Ley de Bases de Régimen Local. La heterogeneidad de circunstancias de gestión de los recursos hídricos, la fragmentación de un sector clave y la falta de indicadores comparables entre diferentes opciones para la prestación de este servicio, parece indicar la necesidad de apostar por la creación de un ente regulador independiente dada la naturaleza monopolística del sector del abastecimiento y el saneamiento, junto con el carácter esencial del bien que se gestiona. Mientras que las instituciones gubernamentales dictan las políticas generales a través de leyes y reglamentos, los operadores -públicos, privados o mixtos- son los responsables de prestar los servicios a la población, y sería el órgano regulador quien velaría por el cumplimiento de las normas. El MAGRAMA está estudiando la posibilidad de elaborar una Ley sobre el Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano con las dificultades que esto tiene en consideración a las competencias de las Comunidades Autónomas, lo que sin duda ayudaría a homologar la gestión del agua urbana en España, regulando un monopolio natural, ahora en manos de más de 8.100 municipios y un reducido número de empresas concesionarias, auténticas detentadoras de estos servicios. En este trabajo tratamos de analizar las ventajas que supondría para España contar con una agencia de regulación similar a las existentes en numerosos países, tanto europeos como de América Latina.

Facultades de la Administración Autonómica en España en materia de comprobación de valores

Análisis del procedimiento tributario de comprobación de valores en los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas. Análisis desde el principio de legalidad tributaria.

La financiación autonómica en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana

La financiación de la Comuntitat Valenciana forma parte del llamado Régimen Común de Financiación diseñado por los arts. 157 y 158 de la Constitución española y desarrollado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y por los Estatutos de Autonomía. El artículo realiza un examen de esta financiación y de la evolución de la misma a través de las diferentes reformas de la LOFCA y de los Estatutos de Autonomía, con especial atención al Estatuto de la Comunitat Valenciana tras la reforma de 2006.

Validación de la versión española del cuestionario Physician Readiness To Manage Intimate Partner Violence Survey (PREMIS)

Fundamentos: El Physician Readiness to Manage Intimate Partner Violence Survey (PREMIS) es uno de los cuestionarios más completos en el contexto internacional para la valoración de la capacidad de respuesta frente a la violencia del compañero íntimo por los profesionales de Atención Primaria de Salud. El objetivo de este estudio fue determinar la fiabilidad, consistencia interna y validez de constructo de la versión española de este cuestionario. Métodos: Tras la traducción, retrotraducción y valoración de la validez de contenido del cuestionario, se distribuyeron en una muestra de 200 profesionales de medicina y enfermería de 15 centros de atención primaria de 4 Comunidades Autónomas en 2013 (Comunidad Valenciana, Castilla León, Murcia y Cantabria). Se calcularon los coeficientes alfa de Cronbach, los de correlación intraclase y rho de Spearman (test-retest). Resultados: la versión española del PREMIS incluyó 64 ítems. El coeficiente α de Cronbach fue superior a 0,7 o muy cercano a ese valor en la mayoría de los índices. Se obtuvo un coeficiente de correlación intraclase de 0,87 y un coeficiente de Spearman de 0,67 que muestran una fiabilidad alta. Todas las correlaciones observadas para la escala de opiniones, la única tratada como estructura factorial en el cuestionario PREMIS, fueron superiores a 0,30. Conclusiones: el PREMIS en español obtuvo una buena validez interna, alta fiabilidad y capacidad predictiva de las prácticas auto-referidas por médicos(as) y enfermeros(as) frente a casos de violencia del compañero íntimo en centros de atención primaria.

Renovación de la acreditación de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos laborales

El Máster universitario en prevención de riesgos laborales comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2012/13. En el curso 2015/16 se desarrollara la cuarta edición de esta titulación. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, señala en el artículo 27 que, una vez iniciada la implantación de las enseñanzas, la ANECA, o los órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios. Al Máster universitario en prevención de riesgos laborales le corresponde en el curso 2015/16 la renovación de su acreditación, en base a los resultados de la docencia de los cursos 2013/14 y 2014/15. Este proyecto se centra en la preparación de los datos necesarios para el informe de autoevaluación, que será necesario presentar para la evaluación externa de la renovación de la acreditación de la titulación.

Medidas autonómicas sobre los tributos propios y cedidos en un contexto de crisis económica y reforma fiscal

La presente colaboración contiene un pormenorizado estudio del ejercicio del poder tributario de las Comunidades Autónomas tanto en el ámbito de los tributos propios como de los tributos cedidos por el Estado. Se analizan, de este modo, las medidas adoptadas en los últimos años en materia de IRPF, ISD, IP, ITPAJD y tributos sobre el juego, además de las últimas tendencias normativas en relación con los tributos propios. El trabajo concluye con una reflexión acerca de la razón de ser y consecuencias de estas actuaciones normativas, enmarcadas en un contexto de crisis económica y reforma fiscal.

Una aproximación a los instrumentos económicos de las leyes del suelo del 2008 y 2015. ¿Hacia un cambio en el modelo de desarrollo en España?

Tras la aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2008 –Ley del Suelo–, nos encontramos ante un modelo territorial y un modelo de desarrollo, que acaba con el arcaico patrón de ciudad dispersa, encontrándose, no obstante, ante las gravísimas consecuencias espaciales generadas por la denominada “burbuja inmobiliaria”, unida a una crisis de consecuencias insospechadas, en el ámbito de la denominada globalización económica, de la que nuestro país no ha logrado sustraerse con Leyes vacías de instrumentos económicos que se han transferido a las Comunidades Autónomas, nos hallamos ante una oportunidad perdida fruto de una no siempre bien calculada descentralización. De este modo, en el presente artículo nos aproximamos a la importancia que muestran los denominados “instrumentos económicos” en la normativa que recoge los pormenores relacionados con el “suelo”, en España, en la primera de nuestras Leyes, la de 1956, en la de 2008 y en el recién aprobado Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana –Real Decreto Legislativo 7/2015–, en el ámbito estatal. Para ello, tras definir y valorar los enfoques conceptuales relativos al “suelo” y sus tipologías, se concretan y estudian los instrumentos económicos que se recogen en la Ley del Suelo española y su relación con las nuevas formas de “hacer ciudad”.

La generación puente: la educación de las jóvenes de origen marroquí. Un estudio sociológico

Esta tesis doctoral explora las percepciones que tienen las jóvenes estudiantes de origen marroquí sobre el sistema educativo, sobre sí mismas y sobre su particular manera de construir el vínculo social. Para afrontar estos objetivos se analiza, por una parte, cómo es el sistema educativo marroquí en el que han sido escolarizadas en una primera etapa la mayoría de las estudiantes, así como los cambios sociales que se están produciendo en Marruecos en los que las mujeres están teniendo un papel decisivo. Por otra parte, se explora cómo se ha ido produciendo la incorporación de estas jóvenes al sistema educativo español y cómo su presencia junto con la de todo el alumnado de origen inmigrante ha derivado en determinadas toma de decisiones respecto al tratamiento educativo de la diversidad cultural por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas. La opción metodológica adoptada para el análisis empírico ha sido la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) combinada principalmente con el concepto de entramado propuesto por Elias (1982). El trabajo de campo ha estado orientado fundamentalmente a la realización de entrevistas en profundidad a las jóvenes estudiantes, la mitad de ellas estudiantes universitarias, y al profesorado, educadores/as y mediadores/as de los institutos de educación secundaria con mayor presencia de alumnado femenino de origen marroquí. Del análisis de las experiencias educativas de las jóvenes, de sus inquietudes personales y de sus propuestas se pone de manifiesto la importancia de la condición de estudiantes en sus trayectorias vitales principalmente porque les permite pensarse a sí mismas y afirmar como mujeres con derecho a decidir sobre sus propias vidas. De ahí que haya en sus discursos una crítica a la deriva multiculturalista de la escuela al incidir en el respeto y reconocimiento de la identidad cultural y no tanto en la reivindicación de la igualdad y de la autonomía y libertad individuales. Las jóvenes reclaman que la institución educativa les permite un devenir similar al de la población autóctona sin ser encasilladas desde criterios comunitaristas. Reclaman, en definitiva, a la escuela la recuperación de los valores de la modernidad y una defensa sin fisuras de la igualdad entre hombres y mujeres.

Financiación autonómica en España

De una forma muy resumida, el artículo efectúa una revisión de los diferentes modelos de financiación autonómica en España y de los problemas ligados a la suficiencia financiera y al endeudamiento de las autonomías.