9 resultados para discriminación social


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Esta obra de investigación sociojurídica ahonda en el binomio derechos humanos y discapacidad, haciendo hincapié en cómo se reconoce el valor de la vida de las personas con discapacidad en las sociedades actuales. La primera parte de la obra se centra en la situación de invisibilidad, marginación y exclusión social y jurídica a la que se enfrentan estas personas; en la Teoría General de los Derechos Humanos; y en el análisis crítico sobre la normativa de Naciones Unidas, poniendo en evidencia sus carencias en lo que respecta a las personas con discapacidad. La segunda parte gira en torno al análisis del artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la toma de conciencia. La tesis de la obra parte y finaliza en este artículo y desde el mismo se desarrolla todo el análisis de la realidad social y jurídica. Se plantea cuál es la imagen que representa a los sujetos de derechos y cómo se debe transformar esa imagen para incluir todo el espectro de la diversidad humana; solo de esa forma la inclusión y el reconocimiento de la igualdad de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, será la consecuencia natural del reconocimiento pleno de su humanidad y sus derechos.

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El Cermi recibió en 2011 el mandato de realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. El documento que se reseña aquí corresponde al informe de 2012 y consta de cuatro partes. En la primera, se repasa la Convención artículo por artículo, señalándose las vulneraciones, buenas prácticas y resoluciones judiciales relativas a cada uno de ellos, así como propuestas de mejora. El segundo capítulo analiza estadísticamente las quejas recibidas por el Cermi y hace balance de la actuación de esta ONG en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El tercer apartado del documento examina los informes presentados en torno a esta cuestión por la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad, y los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos. Finalmente, se recoge el informe de la Clínica Jurídica llevada a cabo por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en torno al trato dispensado a un joven de nacionalidad marroquí con discapacidad sobrevenida.

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Con la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), el CERMI asumió las funciones de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención en España1. En el marco de estas funciones se elabora el sexto Informe de Derechos Humanos de España, correspondiente al año 2013. El informe se configura principalmente como una herramienta de divulgación de las situaciones de discriminación que todavía sufren las mujeres y los hombres con discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a los grupos de interés a través de la denuncia y reivindicación de los derechos que consagra la CDPD. Las fuentes de conocimiento son varias, principalmente: las consultas y denuncias recibidas en el propio CERMI como organismo independiente de seguimiento; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de la Entidad; las personas y entidades colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a los distintos ámbitos jurídicos; y las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales que han originado una investigación por parte del CERMI.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presenta, un año más, su informe sobre discapacidad y derechos humanos, que analiza la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de este colectivo. Al igual que en ediciones anteriores, se ha tomado como fuente las consultas y denuncias de vulneración de derechos de personas con discapacidad recibidas ante el propio Cermi; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de la entidad; las consultas y denuncias de personas y entidades colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a distintos ámbitos jurídicos; y las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales, así como la actividad de los diferentes operadores jurídicos.

El informe, correspondientea 2014, consta de cuatro partes. El capítulo central y el más extenso analiza la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, siguiendo el orden de los artículos de la Convención. El examen incorpora una síntesis del artículo, seguido de una descripción de la situación de las personas con discapacidad en ese ámbito; las vulneraciones o denuncias recibidas por el Cermi o por otros operadores jurídicos; los avances en el cumplimiento de los derechos, así como propuestas de mejora. El siguiente apartado del documento analiza los informes con consultas o quejas en torno a esta cuestión presentados por la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), y los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos. Finalmente, se recogen dos observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones relativas al igual reconocimiento como persona ante la ley, y a la accesibilidad.

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La misión del CERMI es articular y vertebrar el movimiento social español de la discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades. Dentro de esta misión, y en calidad de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante Convención o CDPD), se incardina este VIII Informe 2015 que describe la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

La inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho en igualdad de oportunidades, tal y como consagra la Convención, es una labor que le corresponde a toda la sociedad. Por ello, la información que contiene el presente informe permite, a través de la denuncia y la reivindicación, que los operadores jurídicos en particular y la sociedad en general, tomen conciencia de estas realidades vulneradas, y que por tanto puedan conocer los ámbitos de actuación necesaria y de respeto obligado.

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Históricamente, las personas con discapacidad han constituido un sector al que, sobre prejuicios anclados en el binomio normalidad/anormalidad, se le ha discriminado. Sin embargo, en diferentes partes del mundo está comenzando a emerger, de manera más visible, un movimiento de personas con discapacidad que en su proceso de afianzamiento como un sujeto social también está realizando aportes a la comprensión de formas de opresión que hasta muy recientemente no se consideraban como tales. En este contexto, el presente documento, que forma parte de una investigación amplia sobre discapacidad y colonialidad realizada en el sur de México, explora, a partir del uso de la teoría fundamentada, la ruta que ha seguido la transformación de las nociones sobre las personas con discapacidad como consecuencia de los movimientos sociales contemporáneos, llegando a la conclusión de que las nociones tradicionales han llevado a la exclusión de ese sector, entendiendo la exclusión como la “muerte social”.

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La inclusión social de personas con discapacidad (PcD) depende de múltiples factores económicos, sociales, políticos y culturales, que afectan su desarrollo social. Uno de los factores que genera mayor exclusión social, corresponde a las barreras actitudinales que se identifican en el entorno cercano. El objetivo de este artículo es identificar conocimientos, actitudes y prácticas de cuidadores primarios, acerca de la discapacidad y el cuidado que ofrecen a las PcD vinculadas a los servicios del Centro Ambulatorio Gustavo Escallón Cayzedo de la Fundación Santa Fe de Bogotá (CAGEC), en el municipio de Madrid, Cundinamarca.

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Este documento resume los resultados conseguidos por Cáritas Española, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano en el Programa Operativo “Lucha contra la Discriminación” del Fondo Social Europeo entre los años 2000 y 2015. Durante estos años estas cuatro entidades han atendido a 850.000 personas vulnerables y en situación de exclusión y han conseguido empleo para 230.000. Además han promovido más de 1.000 iniciativas de creación de empresas y empleo autónomo. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno Español, del efecto multiplicador de los recursos propios y del Fondo Social Europeo y a la creación de un entramado de apoyo con una amplia red de empresas e instituciones de todo tipo. Se trata de una iniciativa única en Europa que a lo largo de estos años ha recibido numerosos premios y reconocimientos y a la que la Comisión Europea ha reseñado en múltiples ocasiones como un ejemplo de buenas prácticas y de innovación social. La evaluación independiente de este programa, que ha movilizado casi 700 millones de Euros y que cuenta con un capital humano especializado de 1.600 profesionales y 29.000 voluntarios, ha demostrado que el empleo de estos recursos es una buena inversión social, pues por cada Euro invertido se produce un retorno de 1,4 Euros. Invertir en la inserción socio-laboral de los grupos vulnerables no solamente contribuye a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de aumentar el empleo y reducir la pobreza y exclusión social, sino que además contribuye a aumentar los ingresos públicos vía impuestos y cotizaciones sociales, supone un ahorro en el gasto social y contribuye a la dinamización de la economía. En el actual período de ejecución de 2014-2020, los Reglamentos exigen que el 20% de los recursos del FSE se dedique a personas vulnerables y en exclusión. La experiencia acumulada por estas cuatro entidades y su capacidad para dar respuesta a las necesidades de estos grupos, les sitúa como actores clave en la ejecución de las acciones del nuevo Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social.

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Esta investigación se enmarca dentro del programa Por Talento de la Fundación ONCE, como Organismo Intermedio durante el período de programación 2007-2013 del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). El objetivo principal consiste en desarrollar una investigación sobre la percepción que sobre las personas con discapacidad se tiene en el Eurobarómetro, con el fin de reorientar y/o potenciar, si así fuese necesario, las actividades de sensibilización y difusión, así como instrumento para la inclusión de indicadores sobre discapacidad de los futuros fondos estructurales. Las acciones a desarrollar serían las siguientes: 1. Análisis de las opciones que ofrece el Eurobarómetro en la actualidad para incorporar en la encuesta un módulo sobre la opinión de los europeos acerca de la inclusión social por medio del empleo de las personas con discapacidad. 2. Elaboración del módulo de encuesta, de acuerdo con las directrices del Eurobarómetro y explotación de resultados, y de un informe de donde y a quién presentar dichos resultados.