2 resultados para Gasto público de administración y programas de bienestar


Relevância:

100.00% 100.00%

Publicador:

Resumo:

Frente a visiones, muchas de ellas en proceso de revisión en estos momentos, que privilegiaban el papel de los poderes públicos y singularmente del Estado, como expresión prominente de todos ellos, en la gestión y decisión de los asuntos públicos y en la dirección casi en exclusiva de la vida en comunidad, han ido surgiendo otros enfoques de pensamiento y de análisis social que sin negar la relevancia de lo público estatal, señalan el creciente protagonismo de la sociedad civil. Comienza a hablarse de corresponsabilidad entre los gobiernos y las instancias civiles y cívicas, cuyo auge podría denotar una mayor calidad de las sociedades democráticas. La sociedad civil, término a veces difuso de tan amplio, parece estar llamada a detentar más peso político y a asumir para sí, desencadenando espirales inéditas en los procesos sociales, responsabilidades en los grandes asuntos de interés para la comunidad. Bienes sociales como el de la inclusión de grupos ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sería el caso de las personas con discapacidad y sus familias, son un campo abonado para el desempeño de la sociedad civil, considerada la debilidad del Estado para dar satisfacción a sus necesidades de ejercicio efectivo de derechos y acceso al bienestar. Dentro de la sociedad civil articulada, la contribución de un sector tan cualificado como el de las fundaciones, es también especialmente significativo. Las cuestiones anteriores son examinadas en esta obra colectiva, cuyos vectores de análisis vienen definidos por la sociedad civil, la inclusión social y el sector fundacional. Una aportación bibliográfica de mérito, resultado de la contribución de personas especialistas en los respectivos ámbitos de examen, que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad han querido publicar para reconocer la trayectoria vital comprometida y fecunda de Carlos Álvarez, dirigente cívico que ha proyectado su rico caudal de mejora y reforma sociales a través de ese dispositivo tan valioso que es la fórmula fundacional.

Relevância:

100.00% 100.00%

Publicador:

Resumo:

¿Pueden las personas con discapacidad estudiar o trabajar en las universidades del Estado en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía?. Para contestar a esta pregunta, la Fundación Universia y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) realizaron en 2012 una encuesta dirigida a los centros de educación superior, que se ha vuelto a llevar a cabo en 2014 con una novedad importante: un cuestionario adicional que recoge las opiniones del alumnado con discapacidad. En esta segunda edición del estudio han participado 59 universidades (11 más que en la primera), y 426 alumnas y alumnos.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, en 2014, las personas con discapacidad que cursaban estudios universitarios en las universidades señaladas suponían el 1,3% del alumnado de los títulos de grado, el 1,2% de los de posgrado y el 0,6% de los de doctorado. No obstante, las universidades señalaban dificultades para cifrar el volumen de esta población y sus características, en buena parte porque el alumnado no comunicaba su discapacidad (un 60% decía no utilizar los servicios de apoyo). El perfil de miembro de la comunidad universitaria con discapacidad es el de un hombre con discapacidad física matriculado en una carrera del área de ciencias sociales y jurídicas, salvo en el caso del doctorado, donde predominan las mujeres con discapacidad física que optan por estudios de artes y humanidades. En cuanto al personal docente e investigador, y el personal de administración y servicios, la proporción de personas con discapacidad era del 0,6% y el 1,7%, respectivamente, y a este respecto, cabe señalar que el 31% de las universidades declaraban aplicar medidas de discriminación positiva para favorecer su incorporación a las plantillas. En lo que respecta a la formación del profesorado en materia de discapacidad, el 37% de las universidades afirmaban que esta materia estaba incluida de forma transversal en sus programas formativos.