La discapacidad en las estadísticas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2011 (declaración 2012)

La finalidad principal de este trabajo es proporcionar información acerca de la incidencia social y económica del fenómeno de la discapacidad, tal y como se deduce de las estadísticas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), elaboradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) y, en particular, de la Muestra preparada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), a partir de las declaraciones-liquidaciones que, de manera anual, presentan los contribuyentes del Impuesto. Los datos estadísticos son los correspondientes al ejercicio 2011, declaración 2012, pues a ellos hacen referencia las estadísticas proporcionadas por el IEF, cuya Muestra de declarantes se ha utilizado profusamente en este trabajo y sin cuyo esfuerzo, contribución y apoyo este informe no hubiera podido llevarse a cabo 1. Además de proporcionar información desglosada de estas estadísticas, utilizando como eje la variable discapacidad, se trata, asimismo, de analizarlas y, en particular, de extraer conclusiones que permitan comprender mejor las relaciones entre el fenómeno social de la discapacidad en España y el impuesto, sin duda, de mayor incidencia social, económica y política de nuestro sistema tributario, el IRPF.

Invertir es revertir: el empleo de las personas vulnerables es una inversión social rentable

Este documento resume los resultados conseguidos por Cáritas Española, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano en el Programa Operativo “Lucha contra la Discriminación” del Fondo Social Europeo entre los años 2000 y 2015. Durante estos años estas cuatro entidades han atendido a 850.000 personas vulnerables y en situación de exclusión y han conseguido empleo para 230.000. Además han promovido más de 1.000 iniciativas de creación de empresas y empleo autónomo. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno Español, del efecto multiplicador de los recursos propios y del Fondo Social Europeo y a la creación de un entramado de apoyo con una amplia red de empresas e instituciones de todo tipo. Se trata de una iniciativa única en Europa que a lo largo de estos años ha recibido numerosos premios y reconocimientos y a la que la Comisión Europea ha reseñado en múltiples ocasiones como un ejemplo de buenas prácticas y de innovación social. La evaluación independiente de este programa, que ha movilizado casi 700 millones de Euros y que cuenta con un capital humano especializado de 1.600 profesionales y 29.000 voluntarios, ha demostrado que el empleo de estos recursos es una buena inversión social, pues por cada Euro invertido se produce un retorno de 1,4 Euros. Invertir en la inserción socio-laboral de los grupos vulnerables no solamente contribuye a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de aumentar el empleo y reducir la pobreza y exclusión social, sino que además contribuye a aumentar los ingresos públicos vía impuestos y cotizaciones sociales, supone un ahorro en el gasto social y contribuye a la dinamización de la economía. En el actual período de ejecución de 2014-2020, los Reglamentos exigen que el 20% de los recursos del FSE se dedique a personas vulnerables y en exclusión. La experiencia acumulada por estas cuatro entidades y su capacidad para dar respuesta a las necesidades de estos grupos, les sitúa como actores clave en la ejecución de las acciones del nuevo Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social.

Principales beneficios fiscales para las personas con discapacidad y sus familias. Guía informativa

El objeto del presente documento es recopilar de forma resumida las principales medidas fiscales que nuestro ordenamiento jurídico tributario prevé en relación con las personas con discapacidad y sus familias. Su carácter es meramente informativo y en ningún caso puede ser considerado como un asesoramiento tributario. No recoge la normativa específica de los Territorios Forales (Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra), ni la normativa propia de cada Comunidad Autónoma que, en función de las competencias que tienen atribuidas, podrán haber regulado beneficios en relación con la discapacidad.