Informe Olivenza 2014, sobre la discapacidad en España (versión preliminar, sometida a revisión)

Este informe ha sido elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) y realiza una revisión exhaustiva de la situación de las personas con discapacidad en España para el año 2014. Por un lado, analiza los cambios existentes en el marco normativo de nuestro país en relación con el colectivo y el grado de cumplimento de los diferentes aspectos jurídicos y legales dirigidos al mismo. Por otro lado, realiza una completa descripción estadística de la situación de las personas con discapacidad a través de un conjunto amplio de fuentes estadísticas, proponiendo un sistema de indicadores que permite medir el grado en el que este colectivo participa en la vida económica y social y, en particular, evaluar las desigualdades sociales que existen entre las personas con discapacidad y el resto de la población.

La discapacidad intelectual y el ámbito penitenciario

Este estudio pretende determinar la prevalencia de discapacidad intelectual en una muestra de la población penitenciaria española, ubicada en módulos residenciales. Se pretende, por otro lado, obtener datos sobre la prevalencia de discapacidad intelectual en unidades y hospitales psiquiátricos penitenciarios.

Discapacidad intelectual y salud mental: trabajo en red. Guía para la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y alteraciones de la salud mental y/o del comportamiento

Esta guía, elaborada por la Dirección General de Personas con Discapacidad y el Servicio Andaluz de Salud, tiene como objetivo, a través del trabajo conjunto de todos los sectores y ámbitos de atención implicados, favorecer la prevención, lograr un mejor pronóstico y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Se ha desarrollado con las aportaciones y el consenso de un grupo de profesionales con amplia experiencia en la atención a estas personas en diferentes ámbitos de actuación, principalmente en el social, sanitario y educativo. Se trata de una herramienta para facilitar la labor de los profesionales y proporcionar información sobre sus derechos a las personas con discapacidad intelectual y a aquellos que las tutelan.