10 resultados para INDÍGENAS DEL GUAVIARE (COLOMBIA) - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES

em RIBERDIS - Repositorio IBERoamericano sobre DIScapacidad - Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD)


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Documento elaborado por CERMI en el que se hace un resumen de las propuestas sociales dirigidas a la defensa y el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de convertirse en compromisos adquiridos por los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 26 de junio de 2016. Hace hincapié en la accesibilidad, la inclusión laboral y educativa, la autonomía personal, el espacio socio-sanitario, las mujeres con discapacidad y la imagen social, entre otros temas.

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En este documento se presentan los hallazgos de las categorías Estado y ciudadanía derivados del estudio. Análisis histórico de la construcción política de la categoría discapacidad en Colombia con el objetivo de reconstruir la historia de los acontecimientos sociales que determinaron las transformaciones sociopolíticas de la discapacidad entre los años 1986 y 2012.

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Estudio esclarecedor y certero que partiendo del análisis de la discapacidad desde una visión de derechos fundamentales, tal y como recoge nuestra Constitución, desarrolla un serio trabajo de investigación sobre materias que hasta el momento todavía no han sido tratadas adecuadamente por el legislador, como son el aborto por razón de discapacidad, la esterilización no consentida, la participación política y la restricción del derecho de sufragio, y el derecho a la educación inclusiva.

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El Cermi recibió en 2011 el mandato de realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. El documento que se reseña aquí corresponde al informe de 2012 y consta de cuatro partes. En la primera, se repasa la Convención artículo por artículo, señalándose las vulneraciones, buenas prácticas y resoluciones judiciales relativas a cada uno de ellos, así como propuestas de mejora. El segundo capítulo analiza estadísticamente las quejas recibidas por el Cermi y hace balance de la actuación de esta ONG en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El tercer apartado del documento examina los informes presentados en torno a esta cuestión por la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad, y los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos. Finalmente, se recoge el informe de la Clínica Jurídica llevada a cabo por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en torno al trato dispensado a un joven de nacionalidad marroquí con discapacidad sobrevenida.

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Con la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), el CERMI asumió las funciones de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención en España1. En el marco de estas funciones se elabora el sexto Informe de Derechos Humanos de España, correspondiente al año 2013. El informe se configura principalmente como una herramienta de divulgación de las situaciones de discriminación que todavía sufren las mujeres y los hombres con discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a los grupos de interés a través de la denuncia y reivindicación de los derechos que consagra la CDPD. Las fuentes de conocimiento son varias, principalmente: las consultas y denuncias recibidas en el propio CERMI como organismo independiente de seguimiento; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de la Entidad; las personas y entidades colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a los distintos ámbitos jurídicos; y las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales que han originado una investigación por parte del CERMI.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presenta, un año más, su informe sobre discapacidad y derechos humanos, que analiza la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de este colectivo. Al igual que en ediciones anteriores, se ha tomado como fuente las consultas y denuncias de vulneración de derechos de personas con discapacidad recibidas ante el propio Cermi; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de la entidad; las consultas y denuncias de personas y entidades colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a distintos ámbitos jurídicos; y las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales, así como la actividad de los diferentes operadores jurídicos.

El informe, correspondientea 2014, consta de cuatro partes. El capítulo central y el más extenso analiza la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, siguiendo el orden de los artículos de la Convención. El examen incorpora una síntesis del artículo, seguido de una descripción de la situación de las personas con discapacidad en ese ámbito; las vulneraciones o denuncias recibidas por el Cermi o por otros operadores jurídicos; los avances en el cumplimiento de los derechos, así como propuestas de mejora. El siguiente apartado del documento analiza los informes con consultas o quejas en torno a esta cuestión presentados por la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), y los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos. Finalmente, se recogen dos observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones relativas al igual reconocimiento como persona ante la ley, y a la accesibilidad.

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La misión del CERMI es articular y vertebrar el movimiento social español de la discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades. Dentro de esta misión, y en calidad de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante Convención o CDPD), se incardina este VIII Informe 2015 que describe la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

La inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho en igualdad de oportunidades, tal y como consagra la Convención, es una labor que le corresponde a toda la sociedad. Por ello, la información que contiene el presente informe permite, a través de la denuncia y la reivindicación, que los operadores jurídicos en particular y la sociedad en general, tomen conciencia de estas realidades vulneradas, y que por tanto puedan conocer los ámbitos de actuación necesaria y de respeto obligado.

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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) tiene encomendada la competencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, así como de las prestaciones sociales y económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los minusválidos, sin perjuicio de que aquella sea llevada a cabo por las Comunidades Autónomas que hayan asumido las funciones y servicios de este Instituto. Como consecuencia del ejercicio de esas competencias, el Imserso dispone de una amplia información respecto a las prestaciones indicadas. El estudio de dicha información y, en concreto de aquellas variables que permiten definir el perfil del beneficiario tipo de las prestaciones indicadas a diciembre de 2012 se configura como el principal objeto de esta publicación, en la que partiendo de los resultados globales obtenidos para el conjunto del Estado español, se efectúa un análisis comparativo respecto a las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.

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Los trastornos en el desarrollo psicomotor en la primera infancia van a afectar aproximadamente al 10 por ciento de los niños/as (Alvarez, Soria & Galbe, 2009). Éstos van a servir en unas ocasiones sólo como una señal de alerta del estado de salud del niño y en otras, como indicadores del desarrollo futuro. Por ello, las organizaciones profesionales y las entidades públicas responsables de la salud infantil, han desarrollado programas específicos de control del desarrollo en el niño (Council of children with disabilities; Section on Developmental Behavioral Pediatrics, 2006), en los que se especifica la conveniencia de utilizar sistemas de “screening” o detección precoz de forma sistemática y generalizada. El problema radica en la escasez de instrumentos de detección debidamente validados o de la falta de accesibilidad a los mismos. El objetivo del proyecto, recogido en esta publicación, fue construir y validar un sistema de detección de trastornos del desarrollo fácilmente aplicable no sólo por los profesionales, sino también por los padres. Los autores han demostrado empíricamente la validez y fiabilidad de este Sistema de Detección Precoz de Trastornos del Desarrollo (SDPTD), así como la aplicación práctica y accesibilidad de la herramienta, disponible en soporte web y accesible tanto para profesionales como para el entorno familiar (madres, padres y otros cuidadores). Con respecto a las áreas del desarrollo a evaluar, dado que el desarrollo del niño es global, se tomó una muestra de todas las áreas del desarrollo evaluables: área motora, área socio-emocional, área de comunicación y lenguaje y área cognitiva. Es importante destacar que estas son las áreas de evaluación utilizadas en la inmensa mayoría de escalas del desarrollo y predicen en gran medida el desarrollo evolutivo del niño.

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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) tiene encomendada la competencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, así como de las prestaciones sociales y económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los minusválidos, sin perjuicio de que aquella sea llevada a cabo por las Comunidades Autónomas que hayan asumido las funciones y servicios de este Instituto. Como consecuencia del ejercicio de esas competencias, el Imserso dispone de una amplia información respecto a las prestaciones indicadas. El estudio de dicha información y, en concreto de aquellas variables que permiten definir el perfil del beneficiario tipo de las prestaciones indicadas a diciembre de 2012 se configura como el principal objeto de esta publicación, en la que partiendo de los resultados globales obtenidos para el conjunto del Estado español, se efectúa un análisis comparativo respecto a las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.