Perfil del pensionista no contributivo de la Seguridad Social y del beneficiario de prestaciones sociales y económicas de la LISMI. Diciembre 2012

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) tiene encomendada la competencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, así como de las prestaciones sociales y económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los minusválidos, sin perjuicio de que aquella sea llevada a cabo por las Comunidades Autónomas que hayan asumido las funciones y servicios de este Instituto. Como consecuencia del ejercicio de esas competencias, el Imserso dispone de una amplia información respecto a las prestaciones indicadas. El estudio de dicha información y, en concreto de aquellas variables que permiten definir el perfil del beneficiario tipo de las prestaciones indicadas a diciembre de 2012 se configura como el principal objeto de esta publicación, en la que partiendo de los resultados globales obtenidos para el conjunto del Estado español, se efectúa un análisis comparativo respecto a las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.

Perfil del pensionista no contributivo de la Seguridad Social y del beneficiario de prestaciones sociales y económicas de la LISMI. Diciembre 2012

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) tiene encomendada la competencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, así como de las prestaciones sociales y económicas derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los minusválidos, sin perjuicio de que aquella sea llevada a cabo por las Comunidades Autónomas que hayan asumido las funciones y servicios de este Instituto. Como consecuencia del ejercicio de esas competencias, el Imserso dispone de una amplia información respecto a las prestaciones indicadas. El estudio de dicha información y, en concreto de aquellas variables que permiten definir el perfil del beneficiario tipo de las prestaciones indicadas a diciembre de 2012 se configura como el principal objeto de esta publicación, en la que partiendo de los resultados globales obtenidos para el conjunto del Estado español, se efectúa un análisis comparativo respecto a las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.

Capaces de todo. Universidad y discapacidad. II Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la discapacidad

¿Pueden las personas con discapacidad estudiar o trabajar en las universidades del Estado en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía?. Para contestar a esta pregunta, la Fundación Universia y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) realizaron en 2012 una encuesta dirigida a los centros de educación superior, que se ha vuelto a llevar a cabo en 2014 con una novedad importante: un cuestionario adicional que recoge las opiniones del alumnado con discapacidad. En esta segunda edición del estudio han participado 59 universidades (11 más que en la primera), y 426 alumnas y alumnos.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, en 2014, las personas con discapacidad que cursaban estudios universitarios en las universidades señaladas suponían el 1,3% del alumnado de los títulos de grado, el 1,2% de los de posgrado y el 0,6% de los de doctorado. No obstante, las universidades señalaban dificultades para cifrar el volumen de esta población y sus características, en buena parte porque el alumnado no comunicaba su discapacidad (un 60% decía no utilizar los servicios de apoyo). El perfil de miembro de la comunidad universitaria con discapacidad es el de un hombre con discapacidad física matriculado en una carrera del área de ciencias sociales y jurídicas, salvo en el caso del doctorado, donde predominan las mujeres con discapacidad física que optan por estudios de artes y humanidades. En cuanto al personal docente e investigador, y el personal de administración y servicios, la proporción de personas con discapacidad era del 0,6% y el 1,7%, respectivamente, y a este respecto, cabe señalar que el 31% de las universidades declaraban aplicar medidas de discriminación positiva para favorecer su incorporación a las plantillas. En lo que respecta a la formación del profesorado en materia de discapacidad, el 37% de las universidades afirmaban que esta materia estaba incluida de forma transversal en sus programas formativos.