Neurociencia, discapacidad intelectual y biopolítica

El autor explica el concepto de biopolítica, introducido por Foucault, como el conjunto de estrategias de poder que desarrolla el Estado para ejercer un control exhaustivo sobre la vida. Considera que la conducta anormal y/o patológica es en buena medida un producto social y un instrumento de poder, y que el poder utiliza la biopolítica para controlar la felicidad de la gente. No puede negarse que la discapacidad intelectual es un trastorno biológico multifactorial. Lo importante no es el trastorno sino lo que hacemos con la persona que viene a este mundo con él: y aquí sí que intervienen, y mucho, las ideologías, las creencias, los prejuicios y demás artefactos sociales. Pero no es lícito introducir sospechas sobre la neurociencia “a priori” cuando ésta aborda la realidad de la discapacidad. Y por eso, desde la Bioética debemos estar atentos a qué Bioderecho se promulga y de qué manera tratan nuestras autoridades a estas personas (Biopolítica). La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es un magnífico ejemplo de cuanto el autor expone, porque detrás de ella hay una profunda reflexión bioética, un adecuado ejercicio biopolítico que finalmente fraguaron en un valioso instrumento jurídico.

Guía sobre estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad (RSC-D) para las Administraciones y resto del Sector Público

El CERMI, tras la publicación de distintos trabajos y una trayectoria ya de unos cuantos años de interés en la RSC participando, entre otras cosas, en el proyecto de la Fundación Bequal, que seguramente es el futuro de la RSC y la discapacidad, para completar esos trabajos se plantea cómo implantar medidas de RSC Discapacidad en las administraciones públicas. Esta es una guía que pretende ayudar a las administraciones públicas a incluir la discapacidad en su gestión. En esta guía se trabaja con seis líneas de actuación, la primera tiene que ver con el buen gobierno, con la adopción de códigos éticos, no solo adoptarlo sino que sea conocido por la gente, comprensible y aplicable y para eso es importante tener un comité de seguimiento, con un canal de denuncias que sea perfectamente confidencial para que la gente no tenga ningún reparo en denunciar. La segunda línea de actuación es la adhesión a iniciativas de RSC, por los beneficios claros que eso aporta. La tercera línea tiene que ver con el acceso al empleo, desde las cuotas de reserva hasta los protocolos de acogida y todo el desarrollo en igualdad de condiciones de una carrera profesional y del trabajo de personas con discapacidad. La cuarta línea es la contratación pública socialmente responsable, que tiene que ver con la inclusión de cláusulas sociales y con el traslado a la cadena de suministros de la responsabilidad social del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley por parte de las empresas, para nosotros sería una política social de incalculable valor. La quinta línea, la atención a los ciudadanos y la sexta línea, las memorias e informes de lo que hacen y aquí también propone que en la medida de lo posible adopten el modelo GRI, con el que la Fundación ONCE, en colaboración con el CERMI, ha pactado para incluir indicadores de discapacidad.