Uguaglianza e differenza di genere nella riforma del diritto di famiglia: una lettura luhmanniana

La igualdad ante la ley es uno de los derechos fundamentales de las Constituciones modernas. Sin embargo, hay algo más. De hecho podría decirse que los modernos sistemas jurídicos se han ido formando alrededor de la idea de igualdad. El valor de la igualdad parece expresar una manera común de entender las relaciones humanas, especialmente en el caso de la igualdad de género, expresamente mencionado por el artículo de las Constituciones democráticas modernas que se refiere al principio de igualdad ante la ley. El presente estudio trata esa forma específica de igualdad que se caracteriza por la paradoja de querer tratar como igual lo que es diferente, o sea, de hacer distinciones sin discriminar. Con este fin nos referimos al enfoque jurídico y al enfoque político del tema como se encuentran en la reforma del derecho de familia. No es un problema de una específica legislación nacional, sino más bien una versión específica de un problema de nivel general. Se trata de la imposibilidad de construir como indistinguible lo que es diferente. El intento político de reformar el derecho de familia para implementar el principio constitucional de igualdad no consigue resolver el problema. Éste vuelve a aparecer por la imposibilidad que el derecho funcione sin crear diferencias. Al mismo tiempo, surgen problemas nuevos relacionado con formas nuevas de organizar la vida familiar.

Ensayo ganador del VII premio Enrique Ruano Casanova: La presencia del crucifijo en las aulas. Jurisprudencia nacional y europea

Cuando se aprueba la Constitución Española en 1978, España se convierte en un Estado aconfesional, reconociendo por primera vez un verdadero derecho de libertad religiosa de todos los individuos. Precisamente, el ejercicio de esta libertad en una situación de igualdad ha originado diversas polémicas desde que se instauró la democracia. Una de las controversias que más repercusión ha tenido en los últimos años viene determinada por la presencia de los crucifijos u otros símbolos en las aulas de algunos colegios públicos, cuestión que ha sido abordada por los tribunales españoles, así como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.