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La intervención de un extensionista - ingeniero agrónomo de la Agencia de Extensión Rural Orán, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria/INTA- en el territorio de una Comunidad Tupí Guaraní del norte salteño, exige una profunda revisión de antecedentes dando lugar a reflexiones, interrogantes y propuestas relacionadas con distintos aspectos del trabajo de campo que trascienden a esta situación en particular. Esto está aquí directamente relacionado a la evolución y al desarrollo de esta zona de históricos conflictos de intereses, desigualdad social creciente y fuertes procesos de aculturación. Incluso existen contradicciones dentro de las instancias del Estado relacionadas con el desarrollo rural, en donde el INTA no constituye una excepción, generándose arduas discusiones internas. En este escenario, la praxis destaca la importancia de las técnicas participativas como la mejor metodología para sustentar procesos de desarrollo local, ya que es en terreno se debe trabajar dentro de un proceso de pérdida de la percepción social -pero más importante aún, de la propia percepción- en la que los pueblos originarios se consideren como un actor más. Entonces es desde la revalorización de las propias capacidades y posibilidades de la comunidad que se analiza una experiencia que refleja cómo, a partir del único agente del estado presente en terreno, se intenta avanzar en la trasformación de la realidad en donde se ve naturalizada y no problematizada la diferencia en la distribución de los ingresos y la pobreza estructural. El comienzo de la intervención, por lo tanto, se inició con la identificación clara de una amenaza -el avance de la erosión del río sobre la seguridad y posesiones de los campesinos/aborígenes- lo cual creó la necesidad ineludible de trabajar comunitariamente. Esta coyuntura generó la necesidad de organizarse para llevar a cabo el proyecto necesario para superar la emergencia, que gracias a la forma participativa de encarar el trabajo, así como el trabajo inter-institucional de los técnicos del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y del INTA, confluyeron en crear un capital social entre productores y técnicos/instituciones. La articulación interinstitucional lograda hizo posible la formulación y ejecución en forma participativa de un proyecto evaluado satisfactoriamente -social e institucionalmente-, ya que posibilitó controlar la erosión fluvial evitando nuevas pérdidas de tierras, fortaleciendo a la vez a la organización comunitaria y los vínculos con distintos actores públicos, revalorizando sus propias capacidades.