Políticas públicas dirigidas a organizaciones indígenas en la provincia de Tucumán, Argentina, durante el período 2000 - 2010

En la República Argentina habitan en la actualidad aproximadamente 18 pueblos indígenas registrados, pertenecientes a diversas etnias. Muchos de éstos son parte de los llamados beneficiarios de proyectos y/o programas generados principalmente desde el Estado. Dichas iniciativas han tenido diferentes efectos en las organizaciones indígenas, como en los aspectos productivos al interior de las comunidades. La provincia de Tucumán cuenta con 17 comunidades indígenas organizadas, las cuales han formado parte de los procesos mencionados. En el presente trabajo se abordan desde una mirada cualitativa los efectos que estas políticas públicas tuvieron en los pueblos originarios en las dimensiones socio-organizacionales y técnico-productivas, durante el periodo 2000-2010. Específicamente, se realizó esta investigación desde el método de estudio de caso, para lo cual se tomaron como referencia cuatro pueblos indígenas ubicados en diferentes zonas de la provincia de Tucumán. Los resultados obtenidos reflejan un escenario complejo donde existen diversos actores con su problemática particular y que en la mayoría de los casos poseen objetivos diferentes. Sin embargo estos actores interactúan entre si y en muchos casos se necesitan unos de otros. Este trabajo intenta visibilizar la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas tucumanas, su relación con el Estado, y en este contexto las interrelaciones que se dan entre las partes. Las conclusiones no son absolutas, y permiten indagar o reflexionar acerca de la cuestión indígena en torno a su relación con el Estado, los equipos técnicos y hacia el interior de los propios pueblos originarios

Políticas públicas dirigidas a organizaciones indígenas en la provincia de Tucumán, Argentina, durante el período 2000 - 2010

En la República Argentina habitan en la actualidad aproximadamente 18 pueblos indígenas registrados, pertenecientes a diversas etnias. Muchos de éstos son parte de los llamados beneficiarios de proyectos y/o programas generados principalmente desde el Estado. Dichas iniciativas han tenido diferentes efectos en las organizaciones indígenas, como en los aspectos productivos al interior de las comunidades. La provincia de Tucumán cuenta con 17 comunidades indígenas organizadas, las cuales han formado parte de los procesos mencionados. En el presente trabajo se abordan desde una mirada cualitativa los efectos que estas políticas públicas tuvieron en los pueblos originarios en las dimensiones socio-organizacionales y técnico-productivas, durante el periodo 2000-2010. Específicamente, se realizó esta investigación desde el método de estudio de caso, para lo cual se tomaron como referencia cuatro pueblos indígenas ubicados en diferentes zonas de la provincia de Tucumán. Los resultados obtenidos reflejan un escenario complejo donde existen diversos actores con su problemática particular y que en la mayoría de los casos poseen objetivos diferentes. Sin embargo estos actores interactúan entre si y en muchos casos se necesitan unos de otros. Este trabajo intenta visibilizar la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas tucumanas, su relación con el Estado, y en este contexto las interrelaciones que se dan entre las partes. Las conclusiones no son absolutas, y permiten indagar o reflexionar acerca de la cuestión indígena en torno a su relación con el Estado, los equipos técnicos y hacia el interior de los propios pueblos originarios

El rol del facilitador más allá del de ingeniero agrónomo : una experiencia de intervención comunitaria con pueblos originarios

La intervención de un extensionista - ingeniero agrónomo de la Agencia de Extensión Rural Orán, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria/INTA- en el territorio de una Comunidad Tupí Guaraní del norte salteño, exige una profunda revisión de antecedentes dando lugar a reflexiones, interrogantes y propuestas relacionadas con distintos aspectos del trabajo de campo que trascienden a esta situación en particular. Esto está aquí directamente relacionado a la evolución y al desarrollo de esta zona de históricos conflictos de intereses, desigualdad social creciente y fuertes procesos de aculturación. Incluso existen contradicciones dentro de las instancias del Estado relacionadas con el desarrollo rural, en donde el INTA no constituye una excepción, generándose arduas discusiones internas. En este escenario, la praxis destaca la importancia de las técnicas participativas como la mejor metodología para sustentar procesos de desarrollo local, ya que es en terreno se debe trabajar dentro de un proceso de pérdida de la percepción social -pero más importante aún, de la propia percepción- en la que los pueblos originarios se consideren como un actor más. Entonces es desde la revalorización de las propias capacidades y posibilidades de la comunidad que se analiza una experiencia que refleja cómo, a partir del único agente del estado presente en terreno, se intenta avanzar en la trasformación de la realidad en donde se ve naturalizada y no problematizada la diferencia en la distribución de los ingresos y la pobreza estructural. El comienzo de la intervención, por lo tanto, se inició con la identificación clara de una amenaza -el avance de la erosión del río sobre la seguridad y posesiones de los campesinos/aborígenes- lo cual creó la necesidad ineludible de trabajar comunitariamente. Esta coyuntura generó la necesidad de organizarse para llevar a cabo el proyecto necesario para superar la emergencia, que gracias a la forma participativa de encarar el trabajo, así como el trabajo inter-institucional de los técnicos del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y del INTA, confluyeron en crear un capital social entre productores y técnicos/instituciones. La articulación interinstitucional lograda hizo posible la formulación y ejecución en forma participativa de un proyecto evaluado satisfactoriamente -social e institucionalmente-, ya que posibilitó controlar la erosión fluvial evitando nuevas pérdidas de tierras, fortaleciendo a la vez a la organización comunitaria y los vínculos con distintos actores públicos, revalorizando sus propias capacidades.