Desafíos para la construcción de una política de ordenamiento territorial en la Argentina

En la actualidad, uno de los procesos con mayor impacto ambiental y social en Latinoamérica es el cambio de usos del suelo, provocado por el aumento de la demanda global de alimentos y biocombustibles. Este cambio antropogénico se concreta en el territorio a partir de la reconfiguración espacial de la producción y de la expansión de la frontera agropecuaria. La situación planteada se reproduce a nivel nacional y, con sus particularidades, en la Provincia de La Pampa. En este marco, la formulación de políticas de ordenamiento territorial (OT) se posiciona como una tarea indelegable del Estado. Sin embargo, al momento, nuestro país no cuenta con una arquitectura conceptual, normativa e institucional propia y la participación social no tiene un impacto real en el diseño, implementación y evaluación de las estrategias de intervención. Ante el contexto presentado, el objetivo general de la investigación es contribuir a la reflexión crítica acerca del ordenamiento territorial como herramienta de política pública que permitiría avanzar en la construcción participativa de un modelo de desarrollo sustentable. El tema se analiza a partir de una extensa revisión bibliográfica, del análisis de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PNDT), y de la experiencia adquirida durante nuestra intervención en el Departamento Loventué, Provincia de La Pampa. La construcción de una política de OT en Argentina requiere avanzar hacia contextos de mayor precisión conceptual, así como en la delimitación de las competencias institucionales, lo que permitiría clarificar la especificidad de los campos de acción, facilitando su inserción en una estructura político-institucional que le asigne fuentes específicas de financiamiento. Por su parte, la activa participación social facilita el acercamiento entre las aspiraciones territoriales que sustentan los cuadros técnicos y los imaginarios sociales acerca del territorio, al tiempo que fortalece la legitimidad simbólica de la regulación jurídico-política del ordenamiento territorial.