El mercado de carbono y el mecanismo de desarrollo limpio : caso Granja Tres Arroyos S.A. : un análisis desde la Nueva Economía Institucional

El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la tierra debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Estos gases son producidos por actividades de generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la industria y el manejo de los residuos. El aumento de GEI en la atmósfera provoca cambios climáticos e impactos en un sinfín de actividades humanas, en la productividad de la agricultura y ganadería, en la infraestructura y turismo, y también daños en la salud. La comunidad científica considera que el aumento de la temperatura para el fin del siglo debería ubicarse en los 2° C, para de esta forma poder limitar los impactos del cambio climático. Ello implicaría restringir las concentraciones de los GEI en valores cercanos a los 450 ppm (partes por millón). El problema económico del cambio climático subyace en que las emisiones de GEI constituyen una externalidad global. Una externalidad ocurre cuando la producción o consumo de un bien afecta a terceros que no participan directamente en su producción, venta o compra. Cuando hay presencia de externalidades, los precios de mercado no reflejan todos los costos ni beneficios sociales asociados a la producción de un bien. En el caso puntual del cambio climático, los emisores de GEI no asumen el costo de emitir gases a la atmósfera. Existen diferentes instrumentos de política ambiental que influyen en la percepción del recurso ambiental por parte del agente económico y que por ende, se reflejan en las decisiones económicas que ellos toman. Todos ellos tienen por objetivo asignar un precio/costo al recurso ambiental. El objetivo de los mercados de emisiones es asignar un precio al carbono. En ellos, se intercambian derechos a emitir cierta cantidad de GEI. El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es un instrumento de mercado definido en el Acuerdo de Marrakech bajo el marco institucional del Protocolo de Kyoto (PK). El MDL establece que un país Anexo I (país desarrollado), con compromisos de reducción de emisiones, invierta en proyectos de reducción o captación de emisiones en un país No Anexo I (país en desarrollo sin compromisos de reducción), mediante la compra de reducciones certificadas de emisiones (RCEs) generados a partir de la implementación de los proyectos. Argentina ratificó el PK a través de la ley nacional 25.438 en el 2001. Como el país se encuentra comprendido en las Partes No Anexo I, sólo puede participar como país anfitrión de un proyecto MDL y ser oferente de RCEs. Hasta la fecha, Argentina desarrolló 65 proyectos que se encuentran en distinta etapa de aprobación nacional o registro internacional. La mayoría corresponden a proyectos vinculados con rellenos sanitarios y energías. Bajo este marco de desarrollo en el país, resulta valiosa la exploración de un caso implementado en la Argentina. El objetivo de la investigación consiste en analizar el mercado de carbono a través del mecanismo de desarrollo limpio y su implementación en una empresa agroindustrial argentina, Granja Tres Arroyos S.A., bajo el enfoque teórico de la Nueva Economía y los Negocios Agroalimentarios.

El mercado de carbono y el mecanismo de desarrollo limpio : caso Granja Tres Arroyos S.A. : un análisis desde la Nueva Economía Institucional

El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la tierra debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Estos gases son producidos por actividades de generación de energía, el transporte, el uso del suelo, la industria y el manejo de los residuos. El aumento de GEI en la atmósfera provoca cambios climáticos e impactos en un sinfín de actividades humanas, en la productividad de la agricultura y ganadería, en la infraestructura y turismo, y también daños en la salud. La comunidad científica considera que el aumento de la temperatura para el fin del siglo debería ubicarse en los 2° C, para de esta forma poder limitar los impactos del cambio climático. Ello implicaría restringir las concentraciones de los GEI en valores cercanos a los 450 ppm (partes por millón). El problema económico del cambio climático subyace en que las emisiones de GEI constituyen una externalidad global. Una externalidad ocurre cuando la producción o consumo de un bien afecta a terceros que no participan directamente en su producción, venta o compra. Cuando hay presencia de externalidades, los precios de mercado no reflejan todos los costos ni beneficios sociales asociados a la producción de un bien. En el caso puntual del cambio climático, los emisores de GEI no asumen el costo de emitir gases a la atmósfera. Existen diferentes instrumentos de política ambiental que influyen en la percepción del recurso ambiental por parte del agente económico y que por ende, se reflejan en las decisiones económicas que ellos toman. Todos ellos tienen por objetivo asignar un precio/costo al recurso ambiental. El objetivo de los mercados de emisiones es asignar un precio al carbono. En ellos, se intercambian derechos a emitir cierta cantidad de GEI. El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es un instrumento de mercado definido en el Acuerdo de Marrakech bajo el marco institucional del Protocolo de Kyoto (PK). El MDL establece que un país Anexo I (país desarrollado), con compromisos de reducción de emisiones, invierta en proyectos de reducción o captación de emisiones en un país No Anexo I (país en desarrollo sin compromisos de reducción), mediante la compra de reducciones certificadas de emisiones (RCEs) generados a partir de la implementación de los proyectos. Argentina ratificó el PK a través de la ley nacional 25.438 en el 2001. Como el país se encuentra comprendido en las Partes No Anexo I, sólo puede participar como país anfitrión de un proyecto MDL y ser oferente de RCEs. Hasta la fecha, Argentina desarrolló 65 proyectos que se encuentran en distinta etapa de aprobación nacional o registro internacional. La mayoría corresponden a proyectos vinculados con rellenos sanitarios y energías. Bajo este marco de desarrollo en el país, resulta valiosa la exploración de un caso implementado en la Argentina. El objetivo de la investigación consiste en analizar el mercado de carbono a través del mecanismo de desarrollo limpio y su implementación en una empresa agroindustrial argentina, Granja Tres Arroyos S.A., bajo el enfoque teórico de la Nueva Economía y los Negocios Agroalimentarios.

Desafíos para la construcción de una política de ordenamiento territorial en la Argentina

En la actualidad, uno de los procesos con mayor impacto ambiental y social en Latinoamérica es el cambio de usos del suelo, provocado por el aumento de la demanda global de alimentos y biocombustibles. Este cambio antropogénico se concreta en el territorio a partir de la reconfiguración espacial de la producción y de la expansión de la frontera agropecuaria. La situación planteada se reproduce a nivel nacional y, con sus particularidades, en la Provincia de La Pampa. En este marco, la formulación de políticas de ordenamiento territorial (OT) se posiciona como una tarea indelegable del Estado. Sin embargo, al momento, nuestro país no cuenta con una arquitectura conceptual, normativa e institucional propia y la participación social no tiene un impacto real en el diseño, implementación y evaluación de las estrategias de intervención. Ante el contexto presentado, el objetivo general de la investigación es contribuir a la reflexión crítica acerca del ordenamiento territorial como herramienta de política pública que permitiría avanzar en la construcción participativa de un modelo de desarrollo sustentable. El tema se analiza a partir de una extensa revisión bibliográfica, del análisis de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PNDT), y de la experiencia adquirida durante nuestra intervención en el Departamento Loventué, Provincia de La Pampa. La construcción de una política de OT en Argentina requiere avanzar hacia contextos de mayor precisión conceptual, así como en la delimitación de las competencias institucionales, lo que permitiría clarificar la especificidad de los campos de acción, facilitando su inserción en una estructura político-institucional que le asigne fuentes específicas de financiamiento. Por su parte, la activa participación social facilita el acercamiento entre las aspiraciones territoriales que sustentan los cuadros técnicos y los imaginarios sociales acerca del territorio, al tiempo que fortalece la legitimidad simbólica de la regulación jurídico-política del ordenamiento territorial.