El entorno económico: reforma del estado y apertura económica

El entorno económico colombiano ha estado dominado desde 1990 por los programas de reforma estructural que lanzó tímidamente la Administración Barco y adoptó con ímpetu y velocidades poco conocidos en el país la Administración Gaviria. La radicalidad de los cambios se basa en un diagnóstico según el cual, en ausencia de medidas radicales que abrieran la economía a las libres fuerzas del mercado, el país estaba abocado a una severa crisis de desarrollo. Obviamente, dichas reformas tienen como marco general esfuerzos paralelos que vienen teniendo lugar a lo largo y ancho del mundo, como respuesta al desencanto generalizado por el excesivo intervencionismo estatal y al resurgimiento consecuente de un claro espiritu neo-liberal.

Foro ciudadano "El apretón nos toca a todos"

Enfrenta Colombia un tremendo desajuste en sus finanzas públicas. Se refleja éste en un déficit fiscal que, en el Gobierno Central, desde 1997 supera el 5% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en cifras redondas, el Gobierno tiene ingresos deveintitrés billones de pesos en el año y se gasta cuarenta. Los diecisiete billones de diferencia los financia, básicamente vendiendo activos y sobre todo, aumentando su endeudamiento.Esta situación es obviamente insostenible: los ingresos corrientes no cubren ni siquiera el gasto de funcionamiento, no hay dinero para inversión, y la deuda y su servicio suben año a año. Algo parecido se vive en los entes territoriales. Muchos departamentos y municipios, encabezados, para vergüenza nuestra, por el Valle del Cauca y por Cali, han venido padeciendo déficits crecientes que los han llevado a la parálisis ante la imposibilidad de obtener mayores recursos de crédito.

Aproximación al marco jurídico de la libertad económica en Colombia

La libertad económica es uno de los pilares fundamentales del derecho económico colombiano. Como tal, tiene un doble contenido de clara estirpe constitucional. De una parte, la libertad de empresa como fundamento de la actividad particular y de los derechos inherentes a ella, que pueden hacerse valer frente a la intervención del Estado cuando éste pretenda reglamentarla; de otra, la libertad de competencia, entendida como el derecho a emular con otro sin ser discriminado, lo que naturalmente conduce a limitar las condiciones en las cuales las personas públicas pueden participar en la actividad económica sin desnaturalizar la sana competencia.