Looking for a road to get out for poverty. Is the current allocation of public spending on education in Colombia helping?

This paper presents a methodology to explore the impact on poverty of the public spending on education. The methodology consists of two approaches: Benefit Incidence Analysis (BIA) and behavioral approach. BIA considers the cost and use of the educational service, and the distribution of the benefits among groups of income. Regarding the behavioral approach, we use a Probit model of schooling attendance, in order to determinethe influence of public spending on the probability for thepoor to attend the school. As a complement, a measurement of targeting errors in the allocation of public spending is included in the methodology.

Seminario sobre la reforma de la educación superior, Ley 30 de Diciembre 29 de 1992. Las instituciones de educación superior y el estado

Esta importante ley que será la que regirá el funcionamiento de la Educación Superior, fue el resultado de solicitudes de cambio de algunas de las disposiciones del Decreto 80 de 1980 como producto de la experiencia en su aplicación y de la excesiva reglamentación de sus artículos y decretos posteriores.

Acciones de clase, en el ordenamiento jurídico colombiano

Un año después de su promulgación, entró a regir el 6 de agosto del año en curso la Ley 472 de 1998 sobre protección de los derechos colectivos, dando paso, así sea con injustificado retardo, a la consolidación de lo que la doctrina jurídica en Colombia denomina "trípode del garantismo constitucional", sobre el cual, dada su importancia, vigencia y actualidad (puesto que no es tema exclusivo de juristas), bien vale la pena hacer algunas breves reflexiones desde el punto de vista del binomio inescindible "comunidad-empresa". Como que una primera "pata" la conforma la acción de tutela (Art. 86 de la C.P. y Decretos 2591 y 306 de 1991); una segunda, la acción de cumplimiento (Art. 87 de la C.P. y Ley 393 de 1997); y una tercera, las acciones *Class action, en el sistema jurídico anglosajón populares y de grupo (Art. 88 de la C.P. y Ley 472 de 1998, objeto de este comentario).