7 resultados para Responsabilidad civil de las personas jurídicas

em Repositorio Institucional Universidad de Medellín


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El presente trabajo pretende analizar la estructura y el alcance de la responsabilidad civil contractual* en el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria para la celebración de contratos de arrendamiento, entendiendo la responsabilidad civil contractual como uno de los remedios que el acreedor contractual tiene a su disposición ante el incumplimiento del deudor. ¿Por qué resulta útil analizar la responsabilidad civil contractual en la intermediación inmobiliaria? La hipótesis de investigación que motivó el desarrollo del presente trabajo es la idea de que el sector de la intermediación inmobiliaria para la celebración de contratos de arrendamiento tiene un déficit en la preparación y nivel de especialidad de sus operadores, que obedece al gran desconocimiento en cuanto a las obligaciones y responsabilidades que tienen los intermediarios y las consecuencias que pueden desencadenarse desde el punto de vista de la responsabilidad contractual. Ello ha causado cuantiosas pérdidas económicas a los intermediarios, a sus intermediados e incluso a los mismos arrendatarios; además, ha ocasionado un generalizado descrédito gremial. Esta circunstancia está generando falta de credibilidad en el medio de la intermediación de arrendamientos en Colombia, y ha puesto en evidencia la necesidad de que los intermediarios de arrendamiento conozcan plenamente el tipo y el alcance de obligaciones que asumen, el régimen de responsabilidad que los rige, las consecuencias que conlleva el incumplimiento de sus obligaciones, así como las opciones que tienen para delimitar contractualmente su responsabilidad.

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En este trabajo se busca, que los líderes tengan herramientas adecuadas que le permitan implementar los cambios en los diferentes procesos que se dan en las empresas, para lograr este objetivo, se abordarán problemas como: la resistencia al cambio, el poco sentido de urgencia y el desconocimiento que tienen los empresarios que, en ciertos casos, es necesario gestionarlos. Este proyecto se realizará entre el segundo semestre de 2014 y el primer semestre de 2015, en este tiempo el proyecto se enfocará en un objetivo general que es: Diseñar una guía acorde a la naturaleza de la gestión del cambio, con el propósito de que las organizaciones cuenten con las herramientas para hacer la adecuada gestión que implica el cambio y para lograr ésto se trabajará en los siguientes objetivos específicos: Identificar a través de la revisión de literatura, las barreras que pueden anteponerse para la adopción de un proceso de cambio en las organizaciones. Definir la forma, cómo funciona el proceso de gestión del cambio, identificando los elementos del proceso para llevarlo a cabo. Para el cumplimiento de los objetivos: se buscará, recolectará y analizará la información en libros, artículos de revistas especializadas y documentos de la Internet para realizar una comprensión más detallada que dé a entender todos los aspectos determinantes de la gestión del cambio en las organizaciones. Esto se realizará por medio de un mapa semántico que permita mostrar los elementos determinantes y las herramientas recomendadas dándole la importancia de la gestión del cambio.

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Con el presente trabajo de grado se pretende dar a conocer la situación de vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, específicamente el derecho a la salud, situación que se presenta en todos los establecimiento carcelarios del país, tal como lo indicó la misma Corte Constitucional en la sentencia T- 153 de 1998, mediante la cual se declaró el estado de cosas inconstitucionales en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, situación que a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido superada ni tampoco se observa una solución a la vista, por cuanto en nuestros ergástulos cada día se aumenta el hacinamiento y las malas condiciones de salud, tanto por falta de atención médica oportuna, como del suministro de la alimentación adecuada y en general las condiciones sanitarias internas, lo que nos muestran esa constante afectación a los derechos fundamentales de las personas recluidas en nuestros centros de rehabilitación.

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En esta nueva edición se ha modificado el título y se han eliminado algunos errores tipográficos, entre otros. Pero el hecho de que esta obra fuera primero publicada en su versión inglesa (Norrnative Systems, Wien - New York, Springer Verlag, 1971) ha provocado algunas confusiones que conviene aclarar. El libro fue escrito en castellano y el título originario era Sistemas normativos, que nos fue sugerido por Mario Bunge, editor de la serie "Library of Exact Philosophy" en la que apareció la versión inglesa. La traducción fue llevada a cabo por los autores, con enorme ayuda de Mrs. Joan Mackie, quien revisó todo el texto. Esa traducción apareció primero y la versión original (castellana) fue publicada cuatro años más tarde por Editorial Astrea con un título cambiado: Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Este cambio en la versión castellana fue sugerido por Astrea y aceptado a regañadientes por los autores. Además, como en la traducción inglesa resolvimos suprimir algunos párrafos por parecernos demasiado locales (§ 5 del cap. 11) y en la versión castellana fue añadido el § 7 del cap. IV, ambas ediciones no resultaron idénticas. Es así como mucha gente pensó que la versión inglesa era la original, que luego fue traducida al castellano. El título con que la obra aparece ahora fue tomado de la excelente traducción italiana de Pierluigi Chiassoni y Giovanni Battista Ratti (Torino, G. Giappichelli Editare, 2005), quienes incluyeron los párrafos suprimidos en la versión inglesa, de modo que la versión italiana es prácticamente idéntica al texto original, que con esta edición aparece ahora en Astrea, también con su título original.

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La constitución política en su artículo primero ha establecido el modelo político en el cual se enmarca el Estado Colombiano, precepto que por su prevalencia normativa, se convierte en fundamento de todo actuar y que se expresa así: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La introducción de este nuevo modelo político implica un cambio radical en la forma de concebir el Estado, ante la pérdida sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y la mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos (M.P. BARÓN, Ciro., 1992), situación que conviene un cambio de pensamiento en la elaboración de las normas y que a partir, de 1991 debe consultar su impacto en la solución de los problemas que aquejan la sociedad. Consecuente con lo anterior, el sistema tributario, no puede ser ajeno a los postulados incluidos en el artículo primero de la constitución política atrás citado, y en tal sentido la Asamblea Constituyente, aunque en su momento no acogió las recomendaciones dadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en el sentido de incluir un artículo que dijera que los tributos debían fundarse en la capacidad económica del sujeto pasivo, si consagró en su artículo 363 que el sistema tributario debía fundarse en los principios de equidad y progresividad, entre otros (BRAVO, 1997). Es aquí donde se centra el presente proyecto de investigación, que busca indagar por el principio de progresividad, que por efecto metodológicos se limitara a las pyme, específicamente en la pequeña empresa, aquella con planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores y activo total entre quinientos un (501) y menos de cinco mil un (5.001) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas personas jurídicas, se ven abocadas a una fuerte carga impositiva directa, en el cual el impuesto de renta recobra relevancia, haciéndose necesario analizar su impacto a las luces de la nueva reforma, a efecto de vislumbrar la efectiva materialización del principio de progresividad o por si el contrario los recientes cambios normativos han contradicho el mandato impuesto en la Constitución política en cuanto al respeto que debe contener toda norma en materia tributaria, en cuanto al principio objeto de estudio.

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En la contratación masiva contemporánea, el acercamiento entre los productores y/o proveedores de bienes y servicios y los consumidores se hace mayoritariamente a través de la publicidad. Dicha publicidad contiene elementos de información dirigidos al público, que pretenden modificar sus decisiones de consumo, por lo que se permite la inclusión de “elogios subjetivos del anunciante”. Frente a esta situación se plantean dos interrogantes: ¿lo que se dice en la publicidad vincula al anunciante? Y en caso de que la publicidad sea engañosa ¿qué consecuencias jurídicas se derivan de ello? Las respuestas a estos dos interrogantes varían según la naturaleza de la relación jurídica que exista entre las partes, la cual puede ser civil, mercantil o de consumo.

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El objetivo central de esta investigación consiste en analizar si los equipos técnicos interdisciplinarios de las defensorías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con funciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), están profiriendo verdaderos dictámenes periciales. En el mundo se han dado diferentes instrumentos internacionales para la garantía de los derechos de los adolescentes infractores. Prueba de ello son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 12 de diciembre de 1948, que desarrolló importantes cuerpos normativos de carácter internacional, no solo para la protección general de los derechos humanos, sino también para la protección particular de grupos poblacionales como las mujeres, los niños, los adolescentes, los discapacitados, entre otros. Luego la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959, instituye la protección integral al menor conformada por un sistema general de principios y garantías ya establecidos para todas las personas como lo son el principio de la dignidad humana, y el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la nacionalidad, etc.