Identidad, reconocimiento y participación. Ordenamiento territorial y justicia ambiental en las zonas rurales de Medellín (Colombia)

Este artículo presenta los resultados de una investigación donde se usan la justicia ambiental y la comunicación para el cambio social como ejes teóricos. Se desarrolla con metodologías participativas en el contexto de las zonas rurales de Medellín durante el 2013. Su objetivo es identificar y clasificar las percepciones de los actores sociales que participan en la política de ordenamiento territorial. Los resultados que se encuentran son: (i) una gran diversidad de actores sociales, (ii) un alto nivel de dispersión de acciones en todo el territorio rural y (iii) unas identidades locales en constante cambio y reconstrucción, pero siempre asociadas a la ruralidad.El artículo finaliza subrayando algunas percepciones colectivas en respuesta a los efectos ambientales del modelo de expansión urbana y cómo los actores sociales de las cinco zonas rurales del municipio de Medellín cuentan con un legado de procesos de participación comunitaria con potencialidad para incidir con acciones locales en una justicia ambiental.

Tecnologías, organización y políticas: Mundos de producción de las Pymes en Colombia en el período 1990-2002

La institucionalidad, las firmas y el territorio son campos que concurren en los mundos de producción. De este enfoque se relacionan la conformación de redes industriales, individuales u otro tipo de instituciones, con la cadena productiva y la relevancia de la cooperación. De estos factores se generan procesos de acumulación, lo que redunda en ciclos de vida de las firmas estables o inestables, dependiendo del entorno del sistema económico. El problema para los agentes es la conexión entre tales estructuras con productos y tecnologías de manera que realicen una asignación eficiente de los recursos en el sistema económico.

Progresividad del impuesto de renta en las pyme en el marco del estado social de derecho colombiano

La constitución política en su artículo primero ha establecido el modelo político en el cual se enmarca el Estado Colombiano, precepto que por su prevalencia normativa, se convierte en fundamento de todo actuar y que se expresa así: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La introducción de este nuevo modelo político implica un cambio radical en la forma de concebir el Estado, ante la pérdida sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y la mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos (M.P. BARÓN, Ciro., 1992), situación que conviene un cambio de pensamiento en la elaboración de las normas y que a partir, de 1991 debe consultar su impacto en la solución de los problemas que aquejan la sociedad. Consecuente con lo anterior, el sistema tributario, no puede ser ajeno a los postulados incluidos en el artículo primero de la constitución política atrás citado, y en tal sentido la Asamblea Constituyente, aunque en su momento no acogió las recomendaciones dadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en el sentido de incluir un artículo que dijera que los tributos debían fundarse en la capacidad económica del sujeto pasivo, si consagró en su artículo 363 que el sistema tributario debía fundarse en los principios de equidad y progresividad, entre otros (BRAVO, 1997). Es aquí donde se centra el presente proyecto de investigación, que busca indagar por el principio de progresividad, que por efecto metodológicos se limitara a las pyme, específicamente en la pequeña empresa, aquella con planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores y activo total entre quinientos un (501) y menos de cinco mil un (5.001) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas personas jurídicas, se ven abocadas a una fuerte carga impositiva directa, en el cual el impuesto de renta recobra relevancia, haciéndose necesario analizar su impacto a las luces de la nueva reforma, a efecto de vislumbrar la efectiva materialización del principio de progresividad o por si el contrario los recientes cambios normativos han contradicho el mandato impuesto en la Constitución política en cuanto al respeto que debe contener toda norma en materia tributaria, en cuanto al principio objeto de estudio.

Sobre el sujeto-víctima: configuraciones de una ciudadanía limitada

Una de las virtudes que se le han atribuido a la justicia transicional en los países donde se ha implementado es su capacidad de fortalecer las instituciones y contribuir con el afianzamiento de la democracia. Una de las maneras de potenciar tanto la democracia como el restablecimiento de las víctimas ha sido propiciar su participación dentro de los procesos de justicia transicional y otras políticas públicas cuya finalidad es propender por las garantías de sus derechos. No obstante, la participación democrática de las personas está mediada por la calidad que se les otorga a los sujetos que participan. El objeto de este texto es proponer la necesidad de tener un debate acerca de las implicaciones que trae la forma en que se concibe a las “víctimas” en su participación dentro de procesos de reparación. Este documento concluye poniendo en consideración algunos puntos que podrían hacer parte del debate sobre la conceptualización de víctima y su participación.