9 resultados para Jueces eclesiásticos

em Repositorio Institucional Universidad de Medellín


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Para el desarrollo del proyecto de investigación, se desarrollan 3 capítulos relacionados con la oralidad en materia laboral, uno que tiene que ver con las reglas técnico procesales existentes en materia laboral, por medio del cual se da cumplimiento al objetivo Nro. 1 de la investigación; en el segundo se abordan los vacíos existentes en estas reglas procesales a fin de evidenciar el objetivo Nro. 2 y finalmente se aborda la interpretación que frente a los vacíos de las reglas procesales en materia laboral realizan los jueces laborales de la ciudad de Pasto y si está acorde dicha interpretación con los lineamientos del debido proceso, cumpliendo así el objetivo Nro. 3, para finalmente dar respuesta a la pregunta de investigación previamente formulada.

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Las Tutelas contra las providencias judiciales como cualquier entidad Jurídica significativa de relevancia en la sociedad no se dio en un abrir y cerrar de ojos, a contrario sensu tuvo un proceso largo y tedioso pero que generó resultados maravillosos desde el punto de vista positivo. Uno de sus principal orígenes se da aproximadamente hace ya 200 años desde lo sucedido en el famoso caso “Marbury vs. Madison” , pues todavía podemos palpar los grandes precedentes dejados con las consideraciones de la corte en su momento, precedentes que afortunadamente hicieron eco en nuestro país permitiendo que hoy los jueces en sus providencias de una forma directa o indirecta se retracten de sus decisiones, que en muchos casos son desfavorables a los ciudadanos.

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Está claro que ante los eventos de silencio administrativo negativo tanto frente a un derecho de petición que pretende el reconocimiento de una prestación económica como ante las solicitudes de cumplimiento de fallos ordinarios judiciales opera la acción de tutela como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales como lo es el obtener una respuesta oportuna y de fondo para las solicitudes y requerimientos respetuosos hechos ante la administración. Sin embargo este trabajo pretende generar un método alterno para el manejo judicial procesal en estos dos eventos que podrían llegar a ser más eficientes para la protección de los derechos de los usuarios y para que esta entidad acate el cumplimiento de los fallos ordinarios ordenados contra ella. Esta propuesta surge como una alternativa para el beneficio tanto de los usuarios, como para la entidad y los jueces de tutela, ante el descontento general que actualmente se presenta en el contexto social: usuarios que no logran garantizar plenamente el acceso al derecho de la seguridad social, una entidad con una estructura administrativa insuficiente y poco sólida aún para responder a la sobrecarga de requerimientos presentados ante ella y la insatisfacción que se presenta dentro de la rama judicial por el cúmulo de acciones de tutela en contra de Colpensiones que ocasiona lentitud y congestión en el sistema. Además, se pretende demostrar cómo este método alterno que se planteará reduciría de manera importante los niveles de acciones de tutela, lo cual sería beneficioso tanto para la administración como para la rama judicial. Se trata entonces de un modelo que beneficia a los tres actores del conflicto: ciudadanos, administración y rama judicial.

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Es de suma importancia desarrollar un trabajo que explore la actualidad del principio de la carga de la prueba y de las cargas probatorias dinámicas y su aplicabilidad en el procedimiento laboral. De esta manera, no solo se puede abrir el camino para que los jueces asuman una actitud diferente de cara a la búsqueda de la verdad y a la realización de justicia sino que también se puede lograr un impacto social que represente mayor confianza en el poder judicial.

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El Consejo Superior de la Judicatura ha adelantado programas de modernización tecnológica, tanto de los despachos judiciales como de los entes de administración de la rama judicial, pero aún se puede constatar la generalización del atraso judicial y consecuentemente, la pérdida de credibilidad en el sistema. Objetivo: Determinar el impacto que tiene el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la gestión judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta. Métodos: Se utilizó un tipo de estudio descriptivo, aplicado a 25 jueces, 115 empleados de los diferentes despachos judiciales y a 5 magistrados quienes fueron actores clave para el estudio. Resultados: Los resultados indican que el impacto de las TIC en la gestión judicial de la Entidad es moderado basado en las limitaciones actuales del flujo de información con los usuarios y con las demás entidades de la rama judicial. Conclusión: No se ha integrado el sistema de información con todos los municipios de la región de Norte de Santander y Arauca. Adicionalmente, a pesar que se cuenta con herramientas tecnológicas para mantener interactividad con proveedores y usuarios del servicio judicial, el personal de la Entidad no los conoce completamente por la resistencia al cambio que supone realizar las tareas de diferente manera.

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El rompimiento de paradigmas implica el surgimiento de retos dirigidos a la proposición de una teoría jurídica que permita el acercamiento de los múltiples y, en ocasiones, caóticos intentos de descripción del derecho a la realidad que gobierna el desarrollo dinámico del Derecho. La teoría de los principios jurídicos en un Estado constitucional de derecho, y su incorporación al bloque de constitucionalidad, se erige en herramienta fundamental para el ejercicio de la función de administrar justicia en un contexto que por mandato constitucional, por el necesario fortalecimiento de los mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos humanos y a consecuencia de la crisis de legitimidad del poder, exige de los jueces una mayor vinculación a los contenidos axiológicos del ordenamiento jurídico y, además, la compleja labor de armonizarlos con el texto de la ley.

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Seguridad social teórica es, en esencia, un libro de derecho y como tal se ocupa en su parte central de ilustrar y esclarecer el estado en el que se halla la regulación de derechos y obligaciones que son propios; pero de la singularidad de esta materia se deriva una exigencia: un libro de seguridad social no puede limitarse a realizar dicha tarea. Son la ley y los reglamentos los que ponen en marcha un conjunto de instituciones para hacer cierto amparo social: a la jurisprudencia en los últimos lustros, le ha correspondido afinar los instrumentos y reelaborar la partitura; difícilmente se puede llegar a definir el contenido de la seguridad social que recibe hoy un ciudadano prescindiendo de lo que han hecho los jueces.

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Sin lugar a dudas, uno de los debates teóricos y empíricos determinantes de la filosofía política del siglo XXI es el de la democracia. Se encuentran diferentes concepciones de la democracia dependiendo de la filosofía pública subyacente en la teoría que respalda el sistema político. Una es la conservadora, de tinte elitista, que desconfía de la intervención ciudadana en los asuntos públicos, debido a los rasgos de irracionalidad y las tendencias plebiscitarias que caracterizan el accionar de las mayorías; otra visión opuesta es la populista, que tiene como punto de partida una actitud de confianza en las capacidades cívicas de las mayorías que actúan colectivamente y de su tendencia a actuar siempre de manera racional y, encontramos, además, la concepción deliberativa de la democracia que parte también de una actitud de confianza en torno a las capacidades de la ciudadanía, pero sin la necesidad de presuponer una conexión ontológica, necesaria, entre la voluntad mayoritaria y la razón. A su vez, la teoría nos ofrece dos grandes corrientes de pensamientos en lo que al control judicial de las leyes se refiere. De un lado, están los teóricos que aceptan la revisión judicial de las leyes y, con ello, que frente a los aspectos fundamentales que regulan la vida colectiva los jueces tengan la “última palabra”, pese a su carácter contramayoritario; de otro lado, están los teóricos críticos del control judicial de las leyes y del hecho de que los jueces tengan la última palabra en los aspectos fundamentales de la organización de la vida social. Esta última corriente de pensamiento, apela al carácter contramayoritorio del poder judicial para cuestionar el hecho de que en una democracia los jueces tengan la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica derivada de los órganos políticos que eligen las mayorías y, por tanto, anular sus efectos. Estas temáticas, cuya actualidad es indiscutible, reclaman de la academia un análisis desde el punto de vista jurídico y político del papel del poder judicial en los sistemas democráticos contemporáneos. En este quehacer se abre paso el VI Seminario Internacional de Teoría General del Derecho y el libro que el lector hoy tiene en sus manos, que parte de las experiencias investigativas de sus autores, convirtiéndose en una obra que aporta al debate contemporáneo en torno a la cuadratura del círculo: Constitución y democracia. Son, pues, doce trabajos de autores nacionales e internacionales que se dejan en manos del lector y de su juicio.

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El presente texto, precisamente, recoge a manera de compendio, el trabajo de reconocidos docentes, abogados litigantes y asesores, jueces y magistrados, que dirigidos por el profesor Ignacio Cadavid Gómez, entregan a la comunidad jurídica nacional su visión de un derecho laboral renovado, pujante y de innegable valor, no solo por la vigencia que aún conserva la especialidad, en tanto se trata de una que cobija y regula el diario vivir de gran parte de los habitantes del país, según la perspectiva que se mire, -bien de trabajadores, ora de empleadores-, sino porque el enriquecimiento jurisprudencial del que ha sido objeto en los últimos tiempos la convierte en necesaria tanto para extraños como para estudiosos de la misma.