Progresividad del impuesto de renta en las pyme en el marco del estado social de derecho colombiano

La constitución política en su artículo primero ha establecido el modelo político en el cual se enmarca el Estado Colombiano, precepto que por su prevalencia normativa, se convierte en fundamento de todo actuar y que se expresa así: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La introducción de este nuevo modelo político implica un cambio radical en la forma de concebir el Estado, ante la pérdida sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y la mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos (M.P. BARÓN, Ciro., 1992), situación que conviene un cambio de pensamiento en la elaboración de las normas y que a partir, de 1991 debe consultar su impacto en la solución de los problemas que aquejan la sociedad. Consecuente con lo anterior, el sistema tributario, no puede ser ajeno a los postulados incluidos en el artículo primero de la constitución política atrás citado, y en tal sentido la Asamblea Constituyente, aunque en su momento no acogió las recomendaciones dadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en el sentido de incluir un artículo que dijera que los tributos debían fundarse en la capacidad económica del sujeto pasivo, si consagró en su artículo 363 que el sistema tributario debía fundarse en los principios de equidad y progresividad, entre otros (BRAVO, 1997). Es aquí donde se centra el presente proyecto de investigación, que busca indagar por el principio de progresividad, que por efecto metodológicos se limitara a las pyme, específicamente en la pequeña empresa, aquella con planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores y activo total entre quinientos un (501) y menos de cinco mil un (5.001) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas personas jurídicas, se ven abocadas a una fuerte carga impositiva directa, en el cual el impuesto de renta recobra relevancia, haciéndose necesario analizar su impacto a las luces de la nueva reforma, a efecto de vislumbrar la efectiva materialización del principio de progresividad o por si el contrario los recientes cambios normativos han contradicho el mandato impuesto en la Constitución política en cuanto al respeto que debe contener toda norma en materia tributaria, en cuanto al principio objeto de estudio.

Medellín en el cine: construcción de imaginarios urbanos en el cine sobre Medellín de 1990 a 2012

El cine sobre Medellín es un archivo ciudadano que se consolida como una fuente de reflexión irrefutable para el estudio de la ciudad, al ser más que un constructo visual y sonoro, un documento social que logra acercarse a contextos y ambientes urbanos que la han caracterizado, y que de alguna manera influencian el comportamiento de sus habitantes. En este estudio se entiende el cine como la transfiguración constructiva de la realidad, esto es la posibilidad que tiene el cine de descomponer y seleccionar fragmentos para elaborar sentidos, de ahí que esta investigación responda a la pregunta ¿cómo se construye la ciudad de Medellín en el cine a partir de imaginarios urbanos configurados en los largometrajes de ficción colombianos que se desarrollan en la ciudad de Medellín, cuya fecha de estreno se encuentra entre los años 1990 y 2012?

Restitución internacional de infantes y adolescentes

Cuando los infantes y adolescentes son sustraídos del lugar de su residencia habitual para ser trasladados a otros países, desconociéndose el derecho de quien tiene su custodia, se crean mecanismos legales de colaboración interestatal para lograr su retorno y en particular para lograr la materialización del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Para tal efecto, se establece un trámite administrativo que debe ser adelantado ante la Autoridad Central de cada Estado, que para nuestro caso es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y cuando éste es insuficiente o no se ve la necesidad de agotarlo, en sede judicial se acude al procedimiento verbal sumario en donde la pretensión es la Restitución internacional del infante o adolescente. Este texto pretende abordar este procedimiento judicial en tres capítulos: 1) los Aspectos Filosóficos en donde se analiza la principialística existente, 2) la Evolución Normativa en donde se hace una revisión exhaustiva de las normas nacionales e internacionales sobre el tema y 3) los Aspectos Procesales más relevantes en donde se analizan las etapas y actuaciones procesales, se plantean situaciones problemáticas y se proponen posibles soluciones que resultan de utilidad, frente a un tema que apenas comienza a ser objeto de estudio en Colombia, a pesar de su frecuente ocurrencia.

Dictamen pericial en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes

El objetivo central de esta investigación consiste en analizar si los equipos técnicos interdisciplinarios de las defensorías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con funciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), están profiriendo verdaderos dictámenes periciales. En el mundo se han dado diferentes instrumentos internacionales para la garantía de los derechos de los adolescentes infractores. Prueba de ello son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 12 de diciembre de 1948, que desarrolló importantes cuerpos normativos de carácter internacional, no solo para la protección general de los derechos humanos, sino también para la protección particular de grupos poblacionales como las mujeres, los niños, los adolescentes, los discapacitados, entre otros. Luego la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959, instituye la protección integral al menor conformada por un sistema general de principios y garantías ya establecidos para todas las personas como lo son el principio de la dignidad humana, y el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la nacionalidad, etc.