Proyecto Educativo Institucional Universidad de Medellín - PEI

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Medellín, es una construcción colectiva de toda la comunidad académica, con participación activa de estudiantes, docentes, directivos, funcionarios, egresados y otros actores externos interesados en el desarrollo de la IES. El proceso de construcción es libre, enmarcado por los principios y valores establecidos por el órgano de gobierno de la IES y en armonía con el marco normativo del país. Es un ejercicio articulador de los principios y valores de la Institución, con la planeación estratégica institucional y el entorno, en particular en cuanto a la integración de los procesos de aprendizaje y enseñanza, investigación, y proyección social. Establece los principios pedagógicos y didácticos que deben guiar los procesos de aprendizaje y enseñanza en la IES, dejando amplio margen para la autonomía de los miembros de la comunidad institucional en la definición de estos procesos. El Proyecto Educativo Institucional presenta una estructura que consta de cuatro núcleos, a saber: Fundamentos Institucionales, Análisis del Contexto, Finalidades Educativas Institucionales y Organización Institucional. Con el Proyecto Educativo Institucional, la comunidad educativa de la Universidad de Medellín cuenta con una herramienta clave para fortalecer su presencia en el contexto de la Educación Superior en el siglo XXI como una Institución de calidad, comprometida con el desarrollo del país y con el fortalecimiento de la Ciencia y de la Libertad. Conocer este sueño de universidad y tenerlo presente en el día a día de todos los estamentos afirmará el camino hacia el logro de los más altos propósitos universitarios.

Credibilidad y confianza del comité de convivencia laboral de la Administración Municipal de Itagüí (2014 – 2015)

El acoso laboral es una problemática que aqueja a la población laboral mundial y es uno de los principales riesgos psicosociales en el trabajo, pues no sólo afecta la productividad de los trabajadores, sino que también tiene un fuerte impacto en su salud mental. En Colombia se promulgó la Ley 1010 de 2006 con el fin de combatir este flagelo, sin embargo, se cuestiona la eficacia de esta ley y las resoluciones emanadas del Ministerio del Trabajo que crean los Comités de Convivencia Laboral. El acoso laboral, continúa siendo una de las principales problemáticas que viven los empleados en Colombia, situación que no es ajena en la Administración Municipal de Itagüí. La pregunta que orientó la presente investigación fue: ¿Genera credibilidad y confianza el Comité de Convivencia Laboral entre los funcionarios de la Administración Municipal de Itagüí frente a la solución de las problemáticas relacionadas con el acoso laboral? Los resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a 254 funcionarios y una entrevista con los miembros del Comité de Convivencia Laboral (CCL), permite concluir que el CCL de la Administración Municipal de Itagüí, presenta fallas en la gestión que viene realizando y que existe un clima de desconfianza y falta de credibilidad hacia el comité, lo que se traduce en que la Ley 1010 de 2006 pierda eficacia instrumental en la prevención del acoso laboral en la administración municipal de Itagüí.

Criterios para la gestión del personal en teletrabajo de la Contraloría General de Antioquia

En términos prácticos, el teletrabajo consiste en la decisión que toma una empresa de permitir que sus empleados ejecuten sus funciones laborales en un espacio diferente al que comúnmente es utilizado para tal fin; el gobierno nacional de Colombia con la expedición de la ley 1221 de 2008 emprendió la tarea de promover y regular el teletrabajo, como instrumento para la generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), de esta manera abre la posibilidad de implementar las corrientes de trabajo por productos. La Contraloría General de Antioquia, adoptó lo establecido por la ley, haciendo una mezcla entre lo tradicional y lo que expone la ley; el lugar seleccionado por el 100% de sus funcionarios teletrabajadores es su propio hogar; la gestión de los teletrabajadores que asume la alta dirección de la Contraloría, analiza los cambios que experimenta la entidad y el mismo funcionario con respecto a los hábitos que debe tomar el empleado para dar cumplimiento a su plan de acción sin el control permanente del jefe inmediato, del cambio en el entorno laboral, de las comunicaciones, de la esquematización del trabajo, además de otros factores, a su vez la Contraloría deberá adelantar en el futuro los esfuerzos necesarios para mejorar la implementación del teletrabajo, identificar la personalidad de los teletrabajadores, medir el impacto, verificar cual es el modelo de contratación más adecuado para los teletrabajadores, debe revisar cual será la metodología para la evaluación de los funcionarios teletrabajadores, medir la productividad, evaluar la remuneración de sus funcionarios, entre otros factores que requieren de un análisis serio con respecto a la gestión del talento humano teletrabajador al interior de la Contraloría General de Antioquia.

La acción de repetición

El libro tiene como propósito explicar claramente la definición, la naturaleza jurídica y el contenido de la acción de repetición. De igual, manera trata de exponer su evolución y las discusiones que se han presentado al momento de su aplicación: tanto en el contexto histórico, jurisprudencial, legal y práctico. Con los argumentos antes citados, el lector encontrará el concepto de repetición, sus elementos y características, en donde se explican con detalle los requisitos sustanciales y procesales, planteando sus contradicciones y sus magros avances; sin dejar de lado la interrelación entre la norma y su aplicación práctica. Por último, los autores enuncian una serie de propuestas que conduzcan al progreso de la acción de repetición para que garantice de forma adecuada una mejor seguridad jurídica y una mayor honestidad administrativa de los funcionarios del estado.

El rol del juez en el Estado social de derecho

La concepción del Estado social de derecho que introdujo la Constitución Política de 1991 plantea un cambio de paradigma fundamental en la forma de operar el sistema jurídico; en consecuencia, constituye una obligación para quienes desarrollan el quehacer en la formación de profesionales del derecho poner de relieve los desafíos que enfrentan al momento de la aplicación del derecho vigente, ya sea en calidad de funcionarios judiciales o abogados litigantes. Uno de los componentes del sistema jurídico es el momento operativo en el que hoy se ha superado su finalidad exclusivamente instrumental, y se le han adicionado componentes axiológicos. Por ello, el interés de los autores se centra fundamentalmente en esta visión valorativa del derecho procesal; además, el eje temático de la obra se inicia con una visión general de la filosofía que presenta el Estado social y democrático de derecho, para pasar, luego, a examinar los fundamentos constitucionales del valor justicia, pues no se trata hoy exclusivamente de indagar por la justicia judicial. El concepto Estado social y democrático obliga, además de las valoraciones jurídicas, a que realicen valoraciones sociales, lo cual, como contrapartida, lleva ínsito el deber de colaboración con la Administración de Justicia que todos tienen para contribuir al fin último del derecho que es lograr la paz social.