Mujeres ind��genas y discriminaci��n de g��nero estudio de la cultura NASA (Departamento del Cauca-Colombia)

En el marco de la presente investigaci��n, buscando encontrar el antecedente constitucional de la protecci��n de la mujer ind��gena o por el contrario, la falta de se��alamiento del mismo en procura de la reivindicaci��n de sus derechos, se analiz�� la situaci��n de las mujeres ind��genas frente a las constituciones expedidas en Colombia, realizando un recorrido hist��rico de la vida republicana del pa��s, desde las primeras constituciones hasta la actualidad, es decir desde 1810 hasta la Constituci��n Pol��tica de 1991, con el prop��sito de determinar si se encuentran amparados sus derechos frente a discriminaci��n de g��nero, denominado Mujeres Ind��genas. Se hace el abordaje del tratamiento jurisprudencial y normativo de la inclusi��n de la mujer dentro del panorama social, pol��tico, econ��mico y cultural del pais, en especial de las mujeres ind��genas, encontrando que existen normas y sentencias que as�� los consagran, pero que necesitan de la evidencia de su cumplimiento por parte de los organismos y de la sociedad misma.

Interpretaci��n metodol��gica de los precios de transferencia en Colombia

El concepto de precios de transferencia es un referente universal donde los pa��ses se han visto afectados por las malas pr��cticas comerciales que tiene las diferentes organizaciones en concentrar sus utilidades en aquellos lugares donde las cargas impositivas sean menores o tiendan a cero. Lo anterior implica que lo que dejo de pagar en una regi��n por las bases tributarias determinadas lo estoy recibiendo como utilidad en otro pa��s, generando ��ndices de pobreza y de inequidad tributaria en los pa��ses de origen y riqueza a los pa��ses destino. Dentro de las directrices que tiene el Gobierno para evitar que se trasladen cargas tributarias entre pa��ses es definir unos criterios normativos vinculantes u obligatorios, que eviten que se tipifiquen estos focos de evasi��n y por el contrario generar una cultura empresarial donde se respete el principio de la plena competencia. Dentro de los criterios normativos est��n los criterios de vinculaci��n, la informaci��n que se debe evidenciar como la comprobatoria y la informativa y las sanciones por incumplir los requisitos vinculantes antes mencionados lo cual nos obliga a profundizar en el mecanismo de control que ejerce el gobierno. De igual forma se establecieron destinos donde se tipifican los precios de transferencia como son los para��sos fiscales, las zonas francas y los vinculados del exterior, donde el destino m��s relevante donde el Gobierno ejerce control son los para��sos fiscales por sus caracter��sticas que las identifican como son las m��nimas cargas tributarias y de igual forma la ausencia de informaci��n. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados y/o est��n obligados a la aplicaci��n de las normas que regulen el r��gimen de precios de transferencia, deber��n llevar acabo tales operaciones en cumplimiento del Principio de Plena Competencia, entendido como aquel en el cual las operaciones entre vinculados cumplen con las condiciones que se hubiesen observado en operaciones comparables con o entre partes independientes, lo anterior, a efectos de determinar sus ingresos ordinarios y extraordinarios, costos, deducciones, activos y pasivos para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios. En el siguiente contenido el lector encontrara una metodolog��a ilustrativa que le permita interpretar la normatividad contenida en el Estatuto Tributario (Ley 1607 de 2012 y Decreto 3030 de 2013 el cual reglamenta la norma la ley 1607) y su respectiva aplicaci��n para dar cumplimiento a los requerimientos de la Administraci��n de Impuestos y Aduanas Nacionales. Lo anterior significa que el contenido del texto es el contenido normativo el cual es detallado en su contenido en algunos aspectos gr��fico, en otros casos num��ricos y en los dem��s casos narrativos.

Presupuestos para la calificaci��n jur��dica en los preacuerdos como forma de terminaci��n anticipada del proceso penal, desde el principio de legalidad que integra el debido proceso

No se encuentra ni en la legislación, ni en la doctrina referente alguno que haga alusi��n a los presupuestos legales y constitucionales para la calificaci��n jur��dica de un preacuerdo, ni hay un an��lisis sobre la importancia que reviste la figura de los preacuerdos a la luz del debido proceso legal y constitucional que integra en especial el principio de legalidad.

El sistema penitenciario y el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad en el establecimiento carcelario de mediana seguridad de Santa B��rbara- Antioquia

Con el presente trabajo de grado se pretende dar a conocer la situaci��n de vulneraci��n de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, espec��ficamente el derecho a la salud, situaci��n que se presenta en todos los establecimiento carcelarios del pa��s, tal como lo indic�� la misma Corte Constitucional en la sentencia T- 153 de 1998, mediante la cual se declar�� el estado de cosas inconstitucionales en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del pa��s, situaci��n que a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido superada ni tampoco se observa una soluci��n a la vista, por cuanto en nuestros erg��stulos cada d��a se aumenta el hacinamiento y las malas condiciones de salud, tanto por falta de atenci��n m��dica oportuna, como del suministro de la alimentaci��n adecuada y en general las condiciones sanitarias internas, lo que nos muestran esa constante afectaci��n a los derechos fundamentales de las personas recluidas en nuestros centros de rehabilitaci��n.

Aplicaci��n del producto libranza a la empresa Giros y Finanzas S.A C.F.A. en la regional Medell��n

Actualmente la globalizaci��n, se refleja en el desarrollo de nuevos mercados y nuevos productos, generando una influencia financiera y econ��mica en todos los sectores de Colombia; adem��s ha incentivado el ofrecimiento de todo tipo de cr��ditos a mercados empresariales o personas naturales a trav��s de la generaci��n de nuevas l��neas de cr��dito que permitan generar inclusi��n financiera. Este trabajo de investigaci��n se orienta a determinar si el cr��dito de libranza, es una alternativa econ��mica y social ,viable en la organizaci��n Giros y Finanzas S.A C.F, de tal forma que contribuya al logro de los objetivos de la organizaci��n y eleve sus m��rgenes de contribuci��n, impactando de manera positiva en la sociedad y logrando un posicionamiento desde este producto, con atributos que cautiven como: tasas de inter��s bajas, menores requisitos y acceso a recursos econ��micos, con un respaldo ��nico como es el salario mensual.

Progresividad del impuesto de renta en las pyme en el marco del estado social de derecho colombiano

La constituci��n pol��tica en su art��culo primero ha establecido el modelo pol��tico en el cual se enmarca el Estado Colombiano, precepto que por su prevalencia normativa, se convierte en fundamento de todo actuar y que se expresa as��: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Rep��blica unitaria, descentralizada, con autonom��a de sus entidades territoriales, democr��tica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del inter��s general. La introducci��n de este nuevo modelo pol��tico implica un cambio radical en la forma de concebir el Estado, ante la p��rdida sacramental del texto legal entendido como emanaci��n de la voluntad popular y la mayor preocupaci��n por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos (M.P. BAR��N, Ciro., 1992), situaci��n que conviene un cambio de pensamiento en la elaboraci��n de las normas y que a partir, de 1991 debe consultar su impacto en la soluci��n de los problemas que aquejan la sociedad. Consecuente con lo anterior, el sistema tributario, no puede ser ajeno a los postulados incluidos en el art��culo primero de la constituci��n pol��tica atr��s citado, y en tal sentido la Asamblea Constituyente, aunque en su momento no acogi�� las recomendaciones dadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en el sentido de incluir un art��culo que dijera que los tributos deb��an fundarse en la capacidad econ��mica del sujeto pasivo, si consagr�� en su art��culo 363 que el sistema tributario deb��a fundarse en los principios de equidad y progresividad, entre otros (BRAVO, 1997). Es aqu�� donde se centra el presente proyecto de investigaci��n, que busca indagar por el principio de progresividad, que por efecto metodol��gicos se limitara a las pyme, espec��ficamente en la peque��a empresa, aquella con planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores y activo total entre quinientos un (501) y menos de cinco mil un (5.001) salarios m��nimos legales mensuales vigentes. Estas personas jur��dicas, se ven abocadas a una fuerte carga impositiva directa, en el cual el impuesto de renta recobra relevancia, haci��ndose necesario analizar su impacto a las luces de la nueva reforma, a efecto de vislumbrar la efectiva materializaci��n del principio de progresividad o por si el contrario los recientes cambios normativos han contradicho el mandato impuesto en la Constituci��n pol��tica en cuanto al respeto que debe contener toda norma en materia tributaria, en cuanto al principio objeto de estudio.

Vicios de inconstitucionalidad del impuesto de normalizaci��n tributaria incluido en la ley 1739 de 2014

El proyecto de investigaci��n se enfoca en el an��lisis en un tema de gran relevancia para el derecho tributario en la ��poca actual, toda vez que el gobierno logr�� sacar avante una reforma tributaria con la que pretende ajustar huecos fiscales, y en la cual plantea una serie de medidas de impacto sobre toda la sociedad, entre las que se encuentra la creaci��n de un nuevo impuesto, denominado de normalizaci��n tributaria, incorporado en el cap��tulo V, que trata los mecanismos de lucha contra la evasi��n fiscal. Desde la presentaci��n del proyecto de reforma tributaria presentado en el a��o 2014 por el gobierno nacional, empezaron a realizarse m��ltiples cr��ticas al proyecto, por cuanto no ofrec��a medidas de fondo para solucionar el d��ficit fiscal, y por incluir art��culos que pod��an contrariar la constituci��n pol��tica colombiana, como es el caso del impuesto de normalizaci��n tributaria y es en este ��ltimo punto es donde se centra el presente proyecto.

���Estudio comparativo de la apreciaci��n y valoraci��n de las pruebas testimonial, pericial y documental en las diferentes etapas procesales en Colombia y Venezuela���

La nueva tendencia socio jur��dica se inclina al establecimiento de Estados en los cuales todo est�� supeditado a la Ley y se implementen principios y derechos fundamentales en las constituciones pol��ticas, todo lo cual los lleva a que se les denomine Estado democr��tico y social de derecho. Eso conduce a que en materia jur��dico penal se adopte el sistema acusatorio, sustituyendo al inquisitivo que imper�� por muchos a��os. De otra parte, ha surgido la idea de la integraci��n entre los pa��ses relacionados hist��rica, geogr��fica y culturalmente y ello abarca una comunidad econ��mica, jur��dica y pol��tica en el ��mbito internacional. En este estudio, se analiza comparativamente el tratamiento que legal, doctrinal y jurisprudencialmente se da en pa��ses vecinos como Colombia y Venezuela, a las pruebas documental, pericial y testimonial, para apreciar sus diferencias y similitudes. Con esa comparaci��n, se lleg�� a la conclusi��n de que en ambos pa��ses se adopta el sistema acusatorio, con la abolici��n del mixto inquisitivo, se sustituye la prueba tarifada por la apreciaci��n seg��n la sana cr��tica y se incita a un estudio m��s amplio en otras pruebas y aspectos procesales, llevados, incluso, a otros pa��ses del continente. Con todo ello, se pretende abrir una puerta a nuevas investigaciones en ese sentido, para poder comprender cu��l es la verdadera tendencia en la Am��rica del Sur en materia probatoria penal, para ampliarla a los recursos, incluso Casaci��n y con los aciertos y desaciertos de cada legislación, llevar a hacer perfectible el sistema que verdaderamente garantice los derechos humanos.

Adopci��n homoparental en Colombia

Con Constituci��n Pol��tica de 1991 se cre�� en Colombia un Estado Social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, que en Art��culo 42 se refiere a un derecho fundamental en el cual se define ���La familia como n��cleo fundamental de la sociedad. Se constituye por v��nculos naturales o jur��dicos, por la decisi��n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.��� Entendiendo que hay en nuestra sociedad dos formas de constituir una familia: i) Un modo religioso de forma matrimonial que es dar sus votos o un modo civil de este mismo el cual ��nicamente tiene efectos jur��dicos como un contrato o una convenci��n; ii) la voluntad responsable del hombre y la mujer que deciden conformarla, en el cumplimiento de las obligaciones y derechos correlativos. Hay que comprender que la familia creada por la Constituci��n Pol��tica de Colombia, ha tenido cambios contempor��neos en nuestra sociedad y aunque a��n no son reconocidos, se trata de que en muchos casos la familia no solo se compone por los miembros establecidos, sino que tambi��n lo hace de diversas formas e incluso se hace extensa a los abuelos, nietos, primos etc. Trat��ndose de reconocer derechos que se est��n discutiendo en este momento en tribunales y Corte Constitucional, entre los cuales entra a tomar parte los derechos de las parejas homoparentales, los cuales se le han venido reconociendo en nuestra Legislación, pero que contin��an algunos en una ardua lucha, para llegar a hacer una sociedad sin distinciones y desigualdades. Para resolver el asunto, debemos estudiar ante todo la jurisprudencia nacional a fin de dirimir el controversial y actual tema; lo anterior sin dejar de lado el inter��s superior del ni��o, de protecci��n y preelevancia de sus derechos sobre aquellos de los dem��s, que constituye la base del desarrollo y lograr as��, determinar lo pertinente a la comprensi��n del asunto para determinar si con la adopci��n por parte de parejas del mismo sexo se est�� afectando o no este inter��s superior del menor. As�� mismo, resulta necesario incursionar en las opiniones del entorno a saber si nuestra sociedad est�� o no preparada en este momento para que las parejas del mismo sexo adopten, ya que de no serlo, con dicha argumentaci��n se pretende aguardar al momento m��s oportuno para hacer un cambio trascendental en nuestro pa��s.

El derecho al aborto en Colombia. I Parte: El concepto jur��dico de vida humana

En la discusi��n sobre el aborto se oponen dos problemas importantes: uno es el moral y otro es el problema jur��dico. En relaci��n con el juicio moral sobre el aborto, en un pa��s pluralista como Colombia, cada persona tiene concepciones morales muy diferentes y debe ser cada una quien las resuelva individualmente. Es individualmente la mujer considerada como persona, con derechos a un libre desarrollo de la personalidad, con libertad de elegir el camino que debe seguir y libre de elegir el culto o religi��n, quien debe valorar el fruto de la concepci��n y tomar las decisiones que la afecten o la beneficien. Otro es el problema jur��dico. La ley que penaliza el aborto en Colombia aparece como una legislación poco eficaz, por cuanto en vez de disminuir los abortos, los aumenta cada vez m��s y genera condiciones inseguras para la salud de la madre. Las mujeres que se plantean el aborto como una opci��n en sus vidas se enfrentan a la carga moral de la ilegalidad y a la desprotecci��n del Estado, lo que atenta gravemente contra sus derechos fundamentales y acarrea el peligro de que una mala pr��ctica del aborto les provoque una infecci��n o hasta la muerte. El libro considera que la despenalizaci��n del aborto, por lo menos en el primer trimestre del embarazo, aparte de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, ayudar��a a disminuir abortos clandestinos y con ello se salvar��an miles de vidas.