Credibilidad y confianza del comité de convivencia laboral de la Administración Municipal de Itagüí (2014 – 2015)

El acoso laboral es una problemática que aqueja a la población laboral mundial y es uno de los principales riesgos psicosociales en el trabajo, pues no sólo afecta la productividad de los trabajadores, sino que también tiene un fuerte impacto en su salud mental. En Colombia se promulgó la Ley 1010 de 2006 con el fin de combatir este flagelo, sin embargo, se cuestiona la eficacia de esta ley y las resoluciones emanadas del Ministerio del Trabajo que crean los Comités de Convivencia Laboral. El acoso laboral, continúa siendo una de las principales problemáticas que viven los empleados en Colombia, situación que no es ajena en la Administración Municipal de Itagüí. La pregunta que orientó la presente investigación fue: ¿Genera credibilidad y confianza el Comité de Convivencia Laboral entre los funcionarios de la Administración Municipal de Itagüí frente a la solución de las problemáticas relacionadas con el acoso laboral? Los resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a 254 funcionarios y una entrevista con los miembros del Comité de Convivencia Laboral (CCL), permite concluir que el CCL de la Administración Municipal de Itagüí, presenta fallas en la gestión que viene realizando y que existe un clima de desconfianza y falta de credibilidad hacia el comité, lo que se traduce en que la Ley 1010 de 2006 pierda eficacia instrumental en la prevención del acoso laboral en la administración municipal de Itagüí.

Manual de administración municipal. Una respuesta a sus interrogantes

"Este texto sólo tiene una pretensión de carácter didáctico en la medida en que viene a llenar un vacío en el acceso a la información existente en la gran mayoría de municipios colombianos. Desde que Mauro Cappelletti publicó Proceso, ideologías, sociedad señaló un paradigma que era necesario ir desmontando paulatinamente por sus implicaciones negativas en las sociedades democráticas. Indicaba el ilustre jurista italiano: “El rico puede suplir su Ignorantia Iuris con la ayuda de un consultor legal a quien él pagaba; el pobre, en cambio, no tiene medios para sustraerse al peso de su ignorancia”. Formalmente aplicable a todo sin discriminación social, el tradicional adagio “Ignorantía iuris non excusat” se manifiesta, por tanto, como uno de los típicos principios de una sociedad no verdaderamente democrática. En el caso de muchos municipios colombianos sus exiguos presupuestos no les permiten contratar un abogado que asesore al alcalde, a los concejales y a los demás servidores públicos vinculados a la administración municipal. La ignorancia de la ley no sirve de excusa, y la diversidad de reglamentos -entre ellos la Ley 715 de 2001- que dimanan de diferentes entes como el Ministerio de Educación, el de Hacienda, el anterior Salud, ahora fusionado con el de Trabajo en el Ministerio de la Protección Social, hacen que la aplicación correcta y el cumplimiento de las normas sea una tarea ardua. Esta compilación pretende, entonces, apoyar a concejales, alcaldes, secretarios de educación, directores de planeación y gerentes de empresas sociales del Estado, entre otros, para tomar decisiones ajustadas a Derecho.