Evaluación de persuasión coercitiva en contextos grupales

La persuasión coercitiva es un subtipo de persuasión, una modalidad de influencia caracterizada por la aplicación de estrategias abusivas. Su aplicación implica una agresión, en ocasiones sumamente sutil, que combina técnicas ambientales, emocionales, cognitivas y disociativas, alterando la capacidad crítica de quien la recibe y generando, habitualmente, importantes daños psicológicos y desajustes sociales. Los grupos coercitivos, entre ellos las sectas destructivas, se caracterizan por aplicar estas técnicas con una elevada reiteración, persistencia e intensidad. Estas técnicas suelen aplicarse de forma planificada y engañosa; su graduación dificulta que las personas que la reciben detecten la agresividad y el perjuicio que conllevan. Resulta necesario definir clara y objetivamente qué acciones, actitudes y estrategias resultan manipulativas y a partir de qué grado o intensidad podría considerarse que un determinado grupo aplica, sistemáticamente, persuasión coercitiva. Si es patente la escasez de instrumentos de medición del abuso psicológico en diferentes ámbitos (violencia en pareja, acoso laboral, acoso escolar, etc.), aún menor ha sido el desarrollo de herramientas que valoren la presencia de estrategias coercitivas o abusivas en contextos grupales. En tanto que la aplicación de estas estrategias puede derivar en graves consecuencias psicosociales, resulta necesario el desarrollo de instrumentos que puedan resultar de utilidad en contextos clínicos y forenses. El objetivo principal de esta tesis es desarrollar y validar nuevas herramientas de evaluación de persuasión coercitiva en contextos grupales, para lo que se llevaron a cabo dos estudios empíricos: 1) Validación de la Entrevista de Evaluación de Persuasión Coercitiva (EPC). Recoge una amplia gama de coerciones y abusos desarrollados en contextos grupales manipulativos, consta de 66 preguntas con dos secciones de evaluación. La principal, con 61 preguntas, recoge 17 técnicas de persuasión coercitiva, dentro de cuatro subtipos de persuasión coercitiva: ambiental, emocional, cognitiva y disociativa (Cuevas y Canto, 2006). Se emplearon dos procedimientos para examinar su validez de contenido, los cuales aportaron resultados positivos. En primer lugar, la proporción de acuerdo (pa = 0,87), que mostró una concordancia muy relevante entre los 191 evaluadores que participaron. El análisis ítem a ítem mostró la conveniencia de no eliminar ninguna de las preguntas. En segundo lugar, la kappa de Fleiss, que suprime el efecto atribuible al azar (k = 0,57; k = 0,61 si se obvia uno de los diez casos clínicos valorados), sugiere un acuerdo entre moderado y bueno. 2) Diseño y validación de la Escala de Detección de Persuasión Coercitiva (EDPC). A partir de la validación de la entrevista anterior se diseñó esta escala, en una versión inicial de 50 ítems. Se analizaron sus propiedades psicométricas, que fueron también satisfactorias. Su fiabilidad, como consistencia interna, fue examinada con el Alfa de Cronbach estandarizado, resultando ser muy alta para su versión de 50 ítems (α =0,93), y aún mejor para la versión final propuesta de 40 ítems (α =0,97). Se analizó la distribución de las puntuaciones, concluyendo la no normalidad de su distribución, así como su estructura interna factorial, concluyendo la presencia de un factor: persuasión coercitiva. En cuanto a su validez, se examinó la validez convergente con la escala de Abuso Psicológico Grupal (GPA, Chambers, Langone, Dole y Grice, 1994), que mide abuso psicológico; las correlaciones fueron muy elevadas y significativas (p<0,01), especialmente con respecto a su escala global (r = 0,77**). También se examinó su validez de criterio o predictiva con distintas herramientas de ajuste psicológico, correlacionando positivamente de forma elevada, o moderadamente, con algunas escalas o subescalas relacionadas con ideación paranoide, eventos vitales estresantes, cogniciones postraumáticas, etc. En definitiva, se valida la entrevista EPC y se diseña y valida una nueva escala, la EDPC. Dos herramientas que se validan en población española, con unas adecuadas propiedades psicométricas, que pueden resultar de gran utilidad en el ámbito clínico y forense, con objeto de valorar el control y la manipulación ejercidas en contextos grupales. Utilizar este tipo de herramienta resulta relevante para poder constatar la responsabilidad de los grupos coercitivos, facilitando relacionar los daños valorados en las víctimas, con las acciones concretas desarrolladas por grupos, o personas, que llevan a cabo comportamientos abusivos. Referencias Bibliográficas: Chambers, W.V., Langone, M.D., Dole, A.A.y Grice, J.W. (1994). The Group Psychological Abuse Scale: A Measure of the Varieties of Cultic Abuse. Cultic Studies Journal, 11, 88-117. Cuevas, J.M. y Canto, J.M. (2006). Sectas: cómo funcionan, cómo son sus líderes, efectos destructivos y cómo combatirlas. Málaga: Aljibe.

Medición de la exclusión social generada por la actual política criminal

La actual política criminal comparada tiene una fuerte tendencia a contrastar los diferentes sistemas nacionales en función de su mayor o menor rigor punitivo. Algún autor (Díez Ripollés, 2011, 2013) ha abogado por un modelo de comparación más ilustrativo y complejo, basado en la inclusión social / exclusión social que los diferentes sistemas penales generan en tres colectivos concretos: sospechosos, delincuentes y exdelincuentes. Para ello identifica nueve cestas temáticas (control de espacios públicos, garantías penales, sistema de determinación de la pena y sistema de sanciones, penas máximas, régimen penitenciario, internamientos de seguridad, estatus legal y social de delincuentes y exdelincuentes, registros policiales y penales, y derecho penal juvenil), abarcando cada una de ellas diversas reglas y prácticas punitivas. A partir de este modelo se está diseñando y validando un instrumento comparativo de la política criminal de los países del Occidente desarrollado de acuerdo con la dimensión inclusión social / exclusión social. La metodología para alcanzar este objetivo consiste en someter a un acuerdo de jueces un conjunto de reglas y prácticas socialmente excluyentes identificadas previamente. En esta comunicación mostraremos el diseño del cuestionario así como los resultados de la primera fase de validación, llevada a cabo con más de 70 expertos internacionales de 18 países diferentes del Occidente desarrollado. El acuerdo de dichos expertos sobre las reglas y prácticas susceptibles de generar exclusión social sobre los tres colectivos objeto de atención se ha verificado mediante varias pruebas estadísticas de fiabilidad inter-jueces, como el coeficiente de correlación intra-clase (ICC) y el coeficiente de validación V de Aiken. Se describirán también las fases de validación pendientes. Una vez que dispongamos de este instrumento de comparación de los diversos modelos de intervención penal nacionales nos proponemos ofrecerlo a la comunidad internacional y promover su aplicación.

Algunos rasgos del modelo penal de la seguridad ciudadana: el uso intensivo del sistema penal sobre las clases desfavorecidas

Hipótesis El trabajo de investigación que se presenta parte de la hipótesis de que el modelo penal de la seguridad ciudadana está desplazando al modelo penal garantista en el sistema penal español. Objetivos y metodología Para confirmar dicha hipótesis se ha elaborado un instrumento de medida formado por diez rasgos que caracterizan al modelo penal de ley y orden. Posteriormente se ha utilizado dicho instrumento para identificar en cada fase del sistema penal ejemplos (normas y prácticas) de los diez rasgos. En concreto, se ha realizado un análisis detenido del discurso público sobre la delincuencia, las decisiones de política criminal adoptadas, los procesos legislativos desarrollados, las rutinas policiales, las prácticas judiciales y la realidad penitenciaria. Principales resultados Se han detectado multitud de dinámicas, procesos y prácticas que denotan que el modelo de la seguridad ciudadana se está implantando en el sistema penal español, aunque con diferente intensidad en cada fase, siendo más claro en el momento legislativo y estando menos presente en el de ejecución penitenciaria. Se concluye, por tanto, que el instrumento diseñado es idóneo para medir el grado de penetración del modelo a lo largo del sistema. Concretamente, se presentarán algunos de los resultados más llamativos, haciendo especial hincapié en aquellos relacionados con el uso del sistema penal para controlar de manera más intensa a las clases marginales, desatendiendo a las causas socioeconómicas de la delincuencia. En ese sentido, se pondrán de manifiesto, entre otras, las diferencias cuantitativas que resultan de la comparación entre las sanciones previstas, impuestas y ejecutadas en delitos habitualmente cometidos por clases desfavorecidas y privilegiadas. También se presentarán otros datos procedentes del análisis de las rutinas de los operadores de cada fase del sistema respecto a unos y otros delitos.

Blame Attributions Among Child Sexual Abuse Survivors and Disclosure of the Abuse

Child sexual abuse (CSA) disclosure is critical for survivor´s psychosocial adjustment later in life. The aim of the present study was to analyze the relationship between attributions of blame for child sexual abuse by the victim and the disclosure of the abuse to parents or caregivers while controlling for characteristics of the abuse. Female college students between 17 and 24 years of age (M = 19.44, SD = 1.64) from a southern Spanish University were surveyed. Of 1547 respondents, 153 (9.90%) reported having suffered some form of CSA before the age of 15. Information about the characteristics of abuse (age of onset, type of abuse suffered, continuity of abuse, and relationship with and age of the perpetrator) and the existence of abuse disclosure by the survivor was obtained from a self-reported questionnaire developed for the present study. The Attributions of Responsibility and Blame Scale (McMillen & Zuravin, 1997) was used to assess attributions made about CSA (self-blame, perpetrator blame and family blame). The results of a logistic regression model was statistically significant, χ² (9) = 43.856, p < .001. The model explained 41% (Nagelkerke R²) of the variance of abuse disclosure and correctly classified 85.6% of cases. Survivor disclosure was 5.50 times more likely to occur when the perpetrator was not a family member (Wald = 8.14, p < .01) and 3.95 times more likely to occur when there was not physical contact with the perpetrator (Wald = 4.30, p < .05). The occurrence of disclosure was also related to increased perpetrator age (Wald = 4.83, p < .05). With regard to the attributions of blame, the occurrence of disclosure was related to lower scores on self-blame (Wald = 6.78, p < .01) and higher scores on family blame (Wald = 9.67, p < .001). However, no relationship was found between perpetrator blame and disclosure of abuse. The results confirm the idea that not only self-blame attributions, but also family blame attributions are critical to the decision of a CSA victim to disclose abuse. The possibility that children who do not disclose abuse have a greater need to deny the occurrence of abuse, or have more confusion about being abused is discussed. Attributions of blame should be taken into serious consideration when evaluating children for possible sexual abuse.