36 resultados para vigencia

em Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador


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El presente trabajo surge como producto de una investigación preliminar de la problemática que enfrenta la industria de la construcción; esta prueba se lleva a cabo en el mes de marzo de 2002. Después de la prueba piloto se realizó una investigación bibliográfica y de campo, determinando que la problemática que enfrenta la industria de la construcción es precisamente el reconocimiento de ingresos y costos a lo largo de la obra que se realiza debido a que el método establecido es bastante complicado para aplicarlo. A lo largo de la investigación se concluyó que la mayoría de empresas constructoras poseen un conocimiento bastante amplio sobre el reconocimiento contable de ingresos y costos, pero no tienen la suficiente capacidad para distinguir si en verdad aplican el método correcto, por lo que recomendamos reconocer tanto ingresos como costos de acuerdo a lo establecido por la norma internacional No 11 “Contratos de construcción” pues debido a la entrada en vigencia de la obligatoriedad de éstas es necesario que se contabilicen bajo este marco. Una vez definida la problemática se procedió a desarrollar el anteproyecto del trabajo de graduación en el periodo de marzo 2002 a junio del mismo año, el cual se sometió a revisión y posterior aprobación. El trabajo de graduación fue comenzado en junio del 2002 y finalizo en noviembre del mismo año; con este se pretende que las empresas constructoras cuenten con las herramientas, y procedimiento que les sirva de guía para el reconocimiento correcto de los ingresos y costos incurridos El trabajo de graduación se desarrolló con la finalidad de que las empresas del sector construcción, los profesionales de contaduría pública, los estudiantes en general y todo aquel que tenga los conocimientos básicos de la contabilidad acogerán con agrado esta investigación y se beneficien para estar preparados para afrontar la nueva disposición contable.

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El propósito fundamental del proyecto de investigación consiste en abordar la situación problemática que representa la medición y presentación de los activos intangibles, particularmente en el caso de las Franquicias considerando la normativa en vigencia. En particular, es un tema que actualmente se vuelve necesario, debido a la adopción de normativas técnicas para una mejor presentación de la información contable. Los Activos Intangibles son parte importante del valor de mercado de las empresas y organizacionesen general, su análisis corresponde a la necesidad de la contabilidad, que no proporciona la información suficiente en relación con la medición y valuación de dichos recursos. Se ha destacado la importancia de los Activos intangibles como elementos generadores de valor, teniendo en cuenta que usualmente se da mayor importancia a los recursos físicos y monetarios, sin tener presente que la identificación de los activos intangibles es una nueva realidad, la cual le proporciona a las empresas que los valoran mayor eficiencia y verdaderas fuentes de creación de valor. Dichos activos si son gestionados y medidos convenientemente, se transforman en una fuente de ventaja competitiva sostenible capaz de traducirse en beneficios importantes. Las franquicias han marcado la pauta en la nueva tendencia mundial del comercio entre las naciones. La nueva era de un mundo globalizado ha permitido que este sistema de comercialización sea cada día más común en todos los países. La franquicia se trata a grandes rasgos, de la venta que hace un productor original, de un formato o negocio, concepto que incluye derechos, estrategias de servicio. El comprador se hace acreedor a unos derechos, para establecer su propio negocio, explotando los productos y marcas ya posicionadas en el mercado y que por ende, tienen un prestigio ganado. La investigación se desarrolló a través de una metodología basada en la implementación de técnicas y métodos científicos, que arrojaron resultados que se analizaron e interpretaron, con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre el conocimiento de la medición y presentación de las franquicias de acuerdo a la normativa en vigencia en el sector en estudio. A partir de los resultados obtenidos se pudo concluir que: Las empresas no cuentan con herramientas que contribuyan al mejoramiento de la medición y presentación de las Franquicias dentro de sus estados financieros que les permita mostrar de forma más eficiente los resultados obtenidos durante la explotación de la franquicia. Los contadores de las empresas del Sector Servicio Restaurantes consideran que la no aplicación de la NIC 38 Activos Intangibles se debe a aspectos tales como complejidad en la interpretación de los criterios técnicos establecidos, fase de adopción de normas y desconocimiento de su contenido. Basándonos en las conclusiones anteriores se han evaluado cuales podrían ser las acciones más recomendables a tomar: Es indispensable que las empresas creen los lineamientos idóneos o apropiados para una correcta medición y presentación de las franquicias obteniendo la capacitación necesaria para la implementación de la Norma Internacional de Contabilidad 38 Activos Intangibles en la elaboración de sus registros contables sobre las franquicias.

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Finalmente se realiza el análisis de las muestras elegidas con la finalidad de identificar si los aspectos del método de Barthes se cumplen a cabalidad y qué tipo de discrepancias surgen en cada interpretación, si es que existen se comprobarán por medio de la comparación entre ellas lo cual permitirá obtener resultados para verificar la vigencia de los métodos a través del tiempo, visualizando y sustentando el tema de este trabajo, además de contribuir en futuras investigaciones de la temática

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La creación de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria y su entrada en vigencia en enero de 2015 genera el control de un requerimiento contable no aplicable a la fecha para las empresas salvadoreñas que utilizan las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades como marco de referencia contable. La sección 28 “beneficios a los empleados” exige que el costo de los planes de beneficios definidos y las provisiones anuales se realice por medio del método actuarial de unidad de crédito proyectada o un modelo simplificado, a raíz de este requerimiento se consideró conveniente llevar a cabo un estudio que radica en la investigación de variables alternas que permitan cumplir con la exigencia normativa de medición y valuación de las provisiones por renuncia voluntaria. El objetivo principal de la investigación es contribuir con los contadores públicos en el diseño de un modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada requerido por la sección 28 NIIF para las PYMES que les permita medir y valuar las provisiones por renuncia voluntaria sin ser especialista en estudios actuariales, esto a través de la elaboración de un documento útil que desarrolle un ejemplo práctico con el modelo propuesto, comprensible para que pueda ser aplicado en las entidades donde los profesionales prestan sus servicios. El estudio se realizó bajo el enfoque del método hipotético deductivo, abordándolo desde una perspectiva general hasta llegar a elementos específicos causales de la problemática, citando posteriormente los conocimientos que los contadores públicos deben adquirir para la correcta provisión por las renuncias voluntarias y se analizó las posibles consecuencias derivadas de la misma, lo que permitió un conocimiento más acorde a la situación actual del problema. Siendo los contadores públicos autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria al 31 de diciembre de 2014 las unidades de análisis, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de información y el instrumento fue el cuestionario, datos que se tabularon y analizaron para posteriormente realizar un diagnóstico de las temáticas abordadas. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que los contadores poseen una considerable experiencia laboral pero únicamente el 7% de la muestra posee estudios sobre actuaría y la mayoría no ha recibido alguna capacitación sobre esta especialidad, además, aunque de forma autodidacta gran parte de profesionales encuestados ha analizado la contabilización de la renuncias voluntarias según NIIF para las PYMES más de la mitad no se han capacitado a la fecha, razón por la cual aunque consideran el método de unidad de crédito proyectada y/o su modelo simplificado como los ideales para medir y valuar las provisiones no lo utilizan debido a los limitados conocimientos actuariales y la poca bibliografía comprensible para el desarrollo de las metodologías. Entre las principales conclusiones están:•La falta de conocimiento en los contadores públicos incide negativamente en la aplicación técnica normativa para la valuación y la medición de las provisiones según la sección 28 Beneficios a los empleados de las NIIF para las PYMES. •En la actualidad las empresas no poseen los recursos económicos suficientes para la contratación de un especialista en materia de Actuaria, que pueda ejercer conjuntamente con el profesional contable conforme a los requerimientos de la normativa técnica, evaluando un costo beneficio desfavorable para las entidades. •La aplicación del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada genera eficiencia y eficacia para el profesional contable, ya que es más sencilla su aplicación porque no toma todas las variables que se necesitan en un estudio actuarial. Entre las principales recomendaciones están: •A las Escuelas Técnicas y a las Instituciones de Educación Superior tomar interés sobre el tema de Actuaria en las cargas académicas, enfatizando en temas que conllevan una aplicación contable. •Evaluar la capacidad en recursos económicos para la contratación de un especialista en las empresa y contrastar con el producto que se obtendrá de este, de manera tal que se pueda determinar si es necesaria dicha contratación o tomar la alternativa planteada por la normativa de aplicar el método simplificado, siendo este un poco más sencillo por que no utiliza todas las variables que necesita un estudio actuarial. •Se considera que la aplicación del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada, mencionado en la sección 28 de las NIIF para las PYMES, es más sencilla ya que este no muestra un costo beneficio desproporcionado en los resultados y por las variables del método de la unidad de crédito proyectada que se omiten resulta más razonable la aplicación.

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La investigación surge a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria; una nueva Ley que tiene incidencia en el ámbito contable financiero, laboral y fiscal. Por tal razón los auditores externos se enfrentan a un nuevo reto para la realización de una auditoria de estados financieros por tratarse de un tema de actualidad, por lo que se ven en la necesidad de diseñar procedimientos de auditoría para la evaluación de los beneficios a empleados, y a la vez apoyarse en el trabajo de un experto para determinar la razonabilidad de la provisión. Como objetivo, se planteó proporcionar una guía de procedimientos de auditoría para evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros correspondientes a los beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, mediante la utilización del trabajo de un experto en la obtención de evidencia suficiente y adecuada para propósitos de auditoría; esto, para establecer una base teórica con la intención de proveer información completa que reúna aspectos legales y técnicos que sean de utilidad para respaldar la realización de un conjunto de procedimientos estandarizados, enfocados en cumplir los requerimientos establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría, en lo concerniente a la utilización de la ayuda de un experto para evaluar el área de los beneficios a empleados, y así representar mediante casos prácticos la aplicación de dichos procedimientos. La investigación se llevó a cabo mediante el enfoque hipotético deductivo, a través de ello se realizó un análisis partiendo de lo general hacia lo particular, con el propósito de determinar elementos de utilidad para establecer soluciones y alternativas a la falta de procedimientos de auditoría que requieran la utilización del trabajo de un experto, para la obtención de evidencia suficiente y adecuada en la evaluación de la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros, concernientes a los beneficios a empleados derivados de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. Las unidades de análisis que se utilizaron para la investigación fueron los profesionales de la Contaduría Pública de El Salvador inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría al 31 de diciembre de 2014, siendo un total de 4,281 profesionales, y, que a la vez se consideró como el universo utilizado para la investigación. En cuanto a la determinación de la muestra, esta se efectuó de forma aleatoria simple, y se aplicó sobre el total de contadores públicos que han actualizado información del registro al 31 de diciembre 2014. Con la realización de la investigación se dedujo que en los últimos 5 años han surgido cambios importantes en cuanto a regulaciones técnicas y legales, referente a los beneficios a empleados, generados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, es por eso que los auditores se ven en la necesidad de diseñar y aplicar procedimientos de auditoria adecuados para la evaluación de los mismos. Por lo antes mencionado se considera necesaria la utilización del trabajo de un experto al momento de realizar una auditoría de estados financieros para verificar que el cálculo provisionado en concepto de beneficios a empleados es razonable. Con la aplicación de procedimientos adecuados se logra una disminución del riesgo asociado a la evaluación de los beneficios a empleados, ya que se considera como “alto” el riesgo que la provisión haya sido calculada inadecuadamente debido a la complejidad de los cálculos actuariales. Se incita a la realización de un guía de procedimientos de auditoria estandarizados orientados a la evaluación de beneficios a empleados generados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, que sirva como una herramienta de trabajo a los auditores externos para que apliquen procedimientos de acuerdo a los riesgos evaluados.

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La portabilidad numérica es un tema de importancia en los últimos meses en El Salvador, el cual trata sobre el servicio que permite a las personas mantener sus números de teléfonos, cuando ellos cambian de un operador de telefonía a otro, esto genera a su vez mayor competencia para los proveedores, los cuales se ven forzados a ofrecer precios más accesibles por medio de mejores promociones y acaparar así el mayor número de clientes. Es por ello que ha sido necesaria la reforma a la “Ley de Telecomunicaciones, en su Artículo 29, literal j)”, el cual está referido a la portabilidad numérica y la creación del “Reglamento de Portabilidad del Número Telefónico” para la regulación del proceso que conlleva. La aprobación de dicha reforma entró en vigencia el 24 de agosto de 2015 y con ello se inició el proceso de portación numérica en el país y cada día incrementa el número de clientes que hacen valer su derecho y eligen el proveedor de telefonía que consideran más conveniente. Bajo ese contexto se desarrolla la investigación, en la cual se busca responder si el impacto financiero de la portabilidad numérica en el país es relevante y por ende, si tiene impacto en el sector empresarial (enfocado en la pequeña, mediana y gran empresa que son clientes de los operadores telefónicos), así también busca presentar la recopilación de las diferentes ofertas que ofrecen los operadores de telefonía (Claro, Tigo, Digicel y Telefónica) y los elementos de mayor relevancia en cada una de ellas, todo ello sustentado con base a referencias fidedignas que garantizan los resultados.

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Con la entrada en vigencia de una nueva normativa contable de aplicación, (Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades) aprobada por el ente regulador de la profesión de contaduría pública y auditoria en El Salvador, (Consejo de la Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria “CVPCPA “), se establece que a partir del 01 de enero de 2011, será la base contable utilizada para los ejercicios que se informen, en tal sentido se requiere que las entidades realicen cambios estructurales y de adaptación a fin de cumplir con los lineamientos internacionales de la información financiera. Debido a la evolución y constantes cambios que exige un mundo globalizado, es necesario centrar el interés por ampliar y reforzar el conocimiento sobre aspectos de aplicación en el ejercicio de la profesión contable, para poder estar a la vanguardia de las exigencias y competencias del entorno económico, social y financiero de las entidades. En tal sentido se desarrolló una investigación sobre la temática de la elaboración, presentación y revelación de estados financieros, utilizando el método analítico, deductivo, descriptivo analizando desde una perspectiva general los aspectos que pudiesen ser la causa fundamental en el surgimiento del fenómeno. La población considerada son las entidades comercializadoras de productos farmacéuticos del departamento de San Salvador, en el municipio de San Salvador, del cual se seleccionó una muestra aplicando métodos estadísticos; así mismo, mediante el uso del instrumento encuesta se logró obtener la información necesaria para crear el análisis de los resultados. Obteniendo los insumos necesarios para la elaboración de un caso ilustrativo relacionando aspectos que presentan un grado mayor de complejidad con respecto a la elaboración, presentación y revelación de las operaciones en un conjunto completo de estados financieros como lo requiere la normativa de aplicación. Como resultado se logró determinar que en el país aún no se aplica completamente la normativa que el Consejo de la Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria, aprobará para su aplicación en la elaboración, presentación y revelación de la información financiera de las entidades, que para el caso es la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades; además, la falta de políticas contables definidas para la preparación de estados financieros, hacen difícil la aplicación de la misma en dichas entidades. El inicio de la implementación de la normativa cumpliendo el debido proceso, el cual debe ser desarrollado por personal capacitado para su culminación, además del apoyo necesario por parte de la administración superior para la ejecución correcta del procedimiento de conversión de los estados financieros de la base utilizada anteriormente a la nueva normativa; además, de la elaboración de las políticas contables idóneas de acuerdo al giro de la entidad para una mejor comprensión de todos los usuarios de la información.

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Con la entrada en vigencia de la reforma educativa, implementada por el Ministerio de Educación, la cual impulsa un modelo de descentralización en la administración, de los centros educativos nacionales, a través de la creación de las diferentes Modalidades de Administración Escolar Local, pretende mejorar la gestión administrativa de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles en los centros educativos nacionales. Sin embargo muchas instituciones educativas y en particular el Centro Escolar General Francisco Morazán poseen limitados conocimientos administrativos para llevar a cabo el proceso de Planificación, Organización, Dirección y Control. Para efectos de minimizar las deficiencias administrativas que presenta el Centro Escolar, se ha diseñado la presente propuesta que tiene como objetivo proveer herramientas administrativas que contribuyan a la eficiencia en la administración del Centro Escolar. Para la realización de la investigación se describió, analizó e interpretó la situación problemática que acontece en el Centro Escolar. En la elaboración del Diagnóstico Administrativo se utilizaron diferentes técnicas que permitieron recabar la información, entre ellas se mencionan: la entrevista, la encuesta y la observación. Posteriormente se procesó la información por medio de un sistema manual utilizando hojas tabulares para un fácil registro. Los resultados obtenidos reflejaron deficiencias en las fases del proceso administrativo por lo que fue necesaria la elaboración de diferentes herramientas administrativas. Entre las principales conclusiones y recomendaciones están: – La actual estructura organizativa no se adapta a las necesidades de la institución, debido a que no están definidos claramente los niveles de responsabilidad y autoridad por lo que se propone un cambio en la estructura organizativa reflejando las unidades de apoyo y asesoría externa. – Se verificó la inexistencia de los diferentes manuales administrativos, recomendando la elaboración de éstos, con el objeto de coordinar y facilitar el desempeño de las actividades en la institución. – Se detectó que no realizan evaluaciones del desempeño al personal por lo que se recomienda el uso de fichas de evaluación del desempeño para determinar qué tan eficiente se ha realizado la labor de docencia y administrativa.

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La Institución se fundó el 23 de Julio de 1900, con el nombre de Consejo Superior de Salubridad, dependencia del Ministerio de Gobernación. El Consejo determino que entre las actividades principales a realizar fueran: estadísticas médicas, saneamiento de zonas urbanas, inspecciones de víveres, higiene de rastros y mercados, construcción de cloacas y sistemas de aguas servidas, obligatoriedad de instalar letrinas, lucha contra los mosquitos, visitas a establos, fábricas y beneficios de lavar café. El primer Código de Sanidad entra en vigencia el 24 de julio del mismo año. El 15 de agosto se creó la Dirección General de Vacunación la cual en 1907 se llamó Instituto de Vacunación contra la Viruela. En el año 1920 se fundó la Dirección General de Sanidad dependiendo también del Ministerio de la Gobernación. En 1926 El Poder Ejecutivo creó a través de la Subsecretaría de Beneficencia, el servicio de asistencia médica gratuita, cuya finalidad era prestar auxilio oportuno y eficaz a los enfermos pobres en todas las poblaciones de la República. En el año 1930 se aprueba un nuevo Código de Sanidad, en este año se establece la primera clínica de puericultura ubicada en San Salvador. En el año 1948 se creó el Ministerio de Asistencia Social, y al finalizar este año se cuenta con 32 servicios en 32 municipios con un personal de 565 y un presupuesto de ¢1,158,620.00 colones. Para el año 1950 El Ministerio de Asistencia Social pasaba a ser El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En 1956 existían 40 servicios locales bajo la Dirección General de Sanidad. En Diciembre de 1960 entró en vigencia la Ley de patronatos en Centros Asistenciales. En 1965 los servicios aumentaron a 151, distribuidos en 14 hospitales, 9 centros de salud, 57 unidades de salud, 70 puestos de salud y 1 inspectoría. En 1978 se contaba con 271 establecimientos de salud y se tenía 85.4% de cobertura y 96.2% de población accesible a los diferentes establecimientos de salud. En 1989-1990 se determina la necesidad de crear una descentralización efectiva de la atención a los pacientes creándose los Sistemas Locales de Salud (SILOS). En 1983 se elaboró el diagnóstico de salud correspondiente a los años 1979-1982 para ser tomado como documento de referencia para programar las actividades del Ministerio. Para 1993 se contaba con 18,276 plazas de personal médico, enfermeras, técnicos y administrativos, distribuidos en 372 establecimientos de salud de los cuales son 15 hospitales, 15 centros de salud, 163 unidades, 150 puestos de salud, 34 puestos Comunitarios y 3 dispensarios. En 1999 Se conformó el Consejo de Reforma del Sector Salud como entidad encargada de formular la reforma del sector salud con participación de diferentes entidades públicas y privadas que conforman el sector. En el 2000, La red de servicios incremento a 610 establecimientos distribuidos en 30 hospitales 357 unidades de salud, la cual fue reforzada con equipo invirtiendo 8 millones de colones y mejoramiento en su infraestructura con una inversión de 5.9 millones de colones. Se ha continuado con el proceso de modernización con la redefinición de las funciones del Sistema Sanitario con el fin de conformar el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) bajo la visión de lograr la participación activa de la comunidad (participación social) y lograr la descentralización de los servicios de salud.

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En El Salvador a diario se observa que existe una población masiva de escasos recursos la cual desea y necesita tener una Vivienda Digna, por lo que el Fondo Nacional de Vivienda Popular en su afán de servir a estas personas de escasos recursos crea una Ley que responde a ese sector, la cual fue aprobada el 28 de Mayo de 1992 entrando en vigencia el 17 de Junio del mismo año, tomando esta última como fecha de fundación Se crea como Institución Pública de Crédito de carácter autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, que brinda la oportunidad de tener una vivienda digna a ese sector vulnerable de la sociedad, facilitándoles vivienda a las familias que tengan ingresos inferior o igual a cuatro salarios mínimos. Actualmente, FONAVIPO tiene dos Programas de Vivienda: el Programa de Contribución y el Programa de Crédito siendo este objeto de nuestra investigación. En ese contexto, esta investigación está dirigida a los usuarios finales con el fin de conocer cuáles son sus necesidades crediticias en concepto de vivienda o de otra índole y así hacer la propuesta al Fondo Nacional de Vivienda Popular sobre las necesidades que tienen los usuarios finales. Por lo cual identificamos el problema de la rentabilidad de los productos financieros o líneas de crédito tanto para FONAVIPO y la satisfacción del usuario final, con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad para ambos y que satisfaga las exigencias de vivienda y expectativas económicas del usuario final. El objetivo radica en qué medida los productos financieros del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) a través de los intermediarios son rentables y si éstos contribuyen a satisfacer las necesidades de los sectores de más bajos ingresos a nivel nacional. Para la recolección de la información, se aplicó el método inductivo, utilizando fuentes primarias y secundarias; realizando la investigación de campo a través de un cuestionario dirigido a las Instituciones Autorizadas y Usuarios Finales, y entrevistas dentro de FONAVIPO. Una vez recolectada la información, se elaboró un diagnóstico que permitió conocer la rentabilidad de las líneas de crédito existentes, obteniéndose las siguientes conclusiones: Para las IA´s las tasas de interés depende del margen de intermediación proporcionado por FONAVIPO. Además, existe un techo límite del monto. La compra de vivienda es el destino con menor demanda debido a la poca promoción de Proyectos Habitacionales de Interés Social. De igual forma se manifiesta que sí deben mejorarse las líneas de crédito, y no se sugiere ninguna eliminación de las líneas de crédito. Así también se sugiere una línea de crédito o producto financiero nuevo que les ayude a mejorar la calidad de vida de sus familias. Por tanto, el grupo de investigación elaboró el trabajo de graduación denominado “Diagnóstico de la Rentabilidad de los Productos Financieros del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) de El Salvador y Propuesta de Alternativas de Nuevos Productos”. En base a la problemática y conclusiones se recomienda a FONAVIPO: Mejorar las líneas de créditos existentes: tasa de interés, monto, plazos. No eliminar líneas de créditos existentes. Nueva línea de crédito o producto financiero ubicándola en el Programa de Crédito y la denominamos “Línea de Crédito Complementaria para Beneficio Social o Economía de Subsistencia”. Este producto crediticio financiero proporcionará un crecimiento en la cartera de préstamos del Fondo Nacional de Vivienda Popular a través de las Instituciones Autorizadas. La propuesta está dirigida para el Usuario Final que se encuentra activo con el Fondo Nacional de Vivienda Popular que requiere un segundo ó tercer crédito para la colocación de un negocio familiar como una tienda de artículos varios, un taller de costura, compra de herramientas de trabajo y otros.

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Al entrar en vigencia la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en el año 2000, las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones Gubernamentales tuvieron que cambiar los procesos en las adquisiciones, además de reestructurar cada unidad, por eso es necesario que las gestiones de compras se realicen con eficiencia y transparencia para obtener los objetivos de la Institución. Por tal razón, para eficientizar los procesos en las gestiones de compra en la UACI del INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA se ha diseñado la presente propuesta que comprende el contenido de las bases de licitación, programa de capacitación, plan de implementación de la estructura organizativa de la UACI, herramientas administrativas necesarias y sistematización de los procesos, aspectos que contribuyen a la realización de una buena gestión. Para la realización de la investigación se describió, analizó e interpretó la situación problemática que acontece en la UACI. En la elaboración del diagnóstico de los procesos actuales de compra se utilizaron diferentes técnicas que permitieron recabar la información, entre ellos se encuentran: la entrevista, la encuesta y la observación. Posteriormente, se procesó la información por medio de un sistema manual utilizando hojas tabulares para facilitar el proceso de integración de la información. Los resultados obtenidos reflejaron deficiencias en las procesos de las gestiones de compra, lográndose de esta manera la determinación de la situación real y aspectos que deben mejorarse en la UACI, lo cual permitió establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES a) La mayoría de los empleados conocen solamente los aspectos generales sobre la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. b) No se cuenta con un programa de capacitación de la LACAP para los empleados de la UACI y las áreas relacionadas con dicha Unidad. c) Existe un programa de capacitación pero a nivel institucional. d) Los empleados de las áreas relacionadas con la UACI no tienen conocimientos generales sobre la LACAP. e) Las formas de contratación más utilizadas en las gestiones de compra son: libre gestión y licitación o concurso público. f) Existen dificultades en la aplicación del proceso de la Ley para la elaboración de las bases de licitación y la evaluación de ofertas. g) Los empleados carecen de conocimientos para la aplicación de la LACAP en los procesos de gestiones de compra. h) Se considera necesario sistematizar los procesos de compra de bienes y servicios. RECOMENDACIONES a) Los empleados de la UACI deben poseer sólidos conocimientos de la LACAP y su aplicación en todo tipo de compra. b) Elaborar un programa de capacitación para la UACI sobre la LACAP y las leyes relacionadas con la administración pública. c) Involucrar a los empleados de la UFI en los programas de capacitación sobre las adquisiciones y contrataciones. d) Revisar el contenido de las bases de licitación y los procesos para su elaboración. e) Adquirir productos de acuerdo a la calidad solicitada por las diferentes dependencias del Instituto. f) Fortalecer los conocimientos de los empleados con respecto a la aplicación de la LACAP. g) Revisar los procesos de las gestiones de compra y mejorarlos evitando atrasos en las compras y minimizar los recursos. h) Es necesario reducir los procesos en las gestiones de compras de bienes y servicios para evitar retrasos.

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En la actualidad la descentralización del Estado, el fortalecimiento municipal y la participación ciudadana son tres aspectos que necesariamente se articulan y que por su vigencia cobran mayor fuerza e importancia en Latinoamérica. En El Salvador se observa una tendencia creciente en las Municipalidades por asumir su competencia, a la par de un incremento de los recursos financieros municipales, causado por una parte por la presión de las demandas locales y por otra, por un criterio cada vez más amplio referente a la necesidad de un traspaso progresivo de competencia desde las entidades del Gobierno Central a los Gobiernos Locales. Las Municipalidades de El Salvador deberán aplicar procesos administrativos y contables adecuados que les permitan obtener eficiencia en el manejo de los fondos que reciben a través del Gobierno Central. La presente investigación tiene como objetivo principal elaborar una guía que facilite la comprensión de los procedimientos administrativos y contables para el manejo de los fondos del Presupuesto General de la República, asignado a las Municipalidades de El Salvador. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica y de campo en la que se distinguió el uso de técnicas y métodos para la recopilación de la información, tales como: entrevistas, encuestas y revisión bibliográfica. Los datos obtenidos fueron tabulados en cuadros estadísticos para mayor facilidad de su análisis e interpretación y de esta forma establecer la situación actual de las Municipalidades. De los resultados obtenidos de la investigación, se proporciona el desarrollo administrativo y contable, haciendo uso de la Contabilidad Gubernamental para el registro de las operaciones de ingresos y egresos de los fondos para el desarrollo económico y social de los Municipios recibidos por una alcaldía determinada. Al final se establecen las conclusiones a que se llegó durante la investigación, señalándose así las deficiencias administrativas y contables observadas; dando lugar éstas a plantear las recomendaciones respectivas.

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La figura de la Inconstitucionalidad por Omisión se compone por dos elementos: "inconstitucionalidad" y "omisión"; el primero de ellos hace referencia a una conducta vulneradora de la Carta Magna, y "omisión", se define como una inactividad o un dejar de hacer. En algunos diccionarios jurídicos, el término "omisión" es remitido al ámbito penal, no procesal constitucional, esto es porque la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura aún en construcción, de tal forma que su regulación expresa se encuentra ausente en muchos países, incluyendo el nuestro. Es por ello, que en la doctrina, hay una pugna en el reconocimiento de la existencia de esta figura, las cuales se analizarán en los argumentos a favor y en contra del reconocimiento de la misma, así como los diversos tipos de omisión legislativa, y las teorías aplicables a esta investigación en relación a los derechos sociales, tales como: (1) La Doctrina de la Supremacía Constitucional, en la que se establecerá que las disposiciones de la Carta Magna deben ser acatadas por su carácter superior, incluyendo los mandatos constitucionales de disposiciones programáticas pendientes de desarrollo legislativo; (2) La Teoría del Estado Social, en la que se analizará cómo quedaron los derechos sociales después de la crisis del Estado de Bienestar; y (3) la Teoría jurídica garantista de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli, que se retomará en referencia a la falta de garantía de los derechos sociales, el cual es un punto de gran importancia, debido que estos derechos al ser incorporados al ordenamiento jurídico adquieren la función de legitimar al Estado y proteger la dignidad humana. Por otro lado, se establecerá la relación de esta investigación con aspectos de contenido económico, político y social, por ejemplo: en el aspecto económico, es necesario que el Estado cuente con recursos para garantizar y satisfacer el goce de los derechos sociales; de igual forma, es necesario que el legislador secundario priorice garantizar los derechos sociales sobre intereses políticos, o de conveniencia, en su función de creación de leyes (aspecto político); en cuanto al aspecto social, este debe activarse mediante la lucha del reconocimiento del respeto y desarrollo de los mandatos constitucionales, que puede darse por medio del mecanismo de la Inconstitucionalidad por Omisión, es decir, la actuación activa de la sociedad que requiere un necesario conocimiento de las nuevas realidades jurídicas, dado que no se puede defender algo del cual se tenga desconocimiento. Así también, el desarrollo de la investigación resaltará la importancia del necesario control en las omisiones que incurre el órgano legislativo, al incumplir mandatos constitucionales para legislar, lo que produce un despliegue incorrecto de la eficacia jurídica de la Carta Magna; dicha omisión, debe producirse en un espacio de tiempo razonable. En el caso salvadoreño, el tiempo existente entre la vigencia de nuestra Constitución y la actualidad son treinta años; el deber ser es que los mandatos constitucionales, expresos o implícitos, ya han sido desarrollados, pero, la realidad dice lo contrario, lo que nos lleva a cuestionar ¿Por qué no han sido desarrollados todos los mandatos constitucionales? Si bien es cierto, la figura de la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura emergente en nuestro país, la excesiva dilación de legislar se produce, entre otras causas, por la falta de demanda en la exigencia de desarrollo. Es importante destacar, que la presente investigación trata sobre la esfera social, por lo que el análisis de los mandatos constitucionales pendientes de legislar serán aquellos comprendidos en el Capítulo II ("Derechos sociales") de nuestra Constitución.

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Con la creación de las Normas de Auditoría Interna del sector Gubernamental de El Salvador (NAIG), las unidades de auditoría y principalmente el encargado de la unidad, se ven en la necesidad de adoptar un sistema de control de calidad, según se establece en la normativa en los artículos del 193 al 196, dicho sistema debe estar diseñado con el propósito de: verificar el logro de los objetivos de auditoría, ejecución del trabajo de auditoría con estándar profesional y acatar la normativa técnica aplicable. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las unidades de auditoría, para la creación del sistema de control de calidad es que las NAIG no brindan lineamientos detallados de cómo realizarlo y el enfoque que deben contener las políticas y procedimientos que formen parte del sistema; dicha situación deja a las instituciones pendientes de cumplir el requerimiento de la normativa gubernamental. Como población de estudio para el presente trabajo se tomó 16 Instituciones Autónomas de la República de El Salvador, que en su estructura organizacional tienen una unidad de auditoría interna, se desarrolló bajo el tipo de estudio deductivo ya que mediante un análisis se procedió a encontrar situaciones que permitieron determinar la importancia de crear un sistema de control de calidad para la actividad de auditoría interna, partiendo del conocimiento de la normativa técnica emitida por la Corte de Cuentas de la República, dicha normativa manda a supervisar la actividad de auditoría mediante un sistema formado por políticas y procedimientos. Mediante el enfoque analítico descriptivo se consiguió describir y analizar la forma en que se manifiesta el problema en estudio, detallando y explicando todos los componentes del mismo, analizando las posibles causas y la fuente principal que origina el problema. Con la finalidad de comprender la situación actual de la problemática se utilizaron instrumentos tales como: la encuesta y el cuestionario, los cuales contribuyeron a determinar los resultados que a continuación planteamos: De las unidades encuestadas, 62.5% manifestaron no tener un sistema de control de calidad, a pesar que tienen conocimiento de la existencia y entrada en vigencia de las NAIG es decir, las unidades tienen el reto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 193 de dicha normativa gubernamental. El 71.43% coincide que todas las fases de la actividad de auditoría interna mejorarían con la implementación de un sistema de control de calidad, este resultado refleja la importancia de la adopción del mencionado sistema en las unidades de auditoría. El art. 193 de las NAIG establece que el sistema de control de calidad, debe ser diseñado dependiendo de la estructura organizacional de la unidad de auditoría interna a la que va dirigido y no se determina a cargo de quien está su elaboración, por lo que este puede ser desarrollado externamente es decir, la institución puede contratar su desarrollo, además el monitoreo estará a cargo del responsable que la máxima autoridad de la institución designe, mientras que la Corte de Cuentas de la República es la responsable de verificar la eficiencia del sistema adoptado; sin embargo 68.75% de la población en estudio converge en que el desarrollo del sistema debe estar a cargo del responsable de la unidad de auditoría interna, pero tal responsabilidad no puede ser designada en un miembro de la unidad, puesto que pierde la objetividad del alcance del sistema. Las unidades de auditoría interna encuestadas 100% coinciden en aceptar una herramienta que sirva como guía para la elaboración de su sistema de control de calidad, que les permita apegarse a los lineamientos que las NAIG establecen. En el desarrollo del presente trabajo se ha determinado que algunas unidades de auditoría interna aún no poseen el sistema de control de calidad según lo establecido en las NAIG, por lo tanto se recomienda la creación de un sistema de control de calidad apegado y adaptado a la estructura organizativa de la unidad de la institución, con el objetivo de cumplir con la normativa gubernamental.

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El sector agrícola ha sufrido un estancamiento en los últimos años, el cual ha sido significativo en el desempeño de la economía en El Salvador, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio que permitirá la exportación de productos no tradicionales aportando ingresos de divisas y el apoyo que el gobierno ofrece a través de la Dirección General de Agronegocios (DGA) para fortalecer y reactivar el agro, se espera un crecimiento representativo. Debido a los constantes cambios ocurridos en el país, ha sido necesario que los medianos y pequeños empresarios formen alianzas estratégicas permitiendo la obtención de beneficios tales como disminución de costos en los insumos y mayor probabilidad de financiamiento otorgados por instituciones crediticias el cual es utilizado para la inversión en infraestructura y equipamiento, la obtención de asesoría y capacitación por parte de entes de apoyo. El cultivo de tilapia se ha ido incrementando con muchas perspectivas por ser un rubro rentable y competitivo en los agronegocios, su reproducción no representa mayores problemas, teniendo varias generaciones durante el año sin necesidad de habilidades especiales y tecnologías muy avanzadas. El método utilizado para el desarrollo del trabajo fue el hipotético deductivo, ya que este permitió relacionar la investigación bibliográfica y la de campo. Dichas investigaciones se realizaron en ocho agronegocios que fueron seleccionados del total que se encuentra inscrito en la DGA, se encuestó y entrevistó a los encargados de la contabilidad, que representan el cien por ciento de la muestra en estudio. Al tabular y analizar los datos obtenidos de las encuestas y reforzándolas con las entrevistas se determinó mediante el diagnóstico que en la mayoría de los agronegocios en estudio no identifican los diferentes centros de costos, así como aún no han aplicado las Normas Internacionales de Contabilidad que les proporcione estados financieros más confiables, al personal entrevistado se les preguntó si era necesario una herramienta o documento que les sirviera de guía para identificar los centros de costos y les de las directrices básicas para asociar las NIC´s, con el fin de cooperar a la formulación de los estados financieros Por lo anterior, como aporte social del grupo se elaboró una propuesta que coopere a revelar una descripción narrativa o cuantitativa, distinguiendo los diferentes tipos de peces que cultivan con el fin de llevar un control y conocer todas las operaciones de cada uno de ellos, es decir que los estados financieros y registros contables detallaran todos los procesos, utilizando una segregación de cuentas que permitiera visualizar y entender el tratamiento contable que se le da, en relación a la actividad de la piscicultura. Los registros contables de las operaciones que realizan los agronegocios en relación a la piscicultura no son los más adecuados, debido a la falta de aplicación de la clasificación o nomenclatura contable establecida en las normas, las cuales especifican el tratamiento a seguir para las diferentes actividades.