5 resultados para Víctimas de delitos--Legislación—Colombia

em Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador


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El Gobierno salvadoreño y El Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron los Acuerdos de Paz en 1992. Uno de los puntos de negociación en los Acuerdos de Paz consistía en la formación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, en ese contexto surge Pro-búsqueda.

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Los constantes avances tecnológicos en las comunicaciones, que en la actualidad podemos contemplar, obligan a las empresas a involucrarse al mismo ritmo en que estas se van desarrollando; todo esto, con la finalidad de estar en igualdad de condiciones, para poder competir en el mundo globalizado. Estos avances, que bien aprovechados producirán beneficios a las empresas; pero a la par de estos avances, surgen también, nuevas formas de cometer actos fraudulentos. Es normal que las empresas, ante estas situaciones. Deberán establecer y evaluar en forma periódica, el sistema de control interno, que les permitan disminuir este riesgo asociado a los avances tecnológicos. Conociendo estos antecedentes, se lleva a cabo esta investigación, que tiene como finalidad hacer un conocer si los despachos de auditoría, consideran la presunción de los delitos informáticos, en la etapa de planeación de auditoría; comprobar la hipótesis planteada, indagar sobre la situación planteada y establecer criterios, que permitan elaborar un modelo de planeación de auditoría financiera, bajo el enfoque de la presunción de los delitos informáticos, que ayude a disminuir, el riesgo de estos delitos en los sistemas de información de las empresas, con la finalidad de tener una seguridad razonable, que los Estados Financiero, están libre de errores importantes. La investigación, se realizó, mediante el enfoque HIPOTETICO DEDUCTIVO, y se estudió el fenómeno, bajo el tipo, ANALITICO DESCRIPTIVO, se terminó la población, mediante el listado inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditaría. Tomando para ello, una muestra de 50 Auditores. Al realizar la investigación, se confirmó que en su mayoría los despachos de auditoría no consideran los delitos informáticos, en la etapa de planeación, por carecer de conocimientos necesarios para su detección; dado a que, no reciben capacitación en esta área específica. Se plantea un modelo seguir bajo la consideración de los delitos informáticos. Buscando con ellos, tener una certeza razonable, por parte del audítor, que los Estados Financieros, están libres de errores importantes. Se concluyó, que la mayoría de despachos un 74%, no consideran la presunción de los delitos informáticos. Se recomienda, que los despachos contables, capaciten al personal, para hacerle frente a este nuevo desafío que tienen todos los auditores, con la tecnología de la información y el avance de los sistemas informáticos.

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La aplicación de la contabilidad forense en El Salvador como herramienta de prevención de fraudes y delitos financieros es importante, dado que a medida crece la globalización se han acentuado los problemas de corrupción económica, tanto en el gobierno como en las empresas privadas del país y con enfoques tan planificadas como las utilizadas para el lavado de activos en sus diversas modalidades. El análisis de ellos ha conducido a ver la contabilidad con una perspectiva diferente: los supuestos de empresa en marcha y buena fe, que conducen a que se den las irregularidades, y es así como esta herramienta nace por la necesidad de contrarrestar los aspectos que influyen directamente con los capitales de las empresas, debido a los conocimientos y servicios que los profesionales de la contaduría pública puedan dar a las entidades para prevenir los delitos financieros o económicos. Los enfoques de aplicación surgen desde el punto de vista de formar un profesional idóneo que se desarrolle y abarque todos los aspectos integrantes en su calidad competitiva laboral; es decir que éste deberá de poseer características tales como: un excelente evaluador, crítico, investigativo en el campo de la contabilidad, auditoría, leyes, informática entre otras ramas que contribuyan directamente en el desarrollo de planes que eviten extender este problema. La finalidad principal de la contabilidad forense se desglosa en crear lineamientos que puedan mejorar desde los controles internos hasta la alta administración que direcciona la empresa; debido a que esta rama tiende a ser más investigativa y se vuelve crítica en el sentido que es de vital importancia que los profesionales de hoy contribuyan a evitar fraudes que puedan comprometer la voluntad o la calidad moral de cada uno; teniendo en cuenta que el proceso inicia desde el enfoque hasta la presentación de áreas vulnerables para tomar en cuenta mediante la emisión de una carta a la gerencia. Entre los resultados más importantes obtenidos en la investigación se tiene que la mayoría de los contadores encuestados de las empresas privadas de San Salvador no cuentan con los conocimientos necesarios sobre contabilidad forense y su aplicación, pero si en el medio han conocido de fraudes, sin haber podido presentar las pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de los autores de éstos crímenes, por desconocer los procedimientos a seguir ante los problemas de fraudes. Después de analizar los resultados y elaborar el respectivo diagnóstico se desarrolla el instrumento que comprende una serie de pasos a seguir en la aplicación de la contabilidad forense en las empresas del sector privado de San Salvador. Con la presentación de este trabajo se pretende contribuir a la difusión de un tema relativamente desconocido en el país y de cuya aplicación se pueden obtener múltiples beneficios en la prevención de fraudes en el sector privado de San Salvador.

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Evolución histórica de la persecución de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos –Aspectos doctrinarios acerca de la corrupción de funcionarios públicos –La persecución penal de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y su regulación en la legislación primaria, secundaria y tratados internacionales vigentes en El Salvador – Comparación de la legislación salvadoreña con la legislación de otros países en materia de persecución penal de delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos

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Se hace una referencia a la situación actual de las víctimas de trata personas, cuestionando la relevancia que le da el Estado salvadoreño a su recuperación. Se parte de la idea que, en el país, la atención a las víctimas de la trata de personas, resulta deficiente por diversas razones, entre las cuales a modo de resumen, se pueden mencionar el enfoque del Estado en perseguir únicamente el delito de Trata, obviando en cierto modo la situación propia de la víctima, cayendo en la errónea idea que la compensación económica que ésta pueda obtener a nivel jurisdiccional es suficiente para reparar el daño causado a ella. Se habla también que la ausencia de una ley especial ha imposibilitado la creación de las instituciones especializadas para brindar la asistencia adecuado para cada caso determinado, y por último; se hace mención también de una escasa promoción de la Política Nacional contra la Trata de Personas, que pasa inadvertida para la población en general y con mayor razón a las víctimas de este delito al encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. En diciembre del año 2000 en Palermo, Italia, se adoptó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que da a los Estados lineamentos generales para erradicar la trata de personas en sus diferentes modalidades como son la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. A consecuencia de la ratificación del protocolo de Palermo y con la finalidad de combatir la trata de personas, el Estado de El Salvador promovió reformas al Código Penal a efectos de tipificar como delito la trata de personas mediante la introducción de los Art. 367-B y del Art. 367-C. Para continuar estos esfuerzos en esta lucha, el Gobierno de la República, creó en 2011, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que comprende un grupo de instituciones nacionales que unen esfuerzos y coordinan el abordaje integral de este flagelo social mediante la aplicación de una Política Nacional que contiene ejes y líneas de acción concretas a desarrollar a mediano y largo plazo mediante planes, proyectos y estrategias sostenibles.