4 resultados para Principio de doble incriminación

em Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador


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Lo fundamental de haber desarrollado el trabajo de graduación titulado “El DETERIORO DE ACTIVO SEGÚN NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERAS ADOPTADAS EN EL SALVADOR, APLICACIÓN CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”, surgió de la necesidad que tienen los contadores de las empresas constructoras de conocer la aplicación contable del deterioro de los activos. Antiguamente el hombre se vio obligado a llevar registros y controles de sus bienes porque su memoria no bastaba para guardar información y esto siguió evolucionando y surgieron conceptos que explicaban que en toda operación comercial no existía deudor sin acreedor, siendo ésta la base del principio de la partida doble. El desarrollo industrial y comercial de los países crea la necesidad de promulgar Principios y Normas de Contabilidad, con el propósito de presentar en forma adecuada y confiable la información financiera ya que la uniformidad de los Estados Financieros permite comparar resultados. El Salvador tiene la oportunidad de dar un nuevo salto cualitativo a través de la construcción y se creó la empresa constructora “mejoramiento social”, como una institución autónoma de derecho y utilidad, con el objetivo de elevar el nivel social de la población y están asociados a La Cámara de la Industria de la Construcción (CASALCO). Los activos sujetos a deterioro son: propiedad, planta y equipo y algunos activos intangibles, en donde el sector industrial es más afectado por el deterioro de los activos. Al tener indicios que el valor de los activos fijos se han deteriorado, la empresa debe estimar el importe recuperable para cada activo individual o para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece. Debe reconocerse una pérdida por deterioro cuando el importe en libros sea mayor al importe recuperable y debe reconocerse inmediatamente como un gasto en El Estado de Resultado, si la pérdida por deterioro disminuye o ya no existe, debe procederse a reconocer la reversión como un ingreso. Si las empresas constructoras no contabilizan el deterioro del valor de los activos, la información presentada en los Estados Financieros no es fiable a la realidad económica y las decisiones tomadas por los empresarios no son las adecuadas.

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Historia y evolución del proceso civil y de principio de inmediación – Marco teórico del principio de inmediación de la prueba en el proceso civil y mercantil – Marco legal del principio de inmediación de la prueba en el proceso civil y mercantil -- Estudio comparado del principio de inmediación de la prueba en el proceso civil y mercantil – La estructura probatoria en la segunda instancia del proceso civil y mercantil

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En vista de la necesidad de conocer a fondo el Principio de Especialidad Presupuestaria contemplado en el Art.131 inciso 8o de la Constitución de la República de El Salvador, que es un derivado del principio de legalidad cuyo objeto a su nacimiento es el de ejercer el control sobre la creación aprobación y ejecución del gasto público. Conforme a la disposición antes mencionada consiste en que los gastos que en el presupuesto se consignan no debe aprobarse en forma global, es decir que el gasto público debe someterse a las restricciones que la Ley establece. La Ley Orgánica de Presupuestos desarrolla el precepto constitucional definiendo el Art. 3 literal C, así: "Asignaciones son las autorizaciones concedidas por el poder legislativo para que puedan emplearse los dineros públicos en la satisfacción de las necesidades del Estado dentro de un ejercicio. Dichas autorizaciones señalan el límite máximo que puede gastarse y su finalidad." En base a las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional con referencia 9-2014, 15-2011-38-2011, 1-2010-27-2010-28-2010, en las que declara la inconstitucionalidad sobre las denominada "Partida Gasto Imprevisto", "Partida Secreta" y "Transferencia de Fondos"; aclarando que en esta última se refiere a la que se ejercía en las distintas ramas del Estado. Que la declaración de inconstitucionalidad fueron emitidas con base a lo que establece el Artículo 131 ordinal 8 de la Constitución de la República de El Salvador y serán analizadas para su respectiva interpretación, pues no ha sido desarrollado a profundidad las características de dicho principio, del que surge el cumplimiento de la Ley del Presupuesto para cada año fiscal.

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Diferentes criterios de tributación entre los estados y contribuyentes ha generado la inquietud de que un misma persona pueda ser gravado por el mismo hecho imponible más de una vez, es decir en dos países distintos, por el sólo hecho de haber obtenido la renta en el extranjero, es por ello que nacen los Convenios, en nuestro caso la suscripción del convenio entre El Reino de España y la República de El Salvador, para evitar la doble tributación y disminuir la evasión fiscal contempla diferentes actividades en la obtención de rentas, los comentarios a la red española de doble imposición hace mención en posibles casos los cuales se puede mencionar Rentas inmobiliarias, Beneficios empresariales, Transporte marítimo y aéreo, Intereses, cánones y regalías, Ganancia de capital, rentas del trabajo dependiente, participación de consejeros, remuneraciones por función pública , estudiantes, profesores e investigadores además de otras rentas, a su vez aporta diferentes definiciones para la adecuada interpretación del convenio. Por otra parte, los comentarios de la OCDE pretenden notificar las novedades legislativas así como también las decisiones judiciales y las modificaciones en normas teniendo estas incidencias en la aplicación del impuesto, y según la legislación local de cada país. Además se señala que adopción de convenciones fiscales no es aconsejable cuando la dimensión del país no la justifica, respecto a una contraparte, que puede experimentar un desarrollo económico más importante en tal caso El Reino de España puesto que es un país desarrollado y permite la renta mundial a sus contribuyentes como método para declarar el ingresos obtenidos, en cambio la Legislación Salvadoreña solo admite el criterio de la fuente conocida comúnmente como territorialidad para tributar las rentas obtenidas por los contribuyentes