La protección jurídica de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y el rol de las instituciones en su desarrollo educativo

La historia de los discapacitados no ha sido nunca estable ni segura, lo cierto es que las desviaciones de cualquier tipo siempre han parecido una amenaza. En la prehistoria, a medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas se movilizaban buscando mejores tierras para la caza o para realizar sus cultivos, decidían abandonar a su suerte a las personas discapacitadas, para no entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu. Durante la época de florecimiento de las primeras civilizaciones, los espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte Taigeto a las personas con discapacidad, pues no querían que "en su bella y floreciente civilización" existieran personas diferentes. En El Salvador no se cuenta con un dato específico de la Población con Discapacidad, sin embargo hasta ahora se continúa trabajando en la recolección de datos que unifiquen el número de la población con discapacidad que hay en el país. Sin embargo es certero que es un número significativo dentro de la población salvadoreña, por lo que es importante y se hace urgente la implementación de marcos legales y normativos para velar por sus derechos. En esta Investigación se hará uso de los postulados teóricos concernientes a la discapacidad. El modo de entender, conceptualizar o teorizar y abordar el estudio de una realidad no son procesos independientes. Esto es algo fundamental y común para todas las disciplinas científicas, pero es particularmente relevante en el campo de las ciencias humanas y, específicamente, en el ámbito de la discapacidad, debido a las implicaciones prácticas que las distintas concepciones tienen en la vida cotidiana de las personas consideradas discapacitadas, y en las relaciones sociales en general. Partiendo de estas consideraciones, en esta investigación se trata de exponer una aproximación a los modelos teóricos que han guiado y guían la investigación contemporánea sobre discapacidad. La discapacidad constituye una realidad compleja y multifacética, no obstante es preciso reconocer que la orientación que sigue la investigación y la práctica profesional en un área concreta y en un momento determinado se inscribe en unas coordenadas socioculturales más amplias que enmarcan el pensamiento y el modo de acción en el campo en que nos situamos. Alrededor de la persona con discapacidad, de su tratamiento y atención, de los principios filosóficos o de actuación y de las ideas que a ella se aplican, se han manejado un gran número de conceptos y términos sobre los que se hará un recorrido tanto histórico como, filosófico y teórico doctrinario; así también se hace en esta investigación un análisis jurídico de la Legislación concerniente tanto en el ámbito internacional, nacional y sobre la base de las actuaciones de las instituciones encargadas de las personas con discapacidad específicamente en El Salvador. En la legislación salvadoreña se pueden resaltar los principios que orientan la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad; los cuales son en resumen, La integración de las personas con discapacidad; La equiparación de oportunidades; La eliminación de barreras; La promoción de la autonomía y protagonismo de las personas con discapacidad en la solución de sus problemas; y la promoción de la participación de todos los actores de la sociedad en la integración de las personas con discapacidad. Para efectivizar los esfuerzos de esta investigación en resultados que orienten una visión más amplia de la realidad de las personas con discapacidad, y específicamente de los niños, niñas y adolescentes y tener un espectro de este campo investigativo poco explotado en el salvador, para ello es menester investigar como las distintas instituciones que deben velar por su desarrollo, si están actuando y si cumplen con los principios de esa Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Por lo tanto se investigará en instituciones clave como la Procuraduría General de La República, La Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos, Escuelas Especiales y Normales del Departamento de San Miguel.

Mecanismos de atención especial para las víctimas de la trata de personas en El Salvador

Se hace una referencia a la situación actual de las víctimas de trata personas, cuestionando la relevancia que le da el Estado salvadoreño a su recuperación. Se parte de la idea que, en el país, la atención a las víctimas de la trata de personas, resulta deficiente por diversas razones, entre las cuales a modo de resumen, se pueden mencionar el enfoque del Estado en perseguir únicamente el delito de Trata, obviando en cierto modo la situación propia de la víctima, cayendo en la errónea idea que la compensación económica que ésta pueda obtener a nivel jurisdiccional es suficiente para reparar el daño causado a ella. Se habla también que la ausencia de una ley especial ha imposibilitado la creación de las instituciones especializadas para brindar la asistencia adecuado para cada caso determinado, y por último; se hace mención también de una escasa promoción de la Política Nacional contra la Trata de Personas, que pasa inadvertida para la población en general y con mayor razón a las víctimas de este delito al encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. En diciembre del año 2000 en Palermo, Italia, se adoptó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que da a los Estados lineamentos generales para erradicar la trata de personas en sus diferentes modalidades como son la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. A consecuencia de la ratificación del protocolo de Palermo y con la finalidad de combatir la trata de personas, el Estado de El Salvador promovió reformas al Código Penal a efectos de tipificar como delito la trata de personas mediante la introducción de los Art. 367-B y del Art. 367-C. Para continuar estos esfuerzos en esta lucha, el Gobierno de la República, creó en 2011, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que comprende un grupo de instituciones nacionales que unen esfuerzos y coordinan el abordaje integral de este flagelo social mediante la aplicación de una Política Nacional que contiene ejes y líneas de acción concretas a desarrollar a mediano y largo plazo mediante planes, proyectos y estrategias sostenibles.