Modelo simplificado del método de unidad de crédito proyectada expresado en la sección 28 NIIF para las PYMES para medir y valuar la provisión por renuncia voluntaria.

La creación de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria y su entrada en vigencia en enero de 2015 genera el control de un requerimiento contable no aplicable a la fecha para las empresas salvadoreñas que utilizan las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades como marco de referencia contable. La sección 28 “beneficios a los empleados” exige que el costo de los planes de beneficios definidos y las provisiones anuales se realice por medio del método actuarial de unidad de crédito proyectada o un modelo simplificado, a raíz de este requerimiento se consideró conveniente llevar a cabo un estudio que radica en la investigación de variables alternas que permitan cumplir con la exigencia normativa de medición y valuación de las provisiones por renuncia voluntaria. El objetivo principal de la investigación es contribuir con los contadores públicos en el diseño de un modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada requerido por la sección 28 NIIF para las PYMES que les permita medir y valuar las provisiones por renuncia voluntaria sin ser especialista en estudios actuariales, esto a través de la elaboración de un documento útil que desarrolle un ejemplo práctico con el modelo propuesto, comprensible para que pueda ser aplicado en las entidades donde los profesionales prestan sus servicios. El estudio se realizó bajo el enfoque del método hipotético deductivo, abordándolo desde una perspectiva general hasta llegar a elementos específicos causales de la problemática, citando posteriormente los conocimientos que los contadores públicos deben adquirir para la correcta provisión por las renuncias voluntarias y se analizó las posibles consecuencias derivadas de la misma, lo que permitió un conocimiento más acorde a la situación actual del problema. Siendo los contadores públicos autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria al 31 de diciembre de 2014 las unidades de análisis, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de información y el instrumento fue el cuestionario, datos que se tabularon y analizaron para posteriormente realizar un diagnóstico de las temáticas abordadas. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que los contadores poseen una considerable experiencia laboral pero únicamente el 7% de la muestra posee estudios sobre actuaría y la mayoría no ha recibido alguna capacitación sobre esta especialidad, además, aunque de forma autodidacta gran parte de profesionales encuestados ha analizado la contabilización de la renuncias voluntarias según NIIF para las PYMES más de la mitad no se han capacitado a la fecha, razón por la cual aunque consideran el método de unidad de crédito proyectada y/o su modelo simplificado como los ideales para medir y valuar las provisiones no lo utilizan debido a los limitados conocimientos actuariales y la poca bibliografía comprensible para el desarrollo de las metodologías. Entre las principales conclusiones están:•La falta de conocimiento en los contadores públicos incide negativamente en la aplicación técnica normativa para la valuación y la medición de las provisiones según la sección 28 Beneficios a los empleados de las NIIF para las PYMES. •En la actualidad las empresas no poseen los recursos económicos suficientes para la contratación de un especialista en materia de Actuaria, que pueda ejercer conjuntamente con el profesional contable conforme a los requerimientos de la normativa técnica, evaluando un costo beneficio desfavorable para las entidades. •La aplicación del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada genera eficiencia y eficacia para el profesional contable, ya que es más sencilla su aplicación porque no toma todas las variables que se necesitan en un estudio actuarial. Entre las principales recomendaciones están: •A las Escuelas Técnicas y a las Instituciones de Educación Superior tomar interés sobre el tema de Actuaria en las cargas académicas, enfatizando en temas que conllevan una aplicación contable. •Evaluar la capacidad en recursos económicos para la contratación de un especialista en las empresa y contrastar con el producto que se obtendrá de este, de manera tal que se pueda determinar si es necesaria dicha contratación o tomar la alternativa planteada por la normativa de aplicar el método simplificado, siendo este un poco más sencillo por que no utiliza todas las variables que necesita un estudio actuarial. •Se considera que la aplicación del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada, mencionado en la sección 28 de las NIIF para las PYMES, es más sencilla ya que este no muestra un costo beneficio desproporcionado en los resultados y por las variables del método de la unidad de crédito proyectada que se omiten resulta más razonable la aplicación.

Plan de auditoría interna considerando el modelo de la tercera linea de defensa que permita al auditor interno del sector cooperativo financiero no bancario la eficiente administración de riesgo contra el lavado de dinero y activos.

El sector cooperativo de ahorro y crédito es reconocido como un pilar importante de progreso en el sistema financiero de un país, son instituciones donde los miembros que la constituyen aportan capital inicial que ayude a la institución al movimiento de activos que producen ganancias tanto financieras como culturales entre sus asociados, a través del otorgamiento de créditos y la recepción de sus ahorros, los asociados pueden llevar a cabo sus propósitos o solventar alguna obligación. Las tasas de interés son más accesibles a comparación de la banca externa debido a que como principio cooperativo la solidaridad y sobretodo ayuda mutua debe prevalecer entre sus miembros. Debido a los conflictos generados por las diversas economías y sociedades y poniendo en práctica la legislación vigente sobre el riesgo del delito de lavado de dinero y activos, el sector cooperativo debe velar por el cumplimiento diseñando las herramientas necesarias para su prevención como procedimientos, programas y normas internas que ayuden a evitar la ejecución de este delito. Además estas organizaciones deben contar preferiblemente con un departamento de auditoría interna que asegure y evalúe el cumplimiento de la Ley de lavado de dinero y activos. Por todo lo descrito anteriormente, el presente trabajo de investigación pretende definir una planeación específica de auditoría implementando un programa de cumplimiento, aplicable al área de atención al asociado del sector cooperativo, además que se debe considerar al momento de desarrollar la auditoría interna de los programas de prevención de lavado de dinero y otros activos. Para poder llevar a cabo dicha planeación se incorpora un elemento novedoso el modelo de la tercera línea de defensa que posee gran relevancia para el buen funcionamiento de estas organizaciones por la relación que tiene con el consejo de administración y/o gobierno corporativo en conjunto con las gerencias en las áreas de aseguramiento y asesoramiento. En el ámbito financiero se coloca al sector cooperativo como vulnerable frente al riesgo como lo es el de lavado de dinero y activos. Esto plantea la necesidad de identificar cuáles son los retos a los que debe enfrentarse la profesión para continuar siendo parte importante dentro del gobierno de las entidades. Por lo tanto, se presenta el trabajo de investigación, identificando que el auditor dentro de su formación, necesita adquirir suficiente competencia para el desempeño de la labor, para poder mejorar los enfoques de riesgos y cumplimiento de una entidad y poder proporcionar la información útil. Asimismo, contiene la delimitación, el período de tiempo de la información a revisar, las personas hacia quienes está dirigida la investigación y la justificación, señalando el aporte de la temática y metodología a desarrollar. En tal sentido, se recomienda tomar como base la planeación específica de auditoría interna con enfoque al área ambiente de control y la debida diligencia por medio del programa de auditoría de cumplimiento, que se plantea en el presente trabajo, a fin de facilitar al auditor interno la verificación de los procesos como parte de su gestión en prevención de riesgos de lavado de dinero y activos.

Modelo de auditoría de gestión como herramienta de la auditoría interna en las municipalidades del área metropolítana de San Salvador.

La auditoría de gestión tiene como propósito verificar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión financiera, operativa y administrativa de una institución, programa, función, proyecto o actividad; a través de una evaluación objetiva, constructiva, sistémica y profesional de los métodos y políticas de gestión de una entidad gubernamental en la administración y el uso de los recursos, con la finalidad de conocer su nivel de desempeño y determinar el grado de cada uno de los indicadores en el logro de sus resultados; es por ello, que aunque existen otros tipos de auditorías que se pueden realizar en las municipalidades, la auditoría de gestión proporciona mayor aseguramiento en el cumplimiento de sus objetivos y le ayuda a identificar oportunidades de mejora. Las municipalidades que poseen un ingreso igual o mayor a cinco millones de dólares, están obligadas a contar con una unidad de auditoría interna, las cuales, a partir del año 2014, estarán reguladas por las Normas de Auditoría Interna para el Sector Gubernamental (NAIG), debido a que dichas unidades también forman parte integrante del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Así mismo, otra de las finalidades de dichas Normas es establecer parámetros en la práctica profesional de la misma, para las que se proporcionan lineamientos técnicos tanto para la fase de planificación así como también para la ejecución e informe. Para poder comprender el ambiente actual de las entidades gubernamentales, se encuestó a los auditores internos de cada una de las alcaldías municipales que forman parte del área metropolitana de San Salvador. Dicho instrumento se utilizó para elaborar un diagnóstico según los resultados obtenidos, formando un vínculo entre las variables establecidas previamente como dependiente e independiente, permitiendo así, conocer el funcionamiento de cada unidad y desempeño de los profesionales encargados de ejercerla. Con la auditoría operacional o de gestión se pretende examinar y valorar los métodos y políticas de administración, así como también el desempeño de todas las áreas; por lo que en el presente trabajo sólo se desarrollará auditoría de gestión para el proceso de compra, realizado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Dicho proceso se encuentra regulado principalmente por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP) y el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública. La aplicación de este tipo de auditoría en las unidades internas de las municipalidades, ofrece beneficios como la ayuda primordial en la administración al evaluar relativamente independiente los sistemas de organización y administración, valoración global y objetiva de los problemas de la entidad, que generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los departamentos afectados; así como también, favorece la protección de los intereses y bienes de la misma. Cabe mencionar que en esta clase de auditoría, la evaluación es pertinente cuando se cuenta con los criterios adecuados para medir la cantidad, calidad y costo de los recursos, las ejecuciones, los resultados y el impacto.

Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas.

En El Salvador existen diversas empresas dedicadas al envío y recepción de encomiendas y remesas, las cuales atienden un amplio mercado, debido al creciente número de salvadoreños emigrantes en diversos países extranjeros, especialmente en los Estados Unidos de Norte América, los cuáles envían grandes cantidades de dinero de forma de remesas familiares o paquetes de encomiendas, a sus parientes radicados dentro del territorio nacional, llegando a representar hasta el año 2014 el 17% del producto interno bruto, sin embargo este tipo de empresas dedicadas a las encomiendas y remesas no son únicamente utilizadas por los salvadoreños en el exteriorsino también a nivel local, es decir, muchas empresas o comerciantes hacen uso del servicio para realizar traslados de dinero derivados de sus operaciones comerciales. Debido a la naturaleza y al flujo de transacciones que estas empresas realizan, existe la probabilidad de la materialización de muchos riesgos, entre ellos uno de los principales es el involucramiento o utilización para el cometido de lavado de dinero o financiamiento alterrorismo, hecho por el cual de acuerdo al art.2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se convierten en uno de los sujetos obligados al cumplimiento de lo establecido en la misma, una de las principales obligaciones es gestionar ese delito y nombrar un oficial de cumplimiento que se dedique a la implementación de políticas, controles y procedimientos para el contraste del mismo.Uno de los principales problemas que las compañias de envíos y recepción de encomiendas y remesas enfrenta en la actualidad, es la falta o inadecuadas medidas de prevención utilizadas para la gestión de estos riesgos, es por ello que la metodología utilizada en la investigación sirvió para el diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en este tipo de entidades.Para establecer con mayor precisión la propuesta del sistema de gestión, se hizo una caracterización de la problemática, en la cual se describen las principales deficiencias que poseen las compañias en cuanto a la aplicación de medidas preventivas o de mitigación de los riesgos, además se hace referencia a las diferentes formas que las organizaciones o personas criminales ejecutan para cometer sus actos ilicitos a través de estas empresas; mediante la formulación del problema se espera resaltar las consecuencias derivadas de la falta de un buen sistema de gestión de riesgos para la detección de los delitos de LA/FT, en el desempeño de las funciones por parte del oficial de cumplimiento. La investigación se realizó bajo el método hipotético deductivo, describiéndose las características del problema y estructurandose una hipótesis, las unidades de análisis fueron las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas ubicadas dentro del área metropolítana de San Salvador; adicionalmente se realizaron encuestas dirigida al oficial de cumplimiento de estas empresas utilizando el cuestionario como instrumento para la recopilación de información; con la finalidad de evaluar y obtener datos reales que nos permitieran formular una propuesta fácil de aplicar y más adaptada a las necesidades de la naturaleza del negocio. Los resultados obtenidos de la investigación realizada permiten establecer que en la mayoria de las compañias de envío y recepción de encomiendas no cuentan con un profesional que ejerza la función de oficial de cumplimiento, no poseen un sistema de gestión para el riesgo de lavado de dinero y también carecen de un software que genere alertas para transacciones de carácter inusual o sospechas, no obstante, las empresas dedicadas al envío y recepción de remesas si cumplen con su obligación de poseer un oficial de cumplimiento, asi mismo poseen manuales que les permiten aplicar medidas de prevención, sin embargo, estos no se encuentran actualizados, lo que genera fallas y vulnerabilidad de los procedimientos. Se espera que la elaboración del presente trabajo de investigación sirvan como herramienta que le facilite al oficial de cumplimiento la adecuada gestión de los riesgos de LA/FT, para ello se elabora un sistema de gestión, el cual incluye seis fases las cuales son: diagnóstico, identificación de riesgos, medición y evaluación de los riesgos, adopción de controles, divulgación y documentación y una fase final denominada seguimiento o monitoreo, el cual a la vez incluye en la fase cinco, las políticas y procedimientos a aplicar en los diferentes procesos envío y recepción de encomiendas y remesas, asi como las obligaciones que debe cumplir ante los entes supervisores y reguladores.

Diseño de un modelo de anteproyecto de presupuesto por áreas de gestión, como herramienta de planificación y control aplicado en la Alcaldía municipal de Mejicanos, departamento de San Salvador.

El Gobierno de El Salvador ha implementado como parte del proceso de modernización el Presupuesto General de la Nación , empleando la técnica por Áreas de Gestión, siendo las Dependencias Centralizadas y Descentralizadas de la República las obligadas a presentar su presupuesto bajo esta técnica, tal como lo señala el artículo dos de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Las Municipalidades de acuerdo a la autonomía que les es conferida en los artículos doscientos tres y doscientos cuatro de la Constitución de la República de El Salvador, únicamente están sujetas a las disposiciones señaladas en el Título V y VI referentes al Crédito Público y Contabilidad Gubernamental, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Debido a lo antes mencionado el presupuesto de ingresos y egresos es aprobado por el Concejo Municipal el cual representa la máxima autoridad y son los encargados de enviar un ejemplar a la Corte de Cuentas de la República, tal como lo señala el Código Municipal, que representa los principios generales para la organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas. Sin embargo en la actualidad la Alcaldía Municipal de Mejicanos no ha implementado adecuadamente la técnica lo que conlleva a que esta Municipalidad no pueda orientar correctamente la asignación de recursos por objetivos o metas, implementando una planificación que le permita ejercer un mejor control de los fondos municipales. Dentro de las principales deficiencias detectadas en el diagnóstico realizado, se identificó la necesidad de un instrumento técnico que oriente al buen desarrollo de planificación presupuestaria y que a su vez aporte los conocimientos teóricos y técnicos al personal involucrado directamente en dicho proceso, a fin de contribuir a solventar la problemática existente. Dentro de los factores que influyen para que se den estas deficiencias es la centralización de la planificación y el proceso operativo de formulación presupuestaria, lo que conlleva a una participación parcial de los mandos medios, excluyendo la opinión y experiencia del personal involucrado directamente en la ejecución de los objetivos y proyectos de la municipalidad. Por lo tanto se presenta a la Alcaldía Municipal de Mejicanos el Diseño de un Modelo de Anteproyecto de Presupuesto por Áreas de Gestión como herramienta de Planificación y Control que expone los procedimientos de las fases del proceso de formulación presupuestaria teórica y prácticamente.

Diseño de un modelo de evaluación del clima organizacional del Hospital nacional zacamil, Caso práctico área administrativa.

La Constitución de la República de El Salvador, considera en el artículo uno, que es una obligación fundamental del Estado, velar por la salud de sus habitantes, ya que este es un derecho inalienable e innegable al ser humano. El Sistema Nacional de Salud en nuestro país ha tenido cambios en los últimos años, la población ahora debe pagar por los servicios médicos que recibe, lo cual, es inconstitucional ya que según la misma ley primaria del país debería ser gratuita. En los momentos actuales que vivimos, existe la necesidad de que se realicen cambios encaminados a mejorar el sector salud del país. A raíz de la emergencia ocurrida por el terremoto del 10 de octubre de 1986, con la cual sufrió la infraestructura de Salud de la Región Metropolitana, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (que en adelante se conocerá por la sigla: MSPAS), emitió la Resolución No. 536 de fecha 13 de noviembre de 1986, donde creó la Comisión de Formulación de Proyectos con el fin de resolver la problemática de la reparación de la estructura dañada al más corto plazo posible, así como la construcción de Hospitales de Segundo Nivel, con lo cual se pretende dar una solución integral a la 2 prestación de servicios de salud de la referida región. En las propuestas estaba la construcción de un hospital ubicado en el Centro Urbano “José Simeón Cañas” antes finca Zacamil, entre las calles la Ermita y Castro Morán jurisdicción de Mejicanos, departamento de San Salvador, que atenderá las referencias de las unidades de salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, San Antonio Abad y San Miguelito, la cobertura de atención estaba estimada en ese momento en 300,000 habitantes del área de influencia de las zonas mencionadas.