Análisis de contenido de las noticias políticas publicadadas por la prensa gráfica durante el periodo de propaganda electoral de alcaldes y diputados 2006

Como un aporte más, a la investigación mediológica, se realizó el estudio denominado: “Análisis de contenido de las noticias políticas, publicadas por La Prensa Gráfica durante el periodo de propaganda electoral para alcaldes y diputados 2006”. La importancia que tiene realizar este tipo de investigaciones, radica en que los medios de comunicación impresos y por qué no decirlo, los medios en general, hoy en día se apegan cada vez menos a las normas o principios fundamentales del periodismo, (que entre no muchos), uno de ellos es informar a la población acerca de un hecho lo más objetivo posible, tomando en cuenta que “en las noticias no se dan opiniones. Se informa del hecho y nada más. El periodista no califica lo que informa. No dice si le parece justo o injusto, conviene o no. Se concreta a relatar lo sucedido y permite así que cada receptor de su mensaje saque sus propias conclusiones”. (Leñero, 1986: 40). Sin embargo, a pesar que sobra la literatura que aborda este tipo de temas, los periódicos parecen restarle importancia a tales teorías, pues estos persiguen otros intereses intensamente deseados, sobre los cuales construyen sus objetivos permanentes y por ende su estrategia de comunicación global, la cual esta orientada a lucrar e influir. (Borrat, 1989: 150). En ese sentido, los periódicos se alejan de su misión de informar y se vuelven en vehículos propagandísticos del sistema, usando todas las formas posibles a su alcance para insertar la línea ideológica-política a lo largo de todas sus páginas; de forma explícita en sus editoriales e implícita en las noticias. Por esa razón se realizó la investigación ya mencionada, con la intensión de conocer cómo se desarrolló este fenómeno de propaganda en los medios impresos de comunicación y específicamente conocer si La Prensa Gráfica insertó propaganda política en sus noticias para favorecer al partido ARENA y dar así continuidad al sistema vigente. Para la realización del estudio, se usó la técnica del análisis de contenido semántico, bajo la perspectiva cualitativa, la cual permitió hacer inferencias a partir de elementos significativos implícitos en las noticias, pues no se pretendió buscar frecuencias, repeticiones o tamaños, factores propios de la perspectiva cuantitativa.

La inconstitucionalidad por omisión en la esfera de los derechos sociales

La figura de la Inconstitucionalidad por Omisión se compone por dos elementos: "inconstitucionalidad" y "omisión"; el primero de ellos hace referencia a una conducta vulneradora de la Carta Magna, y "omisión", se define como una inactividad o un dejar de hacer. En algunos diccionarios jurídicos, el término "omisión" es remitido al ámbito penal, no procesal constitucional, esto es porque la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura aún en construcción, de tal forma que su regulación expresa se encuentra ausente en muchos países, incluyendo el nuestro. Es por ello, que en la doctrina, hay una pugna en el reconocimiento de la existencia de esta figura, las cuales se analizarán en los argumentos a favor y en contra del reconocimiento de la misma, así como los diversos tipos de omisión legislativa, y las teorías aplicables a esta investigación en relación a los derechos sociales, tales como: (1) La Doctrina de la Supremacía Constitucional, en la que se establecerá que las disposiciones de la Carta Magna deben ser acatadas por su carácter superior, incluyendo los mandatos constitucionales de disposiciones programáticas pendientes de desarrollo legislativo; (2) La Teoría del Estado Social, en la que se analizará cómo quedaron los derechos sociales después de la crisis del Estado de Bienestar; y (3) la Teoría jurídica garantista de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli, que se retomará en referencia a la falta de garantía de los derechos sociales, el cual es un punto de gran importancia, debido que estos derechos al ser incorporados al ordenamiento jurídico adquieren la función de legitimar al Estado y proteger la dignidad humana. Por otro lado, se establecerá la relación de esta investigación con aspectos de contenido económico, político y social, por ejemplo: en el aspecto económico, es necesario que el Estado cuente con recursos para garantizar y satisfacer el goce de los derechos sociales; de igual forma, es necesario que el legislador secundario priorice garantizar los derechos sociales sobre intereses políticos, o de conveniencia, en su función de creación de leyes (aspecto político); en cuanto al aspecto social, este debe activarse mediante la lucha del reconocimiento del respeto y desarrollo de los mandatos constitucionales, que puede darse por medio del mecanismo de la Inconstitucionalidad por Omisión, es decir, la actuación activa de la sociedad que requiere un necesario conocimiento de las nuevas realidades jurídicas, dado que no se puede defender algo del cual se tenga desconocimiento. Así también, el desarrollo de la investigación resaltará la importancia del necesario control en las omisiones que incurre el órgano legislativo, al incumplir mandatos constitucionales para legislar, lo que produce un despliegue incorrecto de la eficacia jurídica de la Carta Magna; dicha omisión, debe producirse en un espacio de tiempo razonable. En el caso salvadoreño, el tiempo existente entre la vigencia de nuestra Constitución y la actualidad son treinta años; el deber ser es que los mandatos constitucionales, expresos o implícitos, ya han sido desarrollados, pero, la realidad dice lo contrario, lo que nos lleva a cuestionar ¿Por qué no han sido desarrollados todos los mandatos constitucionales? Si bien es cierto, la figura de la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura emergente en nuestro país, la excesiva dilación de legislar se produce, entre otras causas, por la falta de demanda en la exigencia de desarrollo. Es importante destacar, que la presente investigación trata sobre la esfera social, por lo que el análisis de los mandatos constitucionales pendientes de legislar serán aquellos comprendidos en el Capítulo II ("Derechos sociales") de nuestra Constitución.