Diseño de una guía para desarrollar auditoría laboral externa en los hospitales privados de la ciudad de San Miguel

La investigación tiene por propósito verificar el cumplimiento y adecuación de normas referentes a salarios, jornadas y horarios laborales, días de asueto y de descanso semanal, forma de cálculo y pago de prestaciones laborales (Indemnización, Aguinaldo, Vacaciones, Bonificación anual- bono 14- ), cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo, también contempladas en recientes reformas, así como los aspectos de vigilancia de las autoridades Administrativas de Trabajo, lo cual implica revisar el cumplimiento de normas de no discriminación en el trabajo, autorización -permiso- de trabajo de extranjeros, informe estadístico patronal anual, protección a la mujer embarazada o en período de lactancia, protección a los menores de edad, terminación de contratos de trabajo, etc. Aunque existen diversas modalidades y técnicas de auditoría, es a través del control de legalidad, donde además de verificar el cumplimiento de las distintas normas jurídicas en la gestión, se comprueba el nivel de economía, eficacia y eficiencia en la utilización de los medios materiales y personales y, a su vez, la comprobación de que en la gestión socio- laboral se aplican criterios de autocontrol y diligencia debida, permitiendo conocer además los posibles riesgos asociados a la gestión empresarial o profesional, y con ello anticipar las soluciones necesarias ante los distintos riesgos existentes. El objetivo del control de legalidad es plasmar la situación real de la empresa en cuanto al cumplimiento de las obligaciones jurídico-laborales y de Seguridad Social, mediante la realización o elaboración de un informe, que permitirá tanto al empresario, como al profesional dedicado del asesoramiento laboral conocer la realidad socio-laboral y legal de la empresa que dirige o asesora

Plan estratégico de desarrollo sostenible para la estabilidad económica y social de la comunidad María Campos, con la ayuda de la Asociación coordinadora para el desarrollo comunal (CCM).

Las comunidades de escasos recursos son vulnerables ante la situación económica y social de nuestro país, por tal razón la presente investigación se basa en la elaboración de un plan de Desarrollo Sostenible para la Comunidad María Campos, agradeciendo a organizaciones mediadoras y de apoyo que colaboran para el desarrollo sostenible de estas comunidades, como es el caso de Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal CCM que ayuda a la Comunidad María Campos a salir adelante mediante la realización de proyectos de desarrollo. Se debe tener en cuenta que muchas comunidades no cuentan con programas de apoyo productivo ni con ayuda de Organizaciones para desarrollarse, es por ello que para la realización de la investigación de campo se toma como objeto de estudio la Comunidad “María Campos”, la cual está ubicada en 75 av. Col 15 de Septiembre pje. Los Naranjos, San Antonio Abad, Municipio de San Salvador. La Comunidad María Campos surge a partir del encarcelamiento de Doña María Campos, quién cuidaba el terreno del cual la querían desalojar desde 1944; transcurrieron 50 años, luego de pelear contra las injusticias de la sociedad y del sistema; apoyada por CCM nace el 11 de febrero de 1995, La Comunidad María Campos que a la fecha aloja a 29 familias de escasos recursos, personas necesitadas, que buscan por medio de trabajos informales sostener su hogar. Dentro de los principales problemas se encuentran la escases de recursos económicos, la problemática de terrenos que no son propios y la falta de oportunidades de empleo. Es por tal razón que se considera de suma importancia el apoyo brindado a la Comunidad María Campos, por parte de La Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal que fue creada con el nombre de “Consejo de Comunidades Marginales, CCM” fue así como se dio a conocer popularmente, por la necesidad de insertarse en el proceso de legalidad democrática del país y a partir de la firma de los Acuerdos de Paz se convirtió en la Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal, manteniendo su identificación como CCM, dentro del presente documento se presentan los momentos específicos de la organización hasta su consolidación. Atendiendo a esta problemática de la Comunidad María Campos El objetivo principal de nuestro trabajo de investigación, es que mediante el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible, presentado por medio de 14 objetivos estratégicos y detallado con actividades y resultados al interior del documento; es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.

Análisis de la Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita, su importancia en el proceso jurisdiccional y su garantía en el derecho de propiedad

El dominio doctrinariamente es el derecho real máximo del cual se desglosan la mayoría de los derechos reales consagrados en el derecho civil, de esto se desprenden facultades, o derechos los cuales revisten al propietario, para que pueda usar, gozar y disponer libremente de una cosa. Pero si analizamos bien la concepción del concepto de dominio consagrado en el Código Civil, nos daremos cuenta que hay una forma de concebir las cosas corporales. El Art. 568 Código Civil Se llama Dominio o Propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad y el uso de la cosa se le llama usufructo. El derecho de dominio tiene características que le hacen ser diferentes de los demás derechos, es por ende que gozan de características especiales como los que identifican a los derechos reales: a) Es un derecho real, b) Es absoluto, c) Es exclusivo, d) Es perpetuo. En la Constitución se establecen una cantidad de derechos fundamentales entre ellos el derecho de propiedad y posesión, sobre los bienes que una persona puede tener, así mismo la constitución regula que la persona no puede ser privada de sus derechos fundamentales sin que esta sea antes previamente oída y vencida en un juicio mediante un proceso que se le debe seguir para no vulnerar sus derechos y garantías tanto constitucionales como las que las leyes aplicables determinan. La ley que se Analizara persigue la recuperación de bienes producto de actos ilícitos, y regula los medios, competencias y procedimientos para obtener dicha recuperación. "Por tal razón, es indispensable dotar al Estado, garantizando el debido proceso, de un mecanismo legal para la investigación, el examen y establecimiento del origen ilícito de patrimonios realizadas al margen de la ley y proceder a su extinción". La figura de la extinción de dominio tal y como aparece definida en dicha ley, por lo menos en el medio, es novedosa. Hasta ahora, la extinción del derecho de dominio considerada como el cambio de titularidad del derecho real de propiedad se producía por los medios tradicionales, o títulos de adquisición de dominio o pérdida como la transferencia en sus diversas modalidades, la expropiación, la transmisión y la prescripción. La novedad de la ley consiste en la introducción de una nueva forma de extinción, que es la "pérdida de ese derecho de dominio a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular", por razón de la naturaleza de la procedencia adquisitiva del bien, en resumen que provenga de hechos o actos ilícitos. No obstante para que haya una completa legalidad en el proceso y el destino de estos bienes que sean objeto de medidas cautelares o extinguidos mediante una sentencia definitiva dictada por un juez especializado, para garantizar su buena administración se crearan las distintas instituciones especializadas en el área; estas se encargaran de reparación, identificación inventario, administración, mantenimiento, preservación, custodia, y la destinación de los mismos todo ello para garantizar el derecho de propiedad ya sea que lo tenga el particular o este pase a favor del Estado.

Guía práctica de auditoría para evaluar el cumplimiento de leyes y normas aplicables a los establecimientos farmacéuticos.

Las numerosas reformas a las leyes existentes y la creación de nuevas, provocan que algunas entidades incumplan los requerimientos contenidos en éstas, ya sea por desconocimiento o descuido; es por ello, que se vuelve necesaria la ejecución de una auditoría en la que se evalúe el grado de cumplimiento que presenta la entidad con respecto de las leyes que le sean aplicables. En nuestro país, durante los últimos años se han suscitado diversas reformas a través de las cuales se pretende controlar las operaciones de las empresas de una manera eficiente, garantizando la legalidad de las transacciones que éstas realizan y la forma idónea de realizarlas. Como consecuencia de los constantes cambios en las leyes y reglamentos algunos sectores se volvieron más regulados en comparación con otros, entre los cuales se encuentra el sector farmacéutico; es por ésta razón que se aumenta la probabilidad que el establecimiento farmacéutico incumpla alguna ley o reglamento, lo que podría acarrear multas cuantiosas y hasta poner en riesgo la hipótesis de negocio en marcha. El presente trabajo es el resultado de investigación de campo realizado, cuyo objetivo principal es la elaboración de una guía práctica de auditoría para el cumplimiento de leyes y normas aplicables a los establecimientos farmacéuticos, que sirva como orientación al auditor a la hora de realizarlas y de ésta manera poder descubrir errores e irregularidades en las operaciones y a la vez observar si éstos cumplen o no con las responsabilidades legales y técnicas aplicables al sector farmacéutico. El proceso de investigación se divide en dos etapas: la información bibliográfica, que trata aspectos relacionados a los puntos básicos en cuestión; en ésta se consultó literatura relacionada a los establecimientos farmacéuticos así como aspectos normativos y legales que los rigen. En el estudio de campo se observa y estudia a los profesionales en contaduría pública que ejercen la auditoría externa y si estos realizan auditorías de cumplimiento a los establecimientos farmacéuticos. En éste apartado, se llevó a cabo la recolección de información mediante encuestas realizadas a cincuenta y ocho personas naturales que ejercen la auditoría externa. Con lo antes mencionado se hizo un análisis de los datos recabados, el cual contribuyó a profundizar en la problemática existente para crear parámetros adecuados al momento de diagnosticar el tema en estudio. Para finalizar, se presenta una propuesta para que sea implementada por los profesionales que ejercen la auditoría externa a los establecimientos farmacéuticos; la cual consiste en una guía de práctica de auditoría para evaluar el cumplimiento de leyes y normas que aplican al sector, el cual está diseñado específicamente para que los auditores externos puedan hacer un examen completo y que son necesarios para la ejecución de una auditoría de cumplimiento la cual está enfocada para mejorar y evaluar el control interno del ente, cumpliendo así con los propósitos planteados como establecimiento farmacéutico. Cabe destacar que la guía puede ser utiliza tanto en el contexto de una auditoria de estados financieros como en una auditoria de cumplimiento, ya que en ambas se debe evaluar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables a la entidad auditada.

Manual de procedimientos de auditoría integral como herramienta a las unidades de auditoría interna de las Alcaldías municipales del departamento de Cuscatlán.

La auditoría integral se ha dirigido a evaluar lo adecuado y apropiado, de los sistemas de control interno, administrativo y financiero, siendo fomentada especialmente por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos (IAI) a través de sus programas de capacitación y su literatura, así como la incorporación de los conceptos integrales dentro de las normas profesionales de la rama. El término integral fue escogido para transmitir la idea de que este tipo de auditoria va más allá de los controles tradicionales de cuenta y legalidad con los organismos de derecho público y con los reglamentos. La auditoría integral realiza un examen del grado en que una organización hace la consideración a la cuestión del valor a cambio del dinero, es decir a la economía, la eficiencia y la eficacia. El objetivo principal de la investigación es Diseñar un Manual de Procedimientos de Auditoria Integral, que sirva de guía a las unidades de auditoria interna para la ejecución de auditorías de este tipo, que permita verificar y evaluar con eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los procedimientos de control aplicables a las operaciones municipales. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica y de campo, la que consistió en la utilización de un cuestionario el cual fue dirigido a los encargados de las unidades de auditoria interna de las municipalidades en estudio, para obtener la información que permitiera evaluar el funcionamiento de las mismas y así realizar un diagnóstico de la situación actual de estas municipalidades. El resultado obtenido es el diseño de un Manuel de Procedimientos de Auditoria Integral para las unidades de auditoria interna de las municipalidades, el cual se constituye en una herramienta para los auditores internos al momento de llevar a cabo un examen de este tipo en dichas entidades. Las principales conclusiones que se obtuvieron son las siguientes: Se determinó que la mayoría de las unidades de auditoria interna de las municipalidades, no tienen bien definidos sus objetivos, ni las actividades que deben realizar cada integrante, en razón de que no cuentan con suficiente personal para establecer una relación con el flujo de operaciones y actividades que ésta realiza, debido a las exigencias de un manejo transparente de los recursos económicos que se le asignan al sector municipal, en la actualidad, éste se ve en la necesidad de aplicar otros tipos de evaluaciones que le permitan medir los resultados de su gestión, para dar a conocer con un grado de seguridad razonable el uso que se le ha dado a dichos recursos; y conociendo que la auditoría integral representa un medio decisivo para la modernización y transparencia en la forma de administrar los recursos públicos, es necesario que se realice un examen de este tipo de conformidad con las normas de Auditoria Gubernamental. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los encargados de las unidades de auditoria interna de las municipalidades, utilizar esta propuesta como herramienta para evaluar en forma integral las políticas, el control interno, la confiabilidad de la información financiera y el grado de eficiencia de las operaciones que realiza la municipalidad.

El principio de especialidad presupuestaria, artículo 131 ordinal 8, de la Constitución de la República de El Salvador en la jurisprudencia salvadoreña

En vista de la necesidad de conocer a fondo el Principio de Especialidad Presupuestaria contemplado en el Art.131 inciso 8o de la Constitución de la República de El Salvador, que es un derivado del principio de legalidad cuyo objeto a su nacimiento es el de ejercer el control sobre la creación aprobación y ejecución del gasto público. Conforme a la disposición antes mencionada consiste en que los gastos que en el presupuesto se consignan no debe aprobarse en forma global, es decir que el gasto público debe someterse a las restricciones que la Ley establece. La Ley Orgánica de Presupuestos desarrolla el precepto constitucional definiendo el Art. 3 literal C, así: "Asignaciones son las autorizaciones concedidas por el poder legislativo para que puedan emplearse los dineros públicos en la satisfacción de las necesidades del Estado dentro de un ejercicio. Dichas autorizaciones señalan el límite máximo que puede gastarse y su finalidad." En base a las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional con referencia 9-2014, 15-2011-38-2011, 1-2010-27-2010-28-2010, en las que declara la inconstitucionalidad sobre las denominada "Partida Gasto Imprevisto", "Partida Secreta" y "Transferencia de Fondos"; aclarando que en esta última se refiere a la que se ejercía en las distintas ramas del Estado. Que la declaración de inconstitucionalidad fueron emitidas con base a lo que establece el Artículo 131 ordinal 8 de la Constitución de la República de El Salvador y serán analizadas para su respectiva interpretación, pues no ha sido desarrollado a profundidad las características de dicho principio, del que surge el cumplimiento de la Ley del Presupuesto para cada año fiscal.