Estudio de factibilidad para la creación de una linea de crédito en el Fondo nacional para la vivienda popular (FONAVIPO)orientada a los grupos familiares de los comerciantes en los mercados municipales del área metropolítana de San Salvador.

Fenómenos como la migración interna, el crecimiento poblacional, los desastres naturales, el conflicto armado y la crisis económica y social, además del rol del Estado, caracterizado por cumplir funciones de ejecutor, interviniendo directamente en la construcción de proyectos habitacionales, aumentaron la problemática del sector vivienda. Otros problemas como la exclusión social de amplios sectores populares, representa una de las raíces de la pobreza y marginación que impiden la accesibilidad de la mayoría de la población a una vivienda adecuada. La anterior situación agudiza el déficit habitacional, el cual tanto en el ámbito nacional como regional sigue creciendo en proporción al aumento de los hogares; pero, las soluciones habitacionales crecen a un menor ritmo. En razón de lo antes relacionado el presente trabajo tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad para la creación de una línea de crédito en el Fondo Nacional para la Vivienda Popular, cuyo propósito primordial es permitir al sector informal específicamente a los grupos familiares de los Comerciantes en los Mercados Municipales optar a un crédito para vivienda y mejorar sus condiciones de vida. Se desarrolló una investigación de campo, con el objetivo de medir el grado de aceptación para dicha línea de crédito para vivienda. Los resultados obtenidos reflejan que una de las principales causas del por qué los Comerciantes en los mercados no pueden optar a crédito para vivienda es por los requisitos del Sistema Financiero que difícilmente este sector puede cumplir, en cuanto a la comprobación de sus ingresos. Ante estos resultados el 70% de los encuestados manifestaron carecer de vivienda y a la vez estarían en la disposición de adquirir un crédito para vivienda lo cual confirma la demanda y necesidad de la línea de crédito.

Entrevista Opinión Universitaria (22 de agosto 2016) : Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El Gobierno salvadoreño y El Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron los Acuerdos de Paz en 1992. Uno de los puntos de negociación en los Acuerdos de Paz consistía en la formación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, en ese contexto surge Pro-búsqueda.

Mecanismos de atención especial para las víctimas de la trata de personas en El Salvador

Se hace una referencia a la situación actual de las víctimas de trata personas, cuestionando la relevancia que le da el Estado salvadoreño a su recuperación. Se parte de la idea que, en el país, la atención a las víctimas de la trata de personas, resulta deficiente por diversas razones, entre las cuales a modo de resumen, se pueden mencionar el enfoque del Estado en perseguir únicamente el delito de Trata, obviando en cierto modo la situación propia de la víctima, cayendo en la errónea idea que la compensación económica que ésta pueda obtener a nivel jurisdiccional es suficiente para reparar el daño causado a ella. Se habla también que la ausencia de una ley especial ha imposibilitado la creación de las instituciones especializadas para brindar la asistencia adecuado para cada caso determinado, y por último; se hace mención también de una escasa promoción de la Política Nacional contra la Trata de Personas, que pasa inadvertida para la población en general y con mayor razón a las víctimas de este delito al encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. En diciembre del año 2000 en Palermo, Italia, se adoptó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que da a los Estados lineamentos generales para erradicar la trata de personas en sus diferentes modalidades como son la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. A consecuencia de la ratificación del protocolo de Palermo y con la finalidad de combatir la trata de personas, el Estado de El Salvador promovió reformas al Código Penal a efectos de tipificar como delito la trata de personas mediante la introducción de los Art. 367-B y del Art. 367-C. Para continuar estos esfuerzos en esta lucha, el Gobierno de la República, creó en 2011, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que comprende un grupo de instituciones nacionales que unen esfuerzos y coordinan el abordaje integral de este flagelo social mediante la aplicación de una Política Nacional que contiene ejes y líneas de acción concretas a desarrollar a mediano y largo plazo mediante planes, proyectos y estrategias sostenibles.