El papel del auditor independiente y su responsabilidad social, en el marco de la ética profesional.

El presente trabajo de investigación se encuentra basado de manera particular en los antecedentes del Código de Ética profesional para contadores públicos, emitido por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública Auditoría, que se encuentra fundamentado en el Código de Ética para Contadores Profesionales de La Federación Internacional de Contadores (IFAC). Así como también, se basa en lo establecido por la normativa técnica y legal vigente en el país, tales como: Normas Internacionales de Auditoría, Norma Internacional de Control de Calidad Número 1, Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, Código Tributario y Código de Comercio. El objetivo principal de la investigación es proporcionar un documento que muestre “El Papel del Auditor Independiente y su Responsabilidad Social en el Marco de la Ética Profesional”, en el ambiente que se desenvuelve y que contenga elementos que hagan conciencia al mencionado profesional para que mejore su calidad en la prestación de servicios, conservando su independencia e integridad profesional. La investigación de campo se llevó a cabo con la participación de los profesionales en Contaduría Pública, que laboran en las empresas industriales inscritas en la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), ubicadas en la ciudad de Ilopango y Soyapango, para obtener sus opiniones y puntos de vista relacionado con el desempeño del Auditor Externo Financiero, en cuanto a la responsabilidad social y conducta ético-profesional de éste. Tomando en consideración que es el contador de la organización, quien tiene contacto directo con el trabajo realizado por los profesionales objeto de estudio de la investigación. La metodología o estrategia utilizada para obtener la investigación de campo, consistió en la elaboración de un cuestionario, dirigido al contador general de las empresas consideradas como universo de estudio, del listado proporcionado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), seleccionando una muestra representativa, procediendo a la tabulación y análisis de datos de los resultados obtenidos. Los resultados de la investigación permitieron conocer que la implicación social del trabajo de la auditoría externa, es impactante, pero a su vez mostrando un poco de contradicción al respecto ya que hay quienes opinan que apenas y se percibe dicha implicación, ya que muchas veces se relega solamente a emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras en los estados financieros, sin considerar el impacto que esto ocasiona en el entorno social de la organización. Además se estableció que los principios más infringidos son: la calidad profesional, responsabilidad personal, independencia de criterio, preparación y calidad profesional y la retribución económica. Lo que nos hace ver que a pesar de que el auditor efectúa su trabajo aplicando herramientas éticas y legales no las aplica como debiera, al momento de efectuar la auditoría externa en la organización. Lo que conlleva al auditor a que muestre una deficiente responsabilidad social en los servicios que éste presta. La investigación permitió determinar que entre los factores que más influyen para que se dé esta situación es la competencia desleal, falta de suficiente conocimiento técnico, y la deficiente calidad del servicio profesional, también, que la deficiencia de valores morales y éticos en la prestación de los servicios profesionales por parte del auditor independiente trae como consecuencia a la sociedad, la desvalorización de la profesión, deslealtad a la profesión y a los colegas, falta de confiabilidad y criterio en el desempeño de su trabajo; en cuanto a ésto se puede decir que el Auditor Independiente en la prestación de sus servicios no le da la relevancia que debiera al aspecto ético y moral de la profesión, lo que origina una cultura negativa que afecta directamente a la sociedad.

El cumplimiento del deber de garantía del Estado de El Salvador en la efectividad de la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres en relación al feminicidio

Una observación a nuestra realidad permite visualizar que en nuestro país el asesinato de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas, se da de manera frecuente, afectando no solo a la mujer, sino también a sus hijos, a su familia y, por ende, a la sociedad; de allí, que el papel del Estado sea de gran trascendencia para disminuir estos altos niveles de feminicidio que tiene el país. El problema del feminicidio deriva de una desigualdad de género y una discriminación hacia la mujer. Históricamente la mujer se ha encontrado en una posición de subordinación al hombre, lo cual encuentra sus orígenes remotos en la interpretación literal de la Biblia, la cual daría la pauta para creer que la mujer siempre debe estar subordinada o sometida al hombre; esta idea ha trascendido de generación tras generación hasta esta época; teniendo la mujer que enfrentar una lucha constante para obtener el reconocimiento de su personalidad y de sus derechos, tal como el derecho a la ciudadanía, al voto, a la educación e incluso al derecho a la vida. Ciertas corrientes de pensamiento han tratado de explicar esta subordinación de la mujer hacia al hombre; pero lo cierto es, que este ha sido un problema que culturalmente ha sido heredado de generación a generación. Doctrinas que abordan el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres como lo es la "Doctrina cristiana de la superioridad masculina", justifican la dependencia de la mujer al hombre como un mandato divino; por su parte, la "Doctrina social de la Iglesia" aborda este tema de manera equitativa ubicando a la mujer en un mismo plano de derechos con el hombre; y la "Doctrina social favorable a la mujer", considera que la mujer debe estar en una postura de igualdad al hombre. La Constitución de la República de El Salvador establece que el origen y fin de la actividad del Estado es la persona humana, sin hacer distinción entre hombre y mujer. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), insiste en la obligación que tienen los Estados de garantizar al hombre y a la mujer igualdad en el goce de todos los derechos. Por su parte, la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) impone al Estado el deber de adoptar, por todos los medios apropiados, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esas Convenciones, han tenido desarrollo legislativo en la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, en la que el Estado asume la responsabilidad de crear las políticas necesarias para que la mujer goce a plenitud de sus derechos, estableciéndose el feminicidio como un tipo penal agravado.