4 resultados para Derecho e Instituciones Valencianas - Instituciones y entidades históricas valencianas

em Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador


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En el país el tema de la gestión de riesgos, es un tema que está incorporado desde la Ley de Bancos y Financieras, aprobada mediante Decreto Legislativo No. 697 del 02 de septiembre de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 181, Tomo 344, del 30 de septiembre de 1999. Que incorpora en antepenúltimo inciso, previa opinión favorable del Banco Central de Reserva de El Salvador, el requerimiento de hasta dos puntos porcentuales adicionales de Fondo Patrimonial con relación al riesgo operacional, riesgo de mercado, riesgos derivados de operaciones crediticias en otros países. Del mismo modo, la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, aprobado por medio de Decreto Legislativo No. 592 de fecha 14 de enero de 2011, en el inciso primero del artículo 7, determina que entidades están dentro del perímetro de actuación de la oficina que ejerce la vigilancia por parte del Estado, en materia de Instituciones y Entidades Bancarias, Bancos Cooperativos, Sociedades de Ahorro y Crédito, Compañías de Seguros, Mercados de Valores, Administradoras de Fondos de Pensiones, Etc. Estableciendo la obligatoriedad, en el literal d) del artículo 35 de la Ley en comento; la adopción y actualización de políticas y mecanismos para la gestión de riesgos, debiendo entre otras, identificarlos, evaluarlos, mitigarlos y revelarlos acordes a las mejores prácticas internacionales. En ese contexto, se puede apreciar que el tema de la gestión prudente de riesgos en el Sistema Financiero de El Salvador, es un tema de interés nacional y el contar con mecanismos adecuados para la gestión coadyuvará al desarrollo económico del país; en virtud de lo anterior, se realizó el presente trabajo de investigación.

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El presente trabajo se origina por la necesidad de realizar una auditoría al proceso de ejecución presupuestaria de las instituciones autónomas, de forma completa, las instituciones que realizan este proceso no lo hacen a todos los rubros si no que a ciertas líneas presupuestarias que las define la unidad de auditoría interna basándose en las áreas susceptibles de riesgo. En el primer capítulo se presentan los aspectos teóricos fundamentales para el tema “auditoría al proceso de ejecución presupuestaria de las instituciones autónomas” comprende antecedentes de la auditoria, auditoria gubernamental origen y desarrollo de la auditoria en El Salvador, marco conceptual, importancia de las entidades autónomas, detalle de las entidades según el ramo al que pertenecen, fases para elaborar el presupuesto, marco legal y teórico. Las entidades autónomas gubernamentales poseen la característica común, que su creación está dada por una ley especial a través de un decreto legislativo en las que expresamente se designa como entidades autónomas gubernamentales de derecho público con personería jurídica y patrimonio propio. El objetivo principal de la investigación es estructurar el proceso de auditoría a la ejecución presupuestaria, que sirva de apoyo a los encargados de las unidades. Al diseñar el proceso antes descrito, se pretende orientar a la unidad de auditoria para que lo realice de forma completa, tomando en cuenta todos los rubros de esta manera se le dará valor agregado en las instituciones autónomas. La población estuvo conformada por el total de las instituciones autónomas de El salvador, porque son menores a 30, no fue necesaria la determinación de una muestra estadística debido a que solo hay 16 instituciones. Para desarrollar el trabajo se utilizaron técnicas bibliográficas y de campo, las cuales fueron necesarias para el logro de los objetivos trazados. Una de ellas fue el cuestionario los cuales fueron contestados por los encargados de las unidades de auditoria de las instituciones, además por medio de esta herramienta, se obtuvo mayor conocimiento de las áreas críticas de las entidades. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la mayoría de instituciones no realizan auditoria al proceso de ejecución presupuestaria, las que lo realizan no lo auditan de forma completa si no a ciertas líneas presupuestarias basándose en las áreas más susceptibles de riesgos. La mayoría de instituciones manifestaron que en relación al proceso de capacitaciones en temas de ejecución presupuestaria solo reciben de 1 a 10 horas en todo el año, los encargados de las unidades de auditoria estiman conveniente que se realice auditoria al proceso de ejecución presupuestaria cada año, sin embargo no lo realizan de forma completa. Cabe mencionar la importancia de realizar auditoria al proceso de ejecución presupuestaria la cual radica en garantizar la eficiencia y eficiencia de los recursos otorgados, validando la disponibilidad de fondos. Por tal motivo se recomienda la utilización del proceso de auditoría a la ejecución presupuestaria de las instituciones. Lo cual ayude al logro de los objetivos planteados por cada institución autónoma.

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El Gobierno de El Salvador aprobó por medio de Decreto Legislativo No.868 la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública, conocida como LACAP, la cual entró en vigencia en el año 2000. Esto permitió que en cada institución de la Administración Pública se creara una Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, responsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. La creación e implementación de dicha Ley vino a representar que las diferentes Unidades de Auditoría Interna, se vieran con dificultad para realizar sus auditorías operacionales a las actividades que efectúan las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones de las instituciones públicas, pues tales actividades representan y requieren distintos procedimientos para las diferentes adquisiciones que llevan a cabo. Y para contribuir a que la realización de dichas auditorías operativas en las UACI sea oportuna y eficiente, se desarrolla el trabajo de investigación sobre el proceso de la Planeación de auditorías internas operativas en dichas unidades, basado en las Normas de Auditoría Gubernamental; y para el desarrollo del mismo se tomó en cuenta la información bibliográfica referente al tema las leyes, reglamentos y manuales aplicables a las UACI. El método utilizado para el desarrollo del trabajo fue el hipotético deductivo, ya que este permitió relacionar la investigación bibliográfica y la de campo. Dicha investigación se realizó basándose en la Clasificación de la Ley General de Presupuesto, determinando un total de 22 Instituciones que pertenecen al Gobierno Central; se encuestó y entrevistó a los auditores de las unidades de Auditoría Interna, que representan el cien por ciento de la muestra en estudio. Utilizando la técnica del cuestionario se realizaron las entrevistas con el objetivo de indagar respecto al conocimiento que tenía el personal de la Unidad de Auditoría Interna sobre la planeación de auditoría operativa que se efectúa para evaluaciones en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y las expectativas hacia el tema, las cuales fueron satisfactorias y dieron la pauta para continuar con el desarrollo de la investigación y trabajar en la preparación de “La Planeación de Auditoría Interna Operativa en la UACI, de las Instituciones del Gobierno Central”. El trabajo de investigación radicó en la elaboración de un instrumento técnico para la planeación de auditoría operativa, a través de lo estipulado en las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República, la cual considera el plan general de auditoría, análisis general, examen preliminar, determinación de los riesgos de auditoría y los programas de auditoría a la medida. El desarrollo de este modelo servirá de apoyo a todos los auditores internos de las instituciones y cualquier otro interesado, en la ejecución de la planeación de auditoría operativa para evaluar el cumplimiento por parte de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales en las gestiones de compras, bienes y servicios.

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Las anotaciones preventivas en los procesos judiciales o administrativos juegan un rol muy importante en la sociedad en la que vivimos en el sentido que buscan asegurar derechos que pueden ser vulnerados, transferidos o enajenados por el legítimo poseedor de estos pero que por cuestiones extraprocesales existe una persona natural o jurídica que desee obtener ya sea total o parcial el goce del derecho del primero. Para efectos de preservación y conservación de derechos disputados, las leyes actuales y vigentes prevén la figura de las medidas cautelares y especialmente las anotaciones preventivas. Dicho esto, desde el momento que se accede a anotar preventivamente un bien existen efectos tanto procesales, como de derechos reales, efectos que son emanados cuando dicha medida precautoria ha sido tramitada de forma legítima en el registro respectivo. Donde ya se perfecciona la garantía que se ha solicitado. Si bien es cierto como todo en la vida, las mismas medidas tienen sus orígenes en dos fuentes principales, estas son las emanadas del órgano jurisdiccional y las administrativas, utilizadas en la actualidad por instituciones bancarias. Ahora no hay que sorprenderse de que estas medidas a las que hacemos alusión poseen un tiempo de vigencia determinado para cada caso en la ley porque su fin no es garantizar de forma perpetua un derecho, sino más bien garantizar su estado, hasta que exista una resolución definitiva o un acto definitivo sobre el bien del afectado.