Situación de los derechos de las personas adultas mayores en estado de abandono y la omisión del deber de protección del Estado de El Salvador

En un primer momento se plantearan en el desarrollo del protocolo algunas doctrinas que ilustran y orientan la evolución del pensamiento, concepto y posturas que se han tenido a través del tiempo hasta la actualidad sobre el fenómeno de la ancianidad y las personas adultas mayores. Según la Real Academia Española, la senectud1es el período de la vida humana que sigue a la madurez y proviene del latín ‘Senectus’, por lo cual se utiliza como sinónimo de ancianidad. Las palabras senectud y ancianidad se emplean solo tratándose de personas; vejez y vetustez, de personas y cosas. Ancianidad añade un matiz respetuoso, motivo por el cual se denominará así, o personas adultas mayores, al grupo característico de éste estudio. Para poder desarrollar objetiva y esquemáticamente la investigación en cuanto a la situación que viven en la actualidad los adultos mayores y sus derechos, es necesario remontarse brevemente a la historia para conocer las diferentes posturas filosóficas y opiniones que nos ilustren sobre los principales expositores y su pensamiento respecto al fenómeno de la ancianidad, y cómo con el devenir del tiempo las sociedades han cambiado la percepción del hombre cuando llega a la etapa de la senectud. Desde un enfoque teórico, en la presente investigación se estudiarán las teorías psicosociales, entre otras, las cuales servirán como referente para evaluar científicamente la realidad social que viven actualmente los adultos mayores en estado de abandono en el país, desde los enfoques económico, social, cultural y político, como factores transversales de la problemática. Desde el punto de vista jurídico se enfatizará como un acontecimiento internacional importante dentro del reconocimiento y regulación de los derechos de los Adultos Mayores, la Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, realizada en Viena (1982) y el Protocolo de San Salvador (1998), a partir de los cuales se tomó a bien dar seguimiento a la creación de programas, planes, convenciones, etc. que colaboraron con el mejoramiento del quehacer estatal en el área de los derechos humanos de los adultos mayores. Es por ello que El Salvador adoptó el Código de Familia (1994), en el cual reconoce algunos derechos y trato que debe dárseles a las personas Adultas Mayores; posteriormente se da la creación de la Ley de Atención Integral para la persona Adulta Mayor (2002) la cual crea el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM) quien deberá fungir como ente rector del respeto y protección de sus derechos.

La inconstitucionalidad por omisión en la esfera de los derechos sociales

La figura de la Inconstitucionalidad por Omisión se compone por dos elementos: "inconstitucionalidad" y "omisión"; el primero de ellos hace referencia a una conducta vulneradora de la Carta Magna, y "omisión", se define como una inactividad o un dejar de hacer. En algunos diccionarios jurídicos, el término "omisión" es remitido al ámbito penal, no procesal constitucional, esto es porque la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura aún en construcción, de tal forma que su regulación expresa se encuentra ausente en muchos países, incluyendo el nuestro. Es por ello, que en la doctrina, hay una pugna en el reconocimiento de la existencia de esta figura, las cuales se analizarán en los argumentos a favor y en contra del reconocimiento de la misma, así como los diversos tipos de omisión legislativa, y las teorías aplicables a esta investigación en relación a los derechos sociales, tales como: (1) La Doctrina de la Supremacía Constitucional, en la que se establecerá que las disposiciones de la Carta Magna deben ser acatadas por su carácter superior, incluyendo los mandatos constitucionales de disposiciones programáticas pendientes de desarrollo legislativo; (2) La Teoría del Estado Social, en la que se analizará cómo quedaron los derechos sociales después de la crisis del Estado de Bienestar; y (3) la Teoría jurídica garantista de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli, que se retomará en referencia a la falta de garantía de los derechos sociales, el cual es un punto de gran importancia, debido que estos derechos al ser incorporados al ordenamiento jurídico adquieren la función de legitimar al Estado y proteger la dignidad humana. Por otro lado, se establecerá la relación de esta investigación con aspectos de contenido económico, político y social, por ejemplo: en el aspecto económico, es necesario que el Estado cuente con recursos para garantizar y satisfacer el goce de los derechos sociales; de igual forma, es necesario que el legislador secundario priorice garantizar los derechos sociales sobre intereses políticos, o de conveniencia, en su función de creación de leyes (aspecto político); en cuanto al aspecto social, este debe activarse mediante la lucha del reconocimiento del respeto y desarrollo de los mandatos constitucionales, que puede darse por medio del mecanismo de la Inconstitucionalidad por Omisión, es decir, la actuación activa de la sociedad que requiere un necesario conocimiento de las nuevas realidades jurídicas, dado que no se puede defender algo del cual se tenga desconocimiento. Así también, el desarrollo de la investigación resaltará la importancia del necesario control en las omisiones que incurre el órgano legislativo, al incumplir mandatos constitucionales para legislar, lo que produce un despliegue incorrecto de la eficacia jurídica de la Carta Magna; dicha omisión, debe producirse en un espacio de tiempo razonable. En el caso salvadoreño, el tiempo existente entre la vigencia de nuestra Constitución y la actualidad son treinta años; el deber ser es que los mandatos constitucionales, expresos o implícitos, ya han sido desarrollados, pero, la realidad dice lo contrario, lo que nos lleva a cuestionar ¿Por qué no han sido desarrollados todos los mandatos constitucionales? Si bien es cierto, la figura de la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura emergente en nuestro país, la excesiva dilación de legislar se produce, entre otras causas, por la falta de demanda en la exigencia de desarrollo. Es importante destacar, que la presente investigación trata sobre la esfera social, por lo que el análisis de los mandatos constitucionales pendientes de legislar serán aquellos comprendidos en el Capítulo II ("Derechos sociales") de nuestra Constitución.

Modelo de planeación de auditoria financiera bajo el enfoque de la presunción de los delitos informáticos.

Los constantes avances tecnológicos en las comunicaciones, que en la actualidad podemos contemplar, obligan a las empresas a involucrarse al mismo ritmo en que estas se van desarrollando; todo esto, con la finalidad de estar en igualdad de condiciones, para poder competir en el mundo globalizado. Estos avances, que bien aprovechados producirán beneficios a las empresas; pero a la par de estos avances, surgen también, nuevas formas de cometer actos fraudulentos. Es normal que las empresas, ante estas situaciones. Deberán establecer y evaluar en forma periódica, el sistema de control interno, que les permitan disminuir este riesgo asociado a los avances tecnológicos. Conociendo estos antecedentes, se lleva a cabo esta investigación, que tiene como finalidad hacer un conocer si los despachos de auditoría, consideran la presunción de los delitos informáticos, en la etapa de planeación de auditoría; comprobar la hipótesis planteada, indagar sobre la situación planteada y establecer criterios, que permitan elaborar un modelo de planeación de auditoría financiera, bajo el enfoque de la presunción de los delitos informáticos, que ayude a disminuir, el riesgo de estos delitos en los sistemas de información de las empresas, con la finalidad de tener una seguridad razonable, que los Estados Financiero, están libre de errores importantes. La investigación, se realizó, mediante el enfoque HIPOTETICO DEDUCTIVO, y se estudió el fenómeno, bajo el tipo, ANALITICO DESCRIPTIVO, se terminó la población, mediante el listado inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditaría. Tomando para ello, una muestra de 50 Auditores. Al realizar la investigación, se confirmó que en su mayoría los despachos de auditoría no consideran los delitos informáticos, en la etapa de planeación, por carecer de conocimientos necesarios para su detección; dado a que, no reciben capacitación en esta área específica. Se plantea un modelo seguir bajo la consideración de los delitos informáticos. Buscando con ellos, tener una certeza razonable, por parte del audítor, que los Estados Financieros, están libres de errores importantes. Se concluyó, que la mayoría de despachos un 74%, no consideran la presunción de los delitos informáticos. Se recomienda, que los despachos contables, capaciten al personal, para hacerle frente a este nuevo desafío que tienen todos los auditores, con la tecnología de la información y el avance de los sistemas informáticos.

La contabilidad forense como herramienta para la prevención de fraudes y delitos financieros económicos en las empresas de San Salvador.

La aplicación de la contabilidad forense en El Salvador como herramienta de prevención de fraudes y delitos financieros es importante, dado que a medida crece la globalización se han acentuado los problemas de corrupción económica, tanto en el gobierno como en las empresas privadas del país y con enfoques tan planificadas como las utilizadas para el lavado de activos en sus diversas modalidades. El análisis de ellos ha conducido a ver la contabilidad con una perspectiva diferente: los supuestos de empresa en marcha y buena fe, que conducen a que se den las irregularidades, y es así como esta herramienta nace por la necesidad de contrarrestar los aspectos que influyen directamente con los capitales de las empresas, debido a los conocimientos y servicios que los profesionales de la contaduría pública puedan dar a las entidades para prevenir los delitos financieros o económicos. Los enfoques de aplicación surgen desde el punto de vista de formar un profesional idóneo que se desarrolle y abarque todos los aspectos integrantes en su calidad competitiva laboral; es decir que éste deberá de poseer características tales como: un excelente evaluador, crítico, investigativo en el campo de la contabilidad, auditoría, leyes, informática entre otras ramas que contribuyan directamente en el desarrollo de planes que eviten extender este problema. La finalidad principal de la contabilidad forense se desglosa en crear lineamientos que puedan mejorar desde los controles internos hasta la alta administración que direcciona la empresa; debido a que esta rama tiende a ser más investigativa y se vuelve crítica en el sentido que es de vital importancia que los profesionales de hoy contribuyan a evitar fraudes que puedan comprometer la voluntad o la calidad moral de cada uno; teniendo en cuenta que el proceso inicia desde el enfoque hasta la presentación de áreas vulnerables para tomar en cuenta mediante la emisión de una carta a la gerencia. Entre los resultados más importantes obtenidos en la investigación se tiene que la mayoría de los contadores encuestados de las empresas privadas de San Salvador no cuentan con los conocimientos necesarios sobre contabilidad forense y su aplicación, pero si en el medio han conocido de fraudes, sin haber podido presentar las pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de los autores de éstos crímenes, por desconocer los procedimientos a seguir ante los problemas de fraudes. Después de analizar los resultados y elaborar el respectivo diagnóstico se desarrolla el instrumento que comprende una serie de pasos a seguir en la aplicación de la contabilidad forense en las empresas del sector privado de San Salvador. Con la presentación de este trabajo se pretende contribuir a la difusión de un tema relativamente desconocido en el país y de cuya aplicación se pueden obtener múltiples beneficios en la prevención de fraudes en el sector privado de San Salvador.

La persecución penal de los delitos de corrupción cometido por funcionarios pública en EL Salvador

Evolución histórica de la persecución de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos –Aspectos doctrinarios acerca de la corrupción de funcionarios públicos –La persecución penal de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y su regulación en la legislación primaria, secundaria y tratados internacionales vigentes en El Salvador – Comparación de la legislación salvadoreña con la legislación de otros países en materia de persecución penal de delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos

Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas.

En El Salvador existen diversas empresas dedicadas al envío y recepción de encomiendas y remesas, las cuales atienden un amplio mercado, debido al creciente número de salvadoreños emigrantes en diversos países extranjeros, especialmente en los Estados Unidos de Norte América, los cuáles envían grandes cantidades de dinero de forma de remesas familiares o paquetes de encomiendas, a sus parientes radicados dentro del territorio nacional, llegando a representar hasta el año 2014 el 17% del producto interno bruto, sin embargo este tipo de empresas dedicadas a las encomiendas y remesas no son únicamente utilizadas por los salvadoreños en el exteriorsino también a nivel local, es decir, muchas empresas o comerciantes hacen uso del servicio para realizar traslados de dinero derivados de sus operaciones comerciales. Debido a la naturaleza y al flujo de transacciones que estas empresas realizan, existe la probabilidad de la materialización de muchos riesgos, entre ellos uno de los principales es el involucramiento o utilización para el cometido de lavado de dinero o financiamiento alterrorismo, hecho por el cual de acuerdo al art.2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se convierten en uno de los sujetos obligados al cumplimiento de lo establecido en la misma, una de las principales obligaciones es gestionar ese delito y nombrar un oficial de cumplimiento que se dedique a la implementación de políticas, controles y procedimientos para el contraste del mismo.Uno de los principales problemas que las compañias de envíos y recepción de encomiendas y remesas enfrenta en la actualidad, es la falta o inadecuadas medidas de prevención utilizadas para la gestión de estos riesgos, es por ello que la metodología utilizada en la investigación sirvió para el diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en este tipo de entidades.Para establecer con mayor precisión la propuesta del sistema de gestión, se hizo una caracterización de la problemática, en la cual se describen las principales deficiencias que poseen las compañias en cuanto a la aplicación de medidas preventivas o de mitigación de los riesgos, además se hace referencia a las diferentes formas que las organizaciones o personas criminales ejecutan para cometer sus actos ilicitos a través de estas empresas; mediante la formulación del problema se espera resaltar las consecuencias derivadas de la falta de un buen sistema de gestión de riesgos para la detección de los delitos de LA/FT, en el desempeño de las funciones por parte del oficial de cumplimiento. La investigación se realizó bajo el método hipotético deductivo, describiéndose las características del problema y estructurandose una hipótesis, las unidades de análisis fueron las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas ubicadas dentro del área metropolítana de San Salvador; adicionalmente se realizaron encuestas dirigida al oficial de cumplimiento de estas empresas utilizando el cuestionario como instrumento para la recopilación de información; con la finalidad de evaluar y obtener datos reales que nos permitieran formular una propuesta fácil de aplicar y más adaptada a las necesidades de la naturaleza del negocio. Los resultados obtenidos de la investigación realizada permiten establecer que en la mayoria de las compañias de envío y recepción de encomiendas no cuentan con un profesional que ejerza la función de oficial de cumplimiento, no poseen un sistema de gestión para el riesgo de lavado de dinero y también carecen de un software que genere alertas para transacciones de carácter inusual o sospechas, no obstante, las empresas dedicadas al envío y recepción de remesas si cumplen con su obligación de poseer un oficial de cumplimiento, asi mismo poseen manuales que les permiten aplicar medidas de prevención, sin embargo, estos no se encuentran actualizados, lo que genera fallas y vulnerabilidad de los procedimientos. Se espera que la elaboración del presente trabajo de investigación sirvan como herramienta que le facilite al oficial de cumplimiento la adecuada gestión de los riesgos de LA/FT, para ello se elabora un sistema de gestión, el cual incluye seis fases las cuales son: diagnóstico, identificación de riesgos, medición y evaluación de los riesgos, adopción de controles, divulgación y documentación y una fase final denominada seguimiento o monitoreo, el cual a la vez incluye en la fase cinco, las políticas y procedimientos a aplicar en los diferentes procesos envío y recepción de encomiendas y remesas, asi como las obligaciones que debe cumplir ante los entes supervisores y reguladores.

Ténicas de auditoría forense como una herramienta para la obtención de evidencia suficiente y apropiada en casos de juicio de fraude físcal.

La auditoría forense surge como resultado de distintos actos fraudulentos en diferentes áreas: ya sea en actividades económicas, fiscales y/o financieras, es por ello la necesidad de incorporar en la rama de la auditoria un nuevo campo de acción que conlleve a la aplicación y apego de las leyes jurisprudenciales con el fin de obtener con ello un resultado ante los tribunales, de los casos que se puedan llevar a juicio. En los últimos años el término de auditoría forense ha tomado relevancia a nivel internacional, no obstante en El Salvador esta se ha desarrollado de forma pasiva, debido a que es poco utilizada, por los profesionales en contaduría pública, siendo una herramienta útil para la detección de los diferentes tipos de fraudes y para el caso en investigación; las operaciones que involucren actuaciones fiscales. La problemática se enfoca en los fraudes fiscales que ocasionan los contribuyentes de la Administración Tributaria en El país, tal y como lo describe el código procesal penal en su artículo 249 según el cual fraude lo constituye: evasión de impuestos, apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos. Dichas actividades fraudulentas se realizan; ya sea utilizando documentación falsa o simplemente no declarando e inclusive llevando contabilidad creativa, cuando se ha dado indicios de estos tipos de fraude el informe realizado en la investigación es entregado a las entidades superiores que son las encargadas de remitirlo a Fiscalía General de la República, cuando se llega a este punto la ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública faculta al profesional contable, a realizar “la compulsa de libros y documentos en la dilucidación de asuntos contables, relacionadas con toda clase de juicios a petición del Juez de la causa o de las partes en conflicto. Es en este momento que a requerimiento de un Juez, la contabilidad desempeña un papel de gran importancia contra el fraude, igualmente los servicios que brinda un contador público, participando en calidad de perito contable; se deben considerar los procedimientos legales que están establecidos en el Código Penal y Código Procesal Penal. La investigación se centrara en las técnicas utilizadas para la obtención de la evidencia suficiente y apropiada que el auditor forense logre recopilar a través del desarrollo de las diferentes etapas de la auditoría realizada, las cuales deberán estar relacionadas conjuntamente con la observación de un abogado, ya que deben convenir en el tipo de evidencia a recolectar para que sirva de prueba al momento de presentar el juicio ante el Juez. Se contribuirá a la detección oportuna de fraudes fiscales si el contador público desarrolla su papel de auditor forense basándose en normativa técnica y legal aplicables. Cuando los contadores públicos que se desempeñen como auditor forense, en los diferentes casos tipificados como delitos, hagan uso de técnicas y procedimientos de auditoría forense, para obtener la suficiente evidencia competente que sirva de prueba ante un juicio, de esta manera se demostraran los hechos tal como ocurrieron.

Planeación de auditoría interna, ante el fraude en las medianas empresas comercializadoras de electrodomésticos en el área metropolitana de San Salvador.

Actualmente se vive en un mundo de cambios acelerados (dolarización, globalización, avances tecnológicos, tratados de libre comercio, etc.). Pero el cambio está creando mayores incentivos para el fraude y más oportunidades para el defraudador; razón por la que las empresas se ven en la necesidad de asesoría sobre los fraudes a los que es susceptible su negocio y a la detección de los mismos; por lo que es importante para la gerencia, la revisión permanente por parte de la auditoría interna del adecuado diseño, efectividad y aplicación de los controles internos establecidos por la administración, a fin de que cualquier irregularidad sea detectada sin dejar transcurrir un período prolongado de tiempo. El fraude siempre ha sido un motivo de gran preocupación y más en éstos tiempos en que se experimenta un incremento sustancial de los mismos, en todos los sectores de la economía; desde los más sencillos hasta los más sofisticados realizados por personas profesionales con altos conocimientos sobre la materia.Esta situación hace indispensable la necesidad de contar con un auditor interno con los conocimientos suficientes sobre el fraude y estar capacitado para identificar las señales de alerta o luces rojas de que un acto ilegal podría haber sido cometido ó estarse cometiendo. A pesar de que la responsabilidad por la prevención y detección de los errores e irregularidades corresponde a la Administración, a través de la implementación de sistemas de contabilidad y control interno adecuados; el auditor interno es responsable de contribuir a evitar fraudes a través del examen y evaluación de lo adecuado y efectivo del control de acuerdo con el riesgo potencial en los diferentes segmentos de operación de la organización. Sin embargo, el auditor interno en muchas ocasiones no logra detectar los fraudes del negocio; debido a que éstos generalmente implican actos que tienen la intención de ocultarse, tales como colusión, falsificación, transacciones o representaciones erróneas intencionales hechas al auditor y este último no ha recibido la suficiente capacitación sobre la materia, técnicas de defraudación y sus diferentes tipos; es decir, que no es un experto en la detección de los mismos. En vista de lo mencionado anteriormente es de vital importancia para la administración contar con un auditor interno capaz de preparar una planeación que pretenda detectar fraudes como: actos ilegales, manipulación, falsificación de registros y documentos, eliminación u omisión de transacciones, desfalcos, etc.; razón por la que se elaboró el presente documento que contiene una planeación de auditoría interna ante el fraude en las medianas empresas comercializadoras de electrodomésticos en el área metropolitana de San Salvador, para la cual se plantean los siguientes objetivos: Objetivo General Elaborar un modelo de planeación de auditoría interna, que contribuya a detectar fraudes en las medianas empresas comercializadoras de electrodomésticos en el área metropolitana de San Salvador. Objetivos Específicos Diseñar una guía de procedimientos, aplicando técnicas específicas de auditoría, encaminadas a detectar los fraudes en las medianas empresas comercializadoras de electrodomésticos en el área metropolitana de San Salvador. Presentar una lista detallada de indicadores que sirvan como señales de advertencia, que permitan identificar y prevenir fraudes. Proponer medidas que deben tomarse para prevenir los fraudes en las empresas objeto de estudio. La metodología utilizada en el desarrollo del trabajo, consistió en obtener información de fuentes primarias (entrevistas) y secundarias (bibliografía), la primera por medio de un cuestionario prediseñado, dirigido a los auditores internos o a quienes hicieran sus veces en las 39 medianas empresas comercializadoras de electrodomésticos del área metropolitana de San Salvador, las cuales constituían la población sujeto a estudio; la segunda se realizó mediante la compilación de información proveniente de libros, revistas, boletines, etc. Para la investigación de campo se consideró el cien por ciento de la población, debido a que el número de unidades de ésta era reducido, por lo que fue factible considerarla en su totalidad. Con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se elaboró un diagnóstico del problema del fraude en las medianas empresas sujetas a estudio, concluyendo entre otras cosas lo siguiente: Entre las medidas que deben tomar las empresas para prevenir y detectar el fraude están: controles internos eficientes y eficaces, eficaces revisiones de auditoría interna y un adecuado reclutamiento de personal. Las áreas más susceptibles al fraude en éste tipo de negocio son: el efectivo, los inventarios, los gastos, ventas y las cuentas por cobrar. La mayoría de fraudes cometidos en las empresas sujetas a estudio, fueron descubiertos por revisiones de auditoría interna. El motivo principal que impulsa al defraudador a cometer fraudes son los problemas financieros, seguidos de la poca lealtad a la empresa y la codicia. Entre las conclusiones y recomendaciones que contribuirán a prevenir y detectar fraudes, están: CONCLUSIONES De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se determinó que de las 39 empresas investigadas solo 11 poseen auditor interno, representando esto un 28.21%, lo cual ya es un riesgo para dichos negocios a que actos irregulares o de fraude se cometan sin ser descubiertos, en el interior de las mismas. Se determinó además, que el auditor interno raras veces evalúa los indicios de fraude en forma sistemática dentro de su proceso de auditoría, principalmente en la etapa de planificación; esta condición le posibilita al auditor interno a incurrir en riesgos de auditoría como también en un riesgo profesional, de tal forma que no se incluyen los procedimientos necesarios para evaluar los indicios de fraude dentro de sus programas de auditoría. No existe apoyo técnico y profesional a la carrera de la contaduría pública en materia de administrar y reducir el riesgo derivado de condiciones de fraude; en la actualidad es raro que firmas internacionales de auditoría o de asociaciones que agrupan a los profesionales impartan seminarios taller, cursos, y otros enfocados a riesgos de fraude, imposibilitándole de esta manera al auditor interno a establecer condiciones necesarias para evaluar, prevenir, y detectar cualquier situación de fraude dentro de la empresa. RECOMENDACIONES Es necesario que las empresas comercializadoras de electrodomésticos, cuenten con los servicios de auditoría interna, pudiendo contratar dicho servicio de manera externa, con el objeto de que se evalúe el control interno de la entidad y recomiende cambios que ayuden a alcanzar los objetivos propuestos con el mínimo de riesgo de que un fraude pueda ocurrir dentro de la entidad. Es necesario que los auditores internos se preparen a través de capacitaciones, cursos y entrenamientos, en los que puedan fortalecer su conocimiento, tanto teórico como práctico en el estudio de la evaluación de los indicios de fraude, aportando en el desempeño de su trabajo una mejor eficiencia y calidad. Es conveniente que el auditor interno evalúe siempre los indicios de fraude dentro de sus actividades en la etapa de planeación de auditoría, con el objeto de identificar los riesgos de ocurrencia del mismo, y aplicar procedimientos de auditoría encaminados a detectarlos e informarlo a la administración.

Procedimientos de auditoría externa, aplicables al cumplimiento del código de conducta relacionado a la prevención y detección del lavado de dinero en las instituciones de intermediación financiera no bancaria reguladas por la SSF.

La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX para denominar las operación que de alguna manera intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía. Los legitimadores de capital tienden a utilizar las entidades de negocios más como un conducto que como un medio de expropiación directa de activos. Por esta razón, es mucho menos factible que el lavado de dinero afecte los estados financieros en comparación con otros tipos de fraude como los desfalcos. La legislación aplicable a prevenir la legitimación de capitales en el país está compuesta por: Ley, Reglamento e Instructivo para prevenir el lavado de dinero, así como el Convenio Centroamericano para la prevención y represión de los delitos de tráfico de drogas y delitos conexos. Considerando el nivel de operaciones en las entidades dedicadas al microfinanciamiento en El Salvador (Cajas de Crédito, Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos de los Trabajadores, otras entidades financieras no bancarias), éstas pueden tornarse vulnerables para que se cometan actividades delictivas generadoras de blanqueo de capitales, ya que a través de la diversidad de usuarios y suministradores de servicios financieros podrían cometerse situaciones delictivas que las afecten negativamente. Con base en lo anterior se realizó un estudio, el cual se presenta en este trabajo y tiene como objetivo contribuir con los organismos reguladores de supervisión y fiscalización, mediante la formulación de procedimientos de auditoria externa dirigidos a evaluar el cumplimiento del Código de Conducta en los intermediarios financiera no bancarios, encaminados a disminuir el riesgo de que sus servicios sean usados para dar legitimidad a fondos que sean producto de actividades ilícitas. La investigación se llevó a cabo en Las Instituciones de Intermediación Financiera no Bancarias, debido a que en la década anterior, la mayoría de las empresas involucradas en hechos generadores del lavado de dinero pertenecieron a este grupo, tales como: FOMIEXPORT (1992), CREDICLUB, FINSEPRO e INSEPRO (1997). Para la definición de la población se tomó como base la totalidad de los intermediarios financieros no bancarios que actualmente están regulados por la Superintendencia del Sistema Financiero, las que en su conjunto son 7 instituciones. En cuanto a la recolección de los datos, ésta se realizó a través de cuestionarios dirigidos a empleados tomados al azar de las Instituciones de Intermediación Financieras no Bancarias. Mediante los datos obtenidos se elaboró el diagnóstico de la investigación, determinando la importancia de que los organismos de supervisión y fiscalización posean procedimientos de auditoria externa dirigidos a evaluar dentro de las entidades antes mencionadas el cumplimiento del Código de Conducta para prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Debido a lo anterior, se presenta una propuesta sobre procedimientos de auditoria externa para verificar el cumplimiento del Código de Conducta en la prevención y detección del lavado de dinero; y un modelo de Código de Conducta, para que los organismos de supervisión y fiscalización evalúen que las Instituciones de Intermediación Financiera no Bancarias cumplan con la normativa legal vigente y para que fortalezcan la estructura de control al respecto.

La protección jurídica penal del medio ambiente y su problemática de carácter multidimensional

Protección jurídica penal del medio ambiente – El tipo penal en materia de protección al medio ambiente y su técnica de tipificación – Responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de los delitos contra el medio ambiente – Normativa internacional y legislación nacional en la protección jurídica penal al medio ambiente

Valoraciones sobre la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos humanos en la erradicación del hacinamiento carcelario

En la presente temática se abordó aspectos esenciales que fundamentan doctrinariamente, teóricamente y jurídicamente la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos humanos en el hacinamiento carcelario. Se realizaron los siguientes análisis e investigaciones: El origen del hacinamiento carcelario, las consecuencias que produce el hacinamiento carcelario en la persona que se encuentra privada de libertad dando lugar esta privación a una serie de vulneraciones y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales e inherentes al privado de su libertad. Esta investigación se orienta a que uno de los principales problemas que tiene el Estado en el desarrollo de sus políticas públicas es que no se ha preocupado por crear y ejecutar políticas enfocadas a la prevención del delito y así incentivar al ciudadano a no delinquir y al privado de libertad a no reincidir, actualmente la consecuencia de esta omisión por parte del Estado genera que las cárceles estén abarrotadas de delincuentes llevando este factor a la sobre población carcelaria. Es por ello, que se debe hacer un estudio profundo con la finalidad de obtener respuestas al porque las instituciones se vuelven ineficaces frente al hacinamiento carcelario teniendo a su disposición un marco jurídico que en su texto es efectivo. Además es de señalar que la persona privada de libertad no pierde la calidad de ser "persona" por lo tanto al Estado le nacen obligaciones respecto a los privados de libertad y es el principal obligado por mandato constitucional de garantizar el goce de los derechos fundamentales e inherentes a la persona tales como: la dignidad humana porque del goce de estos derechos depende el goce de los subsiguientes derechos.

El proceso de readaptación en el cumplimiento de la pena de prisión en la Zona Oriental de El Salvador

El presente trabajo versa sobre la situación del proceso de readaptación en el cumplimiento de la pena de prisión en la Zona Oriental de El Salvador, en el que a través de nuestra investigación identificaremos aquellos problemas que impiden al condenado lograr su readaptación, por esa razón emprenderemos una temática de actualidad y problema nacional, en el que lo delimitamos en los centros penales de la Zona Oriental. Por el cual unos de los objetivos será investigar el proceso de readaptación en los centros penitenciarios en el cumplimiento de la pena de prisión en la Zona Oriental de El Salvador, y analizar las funciones de cada uno de los organismos administrativos y judiciales, asimismo el papel que desempeñan en los centros carcelarios. Es por ello que la metodología a emplear será en base a diversos métodos , en el cual utilizaremos el método científico, el analítico y analógico, por lo que nos regiremos bajos esos métodos y asimismo realizaremos entrevistas no estructuradas a las diferentes instituciones penitenciarias por ser conocedores y especialista, por lo que entrevistaremos a los Directores de los diferentes centros penales, al Equipo Técnico Criminológico en el área laboral, jurídica, educativa y psicológica, al igual que al encargado de la Escuela penitenciaria, a Jueces de Vigilancia Penitenciaria de San Miguel y al Consejo Criminológico Regional. Asimismo el motivo de nuestra investigación esperamos con los resultados que los centros carcelarios viven en condiciones de insalubridad, no cuentas con infraestructura adecuada por la falta de presupuesto, además los programas no son los suficientes para todos los internos por lo que existe una omisión por parte del Estado en el sistema penitenciario.