El delito de feminicidio en La Zona Oriental de El Salvador

Históricamente los derechos de las mujeres han sido restringidos, lesando con ello la dignidad humana, éste menosprecio se evidenció mayormente durante el sistema patriarcal; no obstante, en el último siglo se han experimentado cambios a favor de éstas, a través de la creación de Convenios Internacionales y la aprobación de Leyes secundarias; en el país se está avanzando en el cumplimiento de las obligaciones contraídas al ratificar los diferentes convenios o tratados vinculado con los derechos de las mujeres; ejemplo de ello es: La creación de la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las mujeres, que garantiza... "el derecho a una vida libre de violencia." Con ello se denota que la vida, bien jurídico esencial, se tutela de manera integral con la tipificación de conductas que aun cuando no vulneran directamente el bien jurídico vida, evidencian la intención de entorpecer su desarrollo. De los tipos penales tipificados en la LEIV, se encuentra el ilícito de Feminicidio, regulado en el Art. 45, ha generado diversas polémicas en los Operadores de Justicia, debido a que la norma que detalla la conducta ilícita, suele adecuarse erróneamente al tipo penal de Homicidio Agravado; al realizar el juicio de tipicidad no logran identificar los elementos objetivos y subjetivos del tipo de ambas conductas ilícitas, por tal razón califican el hecho punible adecuándolo a una conducta típica diferente. Con las dificultades antes expuestas surge la necesidad de indagar el conocimiento, doctrinario, constitucional, legal, jurisprudencial e internacional –porque se indagan los convenios internacionales relacionados con el Feminicidio y; su regulación en otros países-, para fijar su interpretación, y obtener eficaz solución de los conflictos sociales.

Las organizaciones delictivas en calidad de sujeto activo en el delito de trata de personas en el marco de la Ley Especial contra la Trata de Personas y el Protocolo de Palermo

Orígenes históricos de la trata de personas y factores sociales victimológicos de la trata de personas –El crimen organizado desde su perspectiva teórica-doctrinaria – Vinculación de la Ley Especial contra la Trata de Personas y el Protocolo de Palermo como mecanismos de prevención y combate al delito de trata de personas – Rol de instituciones públicas en la prevención y combate del delito de trata de personas – Medidas tendientes a la reparación de daños y prevención del delito de trata de personas

El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero

Precisiones jurídica conceptuales sobre el contrato de arrendamiento financiero y el delito de lavado de dinero – El arrendamiento financiero como instrumento idóneo para el cometimiento del delito de lavado de dinero – Repercusiones económico-financieras del cometimiento del delito de lavado de dinero en El Salvador

Modelo de gestión de riesgo enfocado a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones cooperativas reguladas por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.

Ante la situación de la problemática observada sobre la falta de un modelo de gestión de riesgo que afecta la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las cooperativas reguladas por Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, y ante la respuesta de las principales causas que la originan. Se realizó la investigación, con el objeto de establecer si la falta del modelo de gestión de riesgos se debe a que no realiza una administración adecuadamente los mismos o no existen los controles idóneos para su mitigación de forma adecuada o prevista por las unidades de análisis. De igual manera el objetivo de la investigación es brindar los insumos o herramienta al oficial de cumplimiento del sector cooperativo objeto de estudio, con la finalidad de que éstas desarrollen el modelo de gestión de riesgos para la prevención del lavado de dinero y activos, de acuerdo con los procesos o plan anual de trabajo y la solicitud por parte de las autoridades competente INSAFOCOOP y la Superintendencia del Sistema Financiero. La indagación se desarrolló en base al enfoque hipotético deductivo, empleando un estudio de tipo descriptivo. La cual se estableció mediantes técnicas e instrumentos como la encuesta y entrevista recurrir a cuestionarios y la sistematización bibliográfica la cual permitió determinar las conclusiones siguientes: Aun cuando el oficial de cumplimiento, tenga la experiencia necesaria para realizar el trabajo de verificación y evaluación de los controles relacionados a la gestión de riesgos, no se aplica una metodología estándar para la gestión en este caso del delito de lavado de dinero y activos que podría impactar en las operaciones que realizan las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito. A pesar de que no se le han solicitado a las autoridades competentes una aporte más efectivo en materia de lavado de dinero, las asociaciones no reciben capacitaciones para prevención y detección de operaciones sospechosas en la área antes mencionada, razón por la cual se hace referencia a que la experiencia que posee el personal de las unidades de análisis no es la adecuado a la hora de presentarse transacciones inusuales. No obstante a lo anterior, se concluye que el oficial de cumplimiento además que posee la experiencia y conocimiento en el área técnica y legal, se determinó que las causas principales de que no se cuente con un modelo de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo adecuado, es que los estándares aplicados no está encaminados a establecer los principios y guías de diseño, implementación y mantenimiento de la gestión de riesgos. Partiendo de lo dicho anteriormente se recomienda que el oficial de cumplimiento del sector cooperativo implemente un modelo de gestión de riesgos idóneo con la metodología estándar más adecuada, y dispongan de la herramienta que les ayude a evaluar en las 5 etapas del sistema de gestión de riesgo de acuerdo a la normativa técnica y legal exigida por la INSAFOCOOP, de igual manera los procesos, controles de las asociaciones cooperativas y verificar si estos son los adecuados para salvaguardar los recursos y ejecutarlos de forma transparente.

Plan de auditoría interna considerando el modelo de la tercera linea de defensa que permita al auditor interno del sector cooperativo financiero no bancario la eficiente administración de riesgo contra el lavado de dinero y activos.

El sector cooperativo de ahorro y crédito es reconocido como un pilar importante de progreso en el sistema financiero de un país, son instituciones donde los miembros que la constituyen aportan capital inicial que ayude a la institución al movimiento de activos que producen ganancias tanto financieras como culturales entre sus asociados, a través del otorgamiento de créditos y la recepción de sus ahorros, los asociados pueden llevar a cabo sus propósitos o solventar alguna obligación. Las tasas de interés son más accesibles a comparación de la banca externa debido a que como principio cooperativo la solidaridad y sobretodo ayuda mutua debe prevalecer entre sus miembros. Debido a los conflictos generados por las diversas economías y sociedades y poniendo en práctica la legislación vigente sobre el riesgo del delito de lavado de dinero y activos, el sector cooperativo debe velar por el cumplimiento diseñando las herramientas necesarias para su prevención como procedimientos, programas y normas internas que ayuden a evitar la ejecución de este delito. Además estas organizaciones deben contar preferiblemente con un departamento de auditoría interna que asegure y evalúe el cumplimiento de la Ley de lavado de dinero y activos. Por todo lo descrito anteriormente, el presente trabajo de investigación pretende definir una planeación específica de auditoría implementando un programa de cumplimiento, aplicable al área de atención al asociado del sector cooperativo, además que se debe considerar al momento de desarrollar la auditoría interna de los programas de prevención de lavado de dinero y otros activos. Para poder llevar a cabo dicha planeación se incorpora un elemento novedoso el modelo de la tercera línea de defensa que posee gran relevancia para el buen funcionamiento de estas organizaciones por la relación que tiene con el consejo de administración y/o gobierno corporativo en conjunto con las gerencias en las áreas de aseguramiento y asesoramiento. En el ámbito financiero se coloca al sector cooperativo como vulnerable frente al riesgo como lo es el de lavado de dinero y activos. Esto plantea la necesidad de identificar cuáles son los retos a los que debe enfrentarse la profesión para continuar siendo parte importante dentro del gobierno de las entidades. Por lo tanto, se presenta el trabajo de investigación, identificando que el auditor dentro de su formación, necesita adquirir suficiente competencia para el desempeño de la labor, para poder mejorar los enfoques de riesgos y cumplimiento de una entidad y poder proporcionar la información útil. Asimismo, contiene la delimitación, el período de tiempo de la información a revisar, las personas hacia quienes está dirigida la investigación y la justificación, señalando el aporte de la temática y metodología a desarrollar. En tal sentido, se recomienda tomar como base la planeación específica de auditoría interna con enfoque al área ambiente de control y la debida diligencia por medio del programa de auditoría de cumplimiento, que se plantea en el presente trabajo, a fin de facilitar al auditor interno la verificación de los procesos como parte de su gestión en prevención de riesgos de lavado de dinero y activos.

Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas.

En El Salvador existen diversas empresas dedicadas al envío y recepción de encomiendas y remesas, las cuales atienden un amplio mercado, debido al creciente número de salvadoreños emigrantes en diversos países extranjeros, especialmente en los Estados Unidos de Norte América, los cuáles envían grandes cantidades de dinero de forma de remesas familiares o paquetes de encomiendas, a sus parientes radicados dentro del territorio nacional, llegando a representar hasta el año 2014 el 17% del producto interno bruto, sin embargo este tipo de empresas dedicadas a las encomiendas y remesas no son únicamente utilizadas por los salvadoreños en el exteriorsino también a nivel local, es decir, muchas empresas o comerciantes hacen uso del servicio para realizar traslados de dinero derivados de sus operaciones comerciales. Debido a la naturaleza y al flujo de transacciones que estas empresas realizan, existe la probabilidad de la materialización de muchos riesgos, entre ellos uno de los principales es el involucramiento o utilización para el cometido de lavado de dinero o financiamiento alterrorismo, hecho por el cual de acuerdo al art.2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se convierten en uno de los sujetos obligados al cumplimiento de lo establecido en la misma, una de las principales obligaciones es gestionar ese delito y nombrar un oficial de cumplimiento que se dedique a la implementación de políticas, controles y procedimientos para el contraste del mismo.Uno de los principales problemas que las compañias de envíos y recepción de encomiendas y remesas enfrenta en la actualidad, es la falta o inadecuadas medidas de prevención utilizadas para la gestión de estos riesgos, es por ello que la metodología utilizada en la investigación sirvió para el diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en este tipo de entidades.Para establecer con mayor precisión la propuesta del sistema de gestión, se hizo una caracterización de la problemática, en la cual se describen las principales deficiencias que poseen las compañias en cuanto a la aplicación de medidas preventivas o de mitigación de los riesgos, además se hace referencia a las diferentes formas que las organizaciones o personas criminales ejecutan para cometer sus actos ilicitos a través de estas empresas; mediante la formulación del problema se espera resaltar las consecuencias derivadas de la falta de un buen sistema de gestión de riesgos para la detección de los delitos de LA/FT, en el desempeño de las funciones por parte del oficial de cumplimiento. La investigación se realizó bajo el método hipotético deductivo, describiéndose las características del problema y estructurandose una hipótesis, las unidades de análisis fueron las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas ubicadas dentro del área metropolítana de San Salvador; adicionalmente se realizaron encuestas dirigida al oficial de cumplimiento de estas empresas utilizando el cuestionario como instrumento para la recopilación de información; con la finalidad de evaluar y obtener datos reales que nos permitieran formular una propuesta fácil de aplicar y más adaptada a las necesidades de la naturaleza del negocio. Los resultados obtenidos de la investigación realizada permiten establecer que en la mayoria de las compañias de envío y recepción de encomiendas no cuentan con un profesional que ejerza la función de oficial de cumplimiento, no poseen un sistema de gestión para el riesgo de lavado de dinero y también carecen de un software que genere alertas para transacciones de carácter inusual o sospechas, no obstante, las empresas dedicadas al envío y recepción de remesas si cumplen con su obligación de poseer un oficial de cumplimiento, asi mismo poseen manuales que les permiten aplicar medidas de prevención, sin embargo, estos no se encuentran actualizados, lo que genera fallas y vulnerabilidad de los procedimientos. Se espera que la elaboración del presente trabajo de investigación sirvan como herramienta que le facilite al oficial de cumplimiento la adecuada gestión de los riesgos de LA/FT, para ello se elabora un sistema de gestión, el cual incluye seis fases las cuales son: diagnóstico, identificación de riesgos, medición y evaluación de los riesgos, adopción de controles, divulgación y documentación y una fase final denominada seguimiento o monitoreo, el cual a la vez incluye en la fase cinco, las políticas y procedimientos a aplicar en los diferentes procesos envío y recepción de encomiendas y remesas, asi como las obligaciones que debe cumplir ante los entes supervisores y reguladores.

Seguridad Regional, causas y consecuencias del vínculo entre el narcotráfico en México y la delincuencia común en el Triángulo Norte de Centroamérica. Periodo 2006-2012

Antecedentes sociales y políticos sobre el delito común y la delincuencia organizada en los países del Triángulo Norte de Centroamérica – Efectos de la política migratoria de los Estados Unidos en el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional y narcotráfico y sus efectos en el istmo – Legislación y mecanismos de integración regional. Trata marco de seguridad democrática en Centroamérica.

Valoraciones sobre la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos humanos en la erradicación del hacinamiento carcelario

En la presente temática se abordó aspectos esenciales que fundamentan doctrinariamente, teóricamente y jurídicamente la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos humanos en el hacinamiento carcelario. Se realizaron los siguientes análisis e investigaciones: El origen del hacinamiento carcelario, las consecuencias que produce el hacinamiento carcelario en la persona que se encuentra privada de libertad dando lugar esta privación a una serie de vulneraciones y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales e inherentes al privado de su libertad. Esta investigación se orienta a que uno de los principales problemas que tiene el Estado en el desarrollo de sus políticas públicas es que no se ha preocupado por crear y ejecutar políticas enfocadas a la prevención del delito y así incentivar al ciudadano a no delinquir y al privado de libertad a no reincidir, actualmente la consecuencia de esta omisión por parte del Estado genera que las cárceles estén abarrotadas de delincuentes llevando este factor a la sobre población carcelaria. Es por ello, que se debe hacer un estudio profundo con la finalidad de obtener respuestas al porque las instituciones se vuelven ineficaces frente al hacinamiento carcelario teniendo a su disposición un marco jurídico que en su texto es efectivo. Además es de señalar que la persona privada de libertad no pierde la calidad de ser "persona" por lo tanto al Estado le nacen obligaciones respecto a los privados de libertad y es el principal obligado por mandato constitucional de garantizar el goce de los derechos fundamentales e inherentes a la persona tales como: la dignidad humana porque del goce de estos derechos depende el goce de los subsiguientes derechos.

Mecanismos de atención especial para las víctimas de la trata de personas en El Salvador

Se hace una referencia a la situación actual de las víctimas de trata personas, cuestionando la relevancia que le da el Estado salvadoreño a su recuperación. Se parte de la idea que, en el país, la atención a las víctimas de la trata de personas, resulta deficiente por diversas razones, entre las cuales a modo de resumen, se pueden mencionar el enfoque del Estado en perseguir únicamente el delito de Trata, obviando en cierto modo la situación propia de la víctima, cayendo en la errónea idea que la compensación económica que ésta pueda obtener a nivel jurisdiccional es suficiente para reparar el daño causado a ella. Se habla también que la ausencia de una ley especial ha imposibilitado la creación de las instituciones especializadas para brindar la asistencia adecuado para cada caso determinado, y por último; se hace mención también de una escasa promoción de la Política Nacional contra la Trata de Personas, que pasa inadvertida para la población en general y con mayor razón a las víctimas de este delito al encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. En diciembre del año 2000 en Palermo, Italia, se adoptó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que da a los Estados lineamentos generales para erradicar la trata de personas en sus diferentes modalidades como son la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. A consecuencia de la ratificación del protocolo de Palermo y con la finalidad de combatir la trata de personas, el Estado de El Salvador promovió reformas al Código Penal a efectos de tipificar como delito la trata de personas mediante la introducción de los Art. 367-B y del Art. 367-C. Para continuar estos esfuerzos en esta lucha, el Gobierno de la República, creó en 2011, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que comprende un grupo de instituciones nacionales que unen esfuerzos y coordinan el abordaje integral de este flagelo social mediante la aplicación de una Política Nacional que contiene ejes y líneas de acción concretas a desarrollar a mediano y largo plazo mediante planes, proyectos y estrategias sostenibles.