5 resultados para AUTORIDAD EJECUTIVA TEMPORAL DE LAS NACIONES UNIDAS (UNTEA)

em Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador


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La evolución histórica y el antecedente que dio origen al pronunciamiento de dos estados, conforme a la participación del territorio Palestino – Causas del porque el estado de Israel ha incumplido las resoluciones emitidas por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas mediante las cuales se ha dictado un fin al conflicto territorial Israel-Palestina – La política exterior de El Salvador ante el conflicto Israel-Palestina.

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Génesis y evolución de la responsabilidad social corporativa – Global compact y foros de discusión auspiciados desde Naciones Unidas en torno a la responsabilidad social corporativa – Estudio de prácticas de RSC por las empresas transnacionales adheridas al global compact establecidas en El Salvador (TIGO, la Constancia, Grupo Roble y Telefónica) comportamiento de los modelos de RSC aplicados.

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Génesis y evolución de la responsabilidad social corporativa – Global compact y foros de discusión auspiciados desde Naciones Unidas en torno a la responsabilidad social corporativa – Estudio de prácticas de RSC por las empresas transnacionales adheridas al global compact establecidas en El Salvador (TIGO, la Constancia, Grupo Roble y Telefónica) comportamiento de los modelos de RSC aplicados

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Las Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro (ONG’s), se constituyen en El Salvador en la década de los 80’s, con la finalidad de contribuir al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población; dichas Organizaciones son reguladas por la ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro y su Reglamento, obteniendo su Personalidad Jurídica mediante la inscripción en el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de Gobernación. Ante la entrada en vigencia de las Normas de Información Financiera adoptadas en El Salvador; El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, establece que las ONG’s presenten sus estados financieros con base a normas internacionales de contabilidad a partir del 1 de Enero de 2005. La investigación se realizó con el objetivo de contribuir con las ONG’s, a través de un documento que ayude a los responsables de la información financiera acerca de la aplicación práctica de los registros contables de aquellas partidas que involucren el rubro de Propiedades, Planta y Equipo, en cuanto areconocimiento, registro, valuación, presentación y revelación. Analizando la normativa técnica internacional aplicada a los elementos componentes del mencionado rubro, donde se encuentran los parámetros que establecen el tratamiento contable, que orienta la investigación de campo y la elaboración de la propuesta. Así como el desarrolla la metodología utilizada en la investigación de campo, aplicando como instrumento de recolección de datos la encuesta, las cuales fueron dirigidas a los contadores de las Organizaciones No Gubernamentales del sector educación, especialmente en lo concerniente a aspectos de los elementos componentes de Propiedades, Planta y Equipo, realizándose en el área de San Salvador basados en un listado proporcionado por el Programas de las Naciones Unidas (PNUD) seleccionando una muestra representativa; Obteniendo así información útil para la formulación del diagnóstico del trabajo de investigación. A través de la investigación realizada se pudo constatar que en su mayoría los responsables del rubro de Propiedades, Planta y Equipo, de las Organizaciones No Gubernamentales del Sector Educación, registran las diferentes transacciones u operaciones contables relacionadas con dicho rubro de acuerdo a Normas de Contabilidad Financiera y a criterios establecidos por los entes donantes; por lo tanto no preparan y presentan la información financiera de acuerdo a la normativa internacional. Apoyados en los resultados obtenidos, es necesario que las ONG’s utilicen como guía el documento presentado; ya que en él se establecen políticas contables relacionadas al adecuado tratamiento contable de las Propiedades, Planta y Equipo, para un apropiado reconocimiento, registro, valuación, presentación y revelación, basado en Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s)

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Se hace una referencia a la situación actual de las víctimas de trata personas, cuestionando la relevancia que le da el Estado salvadoreño a su recuperación. Se parte de la idea que, en el país, la atención a las víctimas de la trata de personas, resulta deficiente por diversas razones, entre las cuales a modo de resumen, se pueden mencionar el enfoque del Estado en perseguir únicamente el delito de Trata, obviando en cierto modo la situación propia de la víctima, cayendo en la errónea idea que la compensación económica que ésta pueda obtener a nivel jurisdiccional es suficiente para reparar el daño causado a ella. Se habla también que la ausencia de una ley especial ha imposibilitado la creación de las instituciones especializadas para brindar la asistencia adecuado para cada caso determinado, y por último; se hace mención también de una escasa promoción de la Política Nacional contra la Trata de Personas, que pasa inadvertida para la población en general y con mayor razón a las víctimas de este delito al encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. En diciembre del año 2000 en Palermo, Italia, se adoptó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que da a los Estados lineamentos generales para erradicar la trata de personas en sus diferentes modalidades como son la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. A consecuencia de la ratificación del protocolo de Palermo y con la finalidad de combatir la trata de personas, el Estado de El Salvador promovió reformas al Código Penal a efectos de tipificar como delito la trata de personas mediante la introducción de los Art. 367-B y del Art. 367-C. Para continuar estos esfuerzos en esta lucha, el Gobierno de la República, creó en 2011, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que comprende un grupo de instituciones nacionales que unen esfuerzos y coordinan el abordaje integral de este flagelo social mediante la aplicación de una Política Nacional que contiene ejes y líneas de acción concretas a desarrollar a mediano y largo plazo mediante planes, proyectos y estrategias sostenibles.