3 resultados para 120308 Código y sistemas de codificación

em Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador


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El estudio de los sistemas dinámicos es un campo importante de la investigación matemática actual. Estos pueden ser clasificados como sistemas dinámicos clásicos y sistemas dinámicos 100% discretos. A su vez los sistemas dinámicos clásicos se pueden dividir en sistemas dinámicos discretos y sistemas dinámicos continuos. El estudio de los sistemas dinámicos clásicos involucra herramientas de cálculo y geometría diferencial. En cambio los sistemas dinámicos 100% discretos se requiere utilizar herramientas de teoría de números, álgebra, combinatoria y teoría de grafos. Históricamente, los sistemas dinámicos llamados finitos sistemas dinámicos discretos no han recibido en modo alguna atención como la han tenido los sistemas continuos. Hay por supuesto muchas razones para esto, una de las cuales es el uso exitoso de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO’s) y Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP’s) como herramientas analíticas y descriptivas en las ciencias y sus aplicaciones.

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Durante el transcurso de la historia de la humanidad, el hombre (como ser social) ha buscado los medios para llevar a cabo la satisfacción de sus necesidades; es de esta manera que con el correr de los años han surgido diferentes ideologías y métodos para llevar a cabo la consecución de este fin. Dentro de los métodos de los que se ha valido el hombre, se puede citar desde los más rudimentarios, hasta los más organizados, tales como los impuestos, tasas y contribuciones especiales, los cuales históricamente han sido catalogados como los más efectivos, y mayormente utilizados para la recaudación de fondos. En EL Salvador, los impuestos que generan la mayor fuente de ingresos, en cuanto a recaudación tributaria se refiere son el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, e impuesto sobre la renta. Factores como la globalización de los procesos y el entorno internacional en el que la única constante es el cambio, lleva a El Salvador a iniciar el proceso de modernización del Estado, influenciado por las corrientes neoliberales que obligan a la Administración Tributaria a buscar las herramientas legales que uniformicen y unifiquen la aplicación de las leyes que rigen los tributos internos, así como los medios para minimizar la evasión fiscal. Es en estas circunstancias que mediante Decreto Legislativo No. 230, del 14 diciembre del año 2002, es aprobado el Código Tributario, el cual entró en vigencia el primero de enero del año 2001. Con la entrada en vigencia del Código Tributario, se deroga gran parte del articulado de las Leyes que rigen los tributos internos en El Salvador, siendo las más afectadas las de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, e Impuesto Sobre la Renta. Los artículos derogados en estas Leyes primarias se trasladaron al Código Tributario, el cual trata de unificar la aplicación de las obligaciones formales y sustantivas comunes entre ambas Leyes; existe además un régimen sancionatorio que agrupa la mayoría de los incumplimientos cometidos por los contribuyentes a las obligaciones formales y sustantivas contenidas en el referido Código. Asimismo, se deja claro que en caso de existir discrepancias entre el Código y las Leyes primarias, predominará lo estipulado en la Ley. El Código Tributario representa un elemento novedoso que trae consigo la aparición de nuevas figuras: Dictamen e Informe Fiscal, y el Fedatario. Es en este entorno que dicho Código presenta algunas dificultades para su aplicación, principalmente por las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas que no califican para dictaminarse fiscalmente, incumpliendo así las obligaciones formales y sustantivas contenidas en el referido Código. Es en este contexto que se elabora una “Propuesta de procedimientos tributarios que oriente a la pequeña y mediana empresa salvadoreña que no califica para dictaminarse fiscalmente, a la aplicación de las obligaciones formales y sustantivas contenidas en las Leyes de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, Código Tributario y sus Reglamentos”, la cual se ha estructurado en cinco capítulos que se describen a continuación: El Capitulo I, contiene el marco teórico de referencia, con la finalidad de mostrar al lector los conceptos básicos de la legislación tributaria, así como ubicarle en el contexto histórico y actual de los impuestos sobre la renta e impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, a nivel mundial y nacional. El Capitulo II, presenta la problemática identificada en las pequeñas y medianas empresas del municipio de San Salvador que no califican para dictaminarse fiscalmente, las cuales cometen incumplimientos a las obligaciones formales y sustantivas, de las Leyes anteriormente citadas. La investigación de campo efectuada demostró que los contadores de las PYMEs consideran que la de Ausencia de de una guía que oriente para el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de de la Administración Tributaria, así como la dificultad para la interpretación de la normativa tributaria, fomentan el incumplimiento de dichas obligaciones. Se incluyen las preguntas realizadas así como la tabulación de la información recopilada en gráficos ilustrativos, haciendo su respectivo análisis y conclusión de cada pregunta en particular para obtener una conclusión general. Es así como en el Capitulo III, se presenta la Propuesta antes citada, la cual se desarrolla de acuerdo al ciclo de vida de una empresa, desde su constitución, desarrollo normal de sus operaciones, hasta el cierre de operaciones. En cada uno de estos apartados se ha ordenado las obligaciones entre formales y sustantivas, cada una de éstas contiene la descripción de la obligación en sí, la sanción por incumplimiento, procedimientos y sugerencias de control interno, haciendo referencia finalmente a la base legal que la sustenta. Las obligaciones desarrolladas en este documento son aquellas relativas a las Leyes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, e Impuesto Sobre la Renta, por considerarse los que mayores ingresos generan al Estado. Se desarrolla además en el Capitulo IV un caso práctico, en el cual se ilustran los principales incumplimientos a la normativa tributaria en estudio, cometidos por las PYMEs según la investigación de campo. Finalmente, en el Capitulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones con la finalidad de prevenir incumplimientos a las obligaciones referidas.

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La Institución se fundó el 23 de Julio de 1900, con el nombre de Consejo Superior de Salubridad, dependencia del Ministerio de Gobernación. El Consejo determino que entre las actividades principales a realizar fueran: estadísticas médicas, saneamiento de zonas urbanas, inspecciones de víveres, higiene de rastros y mercados, construcción de cloacas y sistemas de aguas servidas, obligatoriedad de instalar letrinas, lucha contra los mosquitos, visitas a establos, fábricas y beneficios de lavar café. El primer Código de Sanidad entra en vigencia el 24 de julio del mismo año. El 15 de agosto se creó la Dirección General de Vacunación la cual en 1907 se llamó Instituto de Vacunación contra la Viruela. En el año 1920 se fundó la Dirección General de Sanidad dependiendo también del Ministerio de la Gobernación. En 1926 El Poder Ejecutivo creó a través de la Subsecretaría de Beneficencia, el servicio de asistencia médica gratuita, cuya finalidad era prestar auxilio oportuno y eficaz a los enfermos pobres en todas las poblaciones de la República. En el año 1930 se aprueba un nuevo Código de Sanidad, en este año se establece la primera clínica de puericultura ubicada en San Salvador. En el año 1948 se creó el Ministerio de Asistencia Social, y al finalizar este año se cuenta con 32 servicios en 32 municipios con un personal de 565 y un presupuesto de ¢1,158,620.00 colones. Para el año 1950 El Ministerio de Asistencia Social pasaba a ser El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En 1956 existían 40 servicios locales bajo la Dirección General de Sanidad. En Diciembre de 1960 entró en vigencia la Ley de patronatos en Centros Asistenciales. En 1965 los servicios aumentaron a 151, distribuidos en 14 hospitales, 9 centros de salud, 57 unidades de salud, 70 puestos de salud y 1 inspectoría. En 1978 se contaba con 271 establecimientos de salud y se tenía 85.4% de cobertura y 96.2% de población accesible a los diferentes establecimientos de salud. En 1989-1990 se determina la necesidad de crear una descentralización efectiva de la atención a los pacientes creándose los Sistemas Locales de Salud (SILOS). En 1983 se elaboró el diagnóstico de salud correspondiente a los años 1979-1982 para ser tomado como documento de referencia para programar las actividades del Ministerio. Para 1993 se contaba con 18,276 plazas de personal médico, enfermeras, técnicos y administrativos, distribuidos en 372 establecimientos de salud de los cuales son 15 hospitales, 15 centros de salud, 163 unidades, 150 puestos de salud, 34 puestos Comunitarios y 3 dispensarios. En 1999 Se conformó el Consejo de Reforma del Sector Salud como entidad encargada de formular la reforma del sector salud con participación de diferentes entidades públicas y privadas que conforman el sector. En el 2000, La red de servicios incremento a 610 establecimientos distribuidos en 30 hospitales 357 unidades de salud, la cual fue reforzada con equipo invirtiendo 8 millones de colones y mejoramiento en su infraestructura con una inversión de 5.9 millones de colones. Se ha continuado con el proceso de modernización con la redefinición de las funciones del Sistema Sanitario con el fin de conformar el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) bajo la visión de lograr la participación activa de la comunidad (participación social) y lograr la descentralización de los servicios de salud.