Guía de control interno para los proyectos de infraestructura física ejecutados por las municipalidades.

Considerando que las municipalidades del país están en la actualidad recibiendo mayores recursos provenientes del presupuesto general de la nación, de préstamos y donaciones por parte de organismos internacionales, destinados a la ejecución de proyectos en beneficio del desarrollo de las comunidades, y que bajo esas circunstancias es necesario que cuenten con medidas de protección y optimización de los recursos, se tomó la decisión de contribuir a ese propósito. En tal sentido, fue necesario conocer el control interno del ciclo de proyectos de infraestructura física que poseen las municipalidades, para proponer sobre una base real y objetiva, una guía de control interno que les permita salvaguardar y administrar adecuadamente los recursos que están destinados a satisfacer las condiciones y necesidades de las comunidades, dentro del contexto del desarrollo local a nivel nacional. Consecuentemente, se efectuaron encuestas a los servidores municipales de las unidades de ejecución de proyectos de los municipios del país y se entrevistaron a funcionarios de entidades que actualmente les brindan asistencia técnica y financiera, determinándose que los municipios no conocen las actividades esenciales que comprende el ciclo de proyectos y además presentan deficiencias importantes para administrar y controlar apropiadamente los recursos destinados a obras de infraestructura física. Los resultados de la investigación, evidenciaron que la mayoría de las municipalidades no poseen una unidad administrativa que les permita ejecutar o monitorear los proyectos de infraestructura, a fin de que las obras se realicen con la oportunidad, eficiencia, eficacia y transparencia con que lo esperan las comunidades beneficiarias. Los municipios incumplen también disposiciones legales y normativa técnica aplicable a los proyectos, lo cual pone en riesgo su capacidad de gestión y por consiguiente, la viabilidad de la política de descentralización adoptada por el gobierno central, en un afán de alcanzar un mejor desarrollo local. En conclusión, los municipios no cuentan con procedimientos de control interno, que comprendan aspectos legales, técnicos, presupuestarios, contables y financieros, para administrar apropiadamente los recursos destinados a proyectos sociales y económicos, es por esa razón que la guía de control interno propuesta en este trabajo, ha sido diseñada para que las municipalidades, además de conocer el proceso de ejecución del ciclo de proyectos adopten los procedimientos necesarios para realizar una mejor gestión en beneficio de sus comunidades.

La afiliación política partidaria en el ejercicio de la función pública: ¿derecho o prohibición constitucional?

El tema de investigación versa sobre la afiliación política partidaria en el ejercicio de la función pública ¿derecho o prohibición constitucional?, y para ello se ha tomado como parámetro de investigación, las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Además de ello, en esta investigación se tomó en cuenta las teorías de la democracia y la teoría política, debido a que estas contribuyen al sistema de gobierno salvadoreño, así como establece el artículo 85 de la Constitución de la República, que literalmente dice: El gobierno es Republicano, democrático y representativo, y debemos tomar en cuenta a la persona humana como origen y fin de la actividad del Estado (artículo 1 de la Constitución), para que realmente exista un estado constitucional de derecho, debe dársele prioridad a los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, y que estos no sean violentados. Así como también, se estudió el principio de independencia judicial, ya que éste es importante en relación a las funciones que desempeñan los funcionarios del Órgano Judicial. El pilar fundamental en un estado democrático de derecho es el llamado separación de poderes. Esto quiere decir un equilibrio entre los tres órganos del estado, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Esta doctrina establece que lo principal es que los jueces deben estar sometidos a la ley de esta manera evitar lo vulneración a los derechos y garantía de las personas; también busca garantizar que los órganos del estado tengan sus límites en cuanto a sus funciones y, de esa forma, evitar violaciones a la persona. En El Salvador se dio un caso muy relevante, en el año dos mil trece, donde declararon inconstitucional el nombramiento del presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al Licenciado Salomón Padilla.