Regulación de lobby en el Perú: trayectoria pendular hacia una ley de gestión de intereses de segunda generación

El presente trabajo explora el comportamiento pendular que la regulación de la gestión de intereses ha exhibido en el Perú en las últimas dos décadas, lapso en que se pasó de un vacío regulatorio que coincidió con un período de alta incidencia de corrupción (1990-2000) hasta el año 2003 con la promulgación de la Ley que regula la gestión de intereses en la gestión pública –Ley 28024– que, a la fecha, no ha sido adecuadamente implementada. La investigación analiza la Ley 28024 a la luz de las lecciones internacionales, y mejores prácticas planteadas por la OCDE y por el estudio de experiencias pertinentes en América Latina; mapea a los actores y al ambiente en el cual se producen las gestiones de intereses en el Perú en la actualidad; y recoge, mediante entrevistas en profundidad, las opiniones y recomendaciones de una muestra de expertos peruanos con el objetivo de entender por qué la Ley 28024 no pudo ser implementada. A partir de ello, es posible plantear lineamientos para una ley de gestión de intereses de segunda generación que logre contribuir a consolidar instituciones democráticas y a tomar decisiones de políticas públicas mejor informadas en el Perú.

Paradojas en la regulación de la publicidad en el Perú

Propone que la regulación, de acuerdo con la más moderna teoría económica, es producto de la tensión entre grupos de interés, donde un lugar privilegiado lo tienen las empresas. Detalla y analiza algunas de las justificaciones tradicionales de la regulación. Se aborda las funciones de la publicidad y los efectos económicos de su regulación. Además, examina tres industrias, con el fin de analizar las restricciones a la publicidad vigentes. En primer lugar, analiza la prohibición total a la publicidad de las fórmulas para lactantes, cuya justificación estriba en la promoción de la lactancia materna. En segundo lugar, estudia las restricciones a la publicidad de medicamentos, las cuales, están dirigidas a evitar las consecuencias que podría tener la automedicación. Por último, las restricciones a la publicidad de los servicios legales, que tienen dos fines regulatorios principalmente: evitar que la publicidad genere desinformación a la hora de escoger a los abogados, y evitar las externalidades negativas que cierta publicidad genera en la reputación de los profesionales de las leyes.