10 resultados para Inversiones públicas--Perú

em Repositorio de la Universidad del Pacífico - PERU


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El presente documento se propone reconstruir el patrón de comportamiento de la inversión pública peruana entre 1900 y 1968, a partir de nuevas evidencias empíricas extraídas de los Balances y Cuentas Generales de la República que han permitido elaborar series estadísticas completas del gasto fiscal a lo largo de todo el período examinado. Al proceder de esta manera hemos buscado responder, entre otras, a las siguientes interrogantes: ¿Cuál fue el monto del gasto fiscal total destinado a realizar obras públicas durante los distintos gobiernos que tuvieron bajo su administración el aparato estatal? ¿Qué tipo de obras se ejecutaron y qué orden de prioridades revelaban nuestros gobernantes en sus decisiones de inversión? Y, finalmente, ¿qué grado de autonomía relativa mostró el Estado en su política de inversiones públicas en relación a las presiones ejercidas por los grupos de poder locales?

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Actualmente el Sistema Nacional de Inversión Pública norma el funcionamiento de los Sistemas de Inversiones de las entidades del Estado, dentro de ellas se encuentra el Ejército del Perú, entidad a ser investigada en la presente tesis. El Ejército del Perú cuenta con un Sistema de Inversión Pública que, a su vez, tiene como ente rector a la Dirección de Inversiones del Ejército, que fue creada en marzo del año 2015 y que viene gestionando los proyectos de inversión pública de la institución. Cabe resaltar que, anteriormente, formaba parte de la Dirección de Planeamiento del Ejército como una sub dirección pero, dada la importancia de la gestión de Proyectos de Inversión Pública, el Comando del Ejército aprobó que se constituyera como una dirección. Sin embargo,el Sistema de Inversión Pública del Ejército viene presentando serios problemas que requieren ser analizados y estudiados para luego proponer alternativas de solución, ya que este sistema es un elemento importante para cumplir de forma más eficiente la misión constitucional que el Ejército tiene. Ante esta situación es necesario flexibilizarlo y dinamizarlo, así como dotarlo de nuevas herramientas y simplificar procesos, evaluando –incluso- la posibilidad de reestructurarlo.

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La hipótesis que trataremos de fundamentar en este ensayo consiste en afirmar que, a pesar de los contundentes cuestionamientos económicos6 al actual programa económico, el proyecto de economía política actualmente en curso tiene grandes probabilidades de ser sostenible a mediano plazo, en la medida en que nos viene conduciendo casi imperceptiblemente a una nueva modalidad de acumulación consistente: con altas tasas de crecimiento y potenciales equilibrios sensatos en los campos fiscal y de balanza de pagos. A la larga ello también se materializaría tanto en medidas económicas más adecuadas (desde la perspectiva del recetario neoliberal del Consenso de Washington), como en políticas de compensación social que aseguren la "paz social", considerada indispensable para viabilizar el programa económico de largo plazo y legitimar al gobierno de tumo. Creemos que ni siquiera el gobierno tiene una visión precisa sobre el horizonte lejano de su propia criatura, aunque sus contornos son cada vez más claros. El marco teórico que encuadrará nuestros planteamientos proviene de la copiosa literatura en torno a la "enfermedad holandesa", publicada fundamentalmente durante el primer lustro de la década pasada. Creemos que sus principales conclusiones tienen gran relevancia para explicar parle importante de lo que está sucediendo actualmente en el Perú y, sobre lodo, para entender las tendencias y las características que adoptará la economía peruana hacia fines de siglo e incluso más allá. El desarrollo del presente artículo toma un curso de varias rutas que conviene sintetiza y cuyo orden es el siguiente. Una primera sección versa sobre los distintos tipos de "enfermedad holandesa", una de cuyas variedades (la más rara de todas) ha contagiado a la economía peruana. En la segunda se analizan Jas peculiaridades de este virus, como consecuencia del ingreso masivo de capitales privados de corto y largo plazo. La tercera examina la correlación entre recursos naturales y especializaron internacional, así como las modalidades de acumulación alternativas a Ja actualmente en curso. La sección final intenta fundamentar la posible continuidad del actual proceso económico y las principales dificultades sociopolíticas que éste habrá de enfrentar hasta que se pueda constituir en una modalidad de acumulación, económica y sociopolíticamente viable.

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Examina el portafolio de la elite económica en las primeras décadas del siglo XX bajo la forma de valores nacionales y extranjeros, así como la importancia económica que éstos tuvieron para sus propietarios en términos de las posibilidades que permitieron diversificar sus inversiones. Señala cuales fueron las actividades económicas que los valores representan y cuantifica la participación relativa que tuvieron al interior de las fortunas. La investigación se centra en el análisis de las fortunas de 211 miembros de la élite económica, de los cuales 132 aparecen como propietarios de diversos tipos de valores nacionales. La investigación se divide en tres secciones. La primera, busca establecer la identidad de los principales propietarios de valores nacionales y el peso específico que éstos últimos tuvieron dentro de sus patrimonios. En la segunda, aborda la composición y magnitud de los valores nacionales de acuerdo al tipo de actividad que representaban, así como también la identificación de las entidades bancarias más importantes del medio en las que se encontraban depositados. En la tercera sección, plasman las reflexiones finales en la diversificación que las inversiones alcanzaron.

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A pesar del elevado crecimiento de la economía peruana en los últimos diez años, los profesionales universitarios se enfrentan a dificultades cada vez mayores para desempeñarse en ocupaciones laborales acorde a su formación educativa superior, habilidades e inversiones educativas. Este panorama se concreta en la condición "subempleo profesional" por la cual cuatro de cada diez profesionales universitarios al 2012 se encuentran sobre-educados, ocupando vacantes no profesionales y subremunerados. Proponemos que el deterioro en la calidad de la educación superior universitaria ha sido un desencadenante del aumento de profesionales universitarios subempleados, como alternativa a la literatura que analiza causas relacionadas a la demanda laboral. El objetivo principal de esta investigación consiste en explorar y cuantificar en qué medida la calidad de la educación superior contribuye al subempleo profesional en el Perú. Usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y el Censo Nacional Universitario (CENAUN) de los años 1996 y 2010, planteamos un modelo de elección discreta que mide los efectos de la calidad universitaria sobre la condición individual de subempleo en un horizonte de largo plazo. La fuente de variabilidad que permite identificar dichos efectos es el proceso de apertura y desregulación del mercado de universidades iniciado en la década de los noventa. Nuestros resultados indican que la probabilidad de estar subempleado, para los profesionales que asistieron a universidades de «menor calidad», aumentó de 0.19 a 030 a partir de la desregulación del mercado universitario —tomando en cuenta que la desregulación afectó tanto la calidad de la universidad a la que se asistió como la posibilidad de adquirir educación superior universitaria en general para los individuos con menores habilidades académicas.

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El fenómeno del underpricing en la oferta pública inicial (OPI) se viene estudiando hace ya varias décadas, y se refiere al retorno positivo del primer día de la acción, calculado como la diferencia entre el precio de cierre del primer día de cotización y el precio de emisión pactado entre el emisor y el banco de inversión. Por otro lado, también existe el overpricing, es decir, al fenómeno que sucede cuando el precio de cierre del primer día de negociaciones es menor que el precio de oferta. En nuestro estudio, encontramos evidencia de ambos, con el underpricing presente en 71,67% de empresas de la muestra y el overpricing tan solo presente en el 28,33% de la muestra. Asimismo, se determinará si existe subvaluación o sobrevaluación realizando un análisis entre el precio de oferta y el valor fundamental calculado a través de una valorización por múltiplos. Esta comparación permitirá comparar un valor fundamental (calculado por nosotros) y el precio de la OPI calculado por la empresa que realiza la cobertura, dejando de lado el precio que el mercado le otorga a la acción en su primer día (precio que puede tener mucho ruido y depender de diversos factores como el sentimiento del mercado y el comportamiento de los inversionistas). Al observar la diferencia entre el valor y el precio de la OPI, podremos determinar si existe o no sobrevaluación. En nuestro estudio, sí hemos encontrado presencia de sobrevaluación del precio de las OPI, alrededor de un 110% por encima del valor fundamental. Si bien la mayoría de investigaciones que se han realizado sobre estos temas han sido sobre empresas en mercados desarrollados, nuestra investigación se centra en empresas de Perú y Chile, que son economías en desarrollo y, además, presentan sectores bastante semejantes en su economía. La muestra consiste en 60 OPI de empresas de Perú y Chile para el periodo 2003 – 2014. Las diversas empresas se han agrupado en los siguientes sectores: servicios públicos, que incluyen eléctricas, agua y control ambiental; materiales básicos, que incluye mineras, químicas y de papel; financiero, que incluye servicios financieros diversificados, bancos, bienes raíces y fondos de inversión; consumo no cíclico, que incluye alimentos, bebidas, farmacéuticas, agricultura, servicios comerciales y de salud; consumo cíclico, que incluye retail, ropa, aerolíneas, entretenimiento y alojamiento; energía, que incluye petróleo y gas; industrial, que incluye materiales de construcción, transporte, construcción y hardware, diversificadas (holdings) y tecnología.

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Desde hace varios años en el Perú, los problemas de la exclusión/inclusión social se han identificado como un tema central para las políticas públicas y, en paralelo, se vienen creando organizaciones de voluntariado, principalmente de voluntariado juvenil. Estas organizaciones plantean actividades enfocadas en reducir las brechas económicas y sociales, fomentando una mayor inclusión de los sectores sociales menos favorecidos. Generan un gran movimiento de personas, pero muchas carecen de una buena organización o “profesionalización” de sus funciones. Una de sus áreas de enfoque es la capacitación empresarial a personas de bajos ingresos o micro y pequeñas empresas para mejorar su situación económica. Y estas últimas representan el 99% del total de empresas peruanas. La presente investigación es un estudio exploratorio que permitió identificar y documentar buenas prácticas de las organizaciones de voluntariado dedicadas a la capacitación empresarial, lo que serviría de ayuda para muchas organizaciones. Asimismo, se logró identificar algunas oportunidades de mejora para estas organizaciones de voluntariado.

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El presente trabajo explora el comportamiento pendular que la regulación de la gestión de intereses ha exhibido en el Perú en las últimas dos décadas, lapso en que se pasó de un vacío regulatorio que coincidió con un período de alta incidencia de corrupción (1990-2000) hasta el año 2003 con la promulgación de la Ley que regula la gestión de intereses en la gestión pública –Ley 28024– que, a la fecha, no ha sido adecuadamente implementada. La investigación analiza la Ley 28024 a la luz de las lecciones internacionales, y mejores prácticas planteadas por la OCDE y por el estudio de experiencias pertinentes en América Latina; mapea a los actores y al ambiente en el cual se producen las gestiones de intereses en el Perú en la actualidad; y recoge, mediante entrevistas en profundidad, las opiniones y recomendaciones de una muestra de expertos peruanos con el objetivo de entender por qué la Ley 28024 no pudo ser implementada. A partir de ello, es posible plantear lineamientos para una ley de gestión de intereses de segunda generación que logre contribuir a consolidar instituciones democráticas y a tomar decisiones de políticas públicas mejor informadas en el Perú.

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El presente trabajo intenta reconstruir la estructura y magnitud de los activos que hacían de algunas haciendas un excelente negocio y de otras sólo una magra fuente de renta para sus propietarios. En función de este objetivo se ha recolectado información pormenorizada de alrededor de 200 propiedades para el período 1916-1932. Con el fin de uniformizar dicha información se diseñó un set de variables que pudieran facilitar el tratamiento cuantitativo de los documentos revisados. En este sentido, las fuentes consultadas permitieron establecer cinco variables básicas, las cuales eran las que mejor mostraban la estructura de los activos que tenía una hacienda, a saber, el valor de la tierra, el valor de los cultivos, el valor del ganado, las inversiones realizadas en construcciones y el capital invertido en tecnología.

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Durante los últimos años, el Perú ha logrado un crecimiento económico sostenido y una importante reducción de la pobreza, y ha desarrollado una mayor tendencia a celebrar la diversidad étnica y cultural del país. Sin embargo, como en la mayor parte de América Latina, las desigualdades sociales siguen siendo profundas, y profundamente sentidas. ¿Cómo explicamos esta situación? ¿Qué mecanismos de exclusión y discriminación son más patentes ahora, y cómo se relacionan entre sí? ¿Qué evidencia nos permite identificar las dimensiones de la discriminación hoy? ¿Cuánto y dónde pesan el racismo y otros prejuicios en el Perú del siglo XXI? ¿Y qué hacemos para erradicarlos? En el 2010, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) inició un programa de investigación y debate sobre la discriminación en el Perú, para incentivar a profesores y alumnos a reflexionar sobre esta problemática, analizar las diferentes formas de discriminación presentes en nuestras entidades públicas y privadas –incluyendo las instituciones de educación superior-, y proponer medidas para eliminarlas.